Mar. Feb 3rd, 2026

El gabinete de Kast y la batalla por el Estado: captura empresarial, memoria y guerra cultural

Ene 21, 2026

La futura oposición anuncia “lupa” sobre siete ministros por conflictos de interés, vínculos empresariales y defensas de Pinochet. Pero lo que se juega en el arranque del gobierno de Kast no es un listado de currículums: es quién manda sobre la economía, qué memoria se institucionaliza y qué derechos se vuelven “negociables” en nombre del orden.

Por Editor El Despertar

Con el gabinete ya presentado, la izquierda comenzó a hacer lo que toda oposición seria hace: revisar antecedentes, mapear inhabilidades, anticipar conflictos de interés y preparar interpelaciones. The Clinic lo resumió sin rodeos: “siete ministros en la mira”, con criterios que se repiten —defensores de Pinochet, élite empresarial instalada en áreas clave y cuentas pendientes públicas— y con una premisa explícita: no basta la idoneidad técnica; importa también la capacidad de negociación y el riesgo institucional que cada nombramiento arrastra.

Ese gesto, sin embargo, no debe leerse como “caza de brujas”. Es más serio y más incómodo: es un intento de impedir que el Estado quede colonizado, desde el primer día, por intereses privados y por una agenda de restauración cultural. Porque lo que asoma en el elenco de Kast, según la prensa internacional y chilena, es un gobierno con fuerte impronta tecnocrática y empresarial en la conducción económica, más un núcleo ideológico duro en materias de seguridad, justicia y “valores”.

1) La captura empresarial como “diseño”: Hacienda, Economía y Cancillería como puertos de mando

La oposición identifica un triángulo económico que concentra poder real: Jorge Quiroz en Hacienda, Daniel Mas como biministro de Economía y Minería, y Francisco Pérez Mackenna en Relaciones Exteriores. Ese tridente no es decorativo: define impuestos, regulación, permisos, inversión, tratados y la posición de Chile en un mundo donde el comercio se usa como arma. Reuters destacó justamente ese giro: un gabinete con figuras del mundo empresarial y dos nombramientos polémicos por su vínculo con Pinochet; El País describió un equipo que mezcla derecha tradicional, extrema derecha e independientes, con nombres corporativos en puestos estratégicos.

La crítica de fondo no es “que sepan de economía”. Es el problema del tránsito del regulado al regulador, en un escenario en que los conflictos de interés no siempre se declaran al inicio, sino que estallan cuando hay que decidir licitaciones, arbitrajes, permisos o sanciones. The Clinic añade otra más directa: “la élite empresarial queda muy instalada” en los ministerios que cortan el queque.

En lenguaje marxista, esto no es misterio: cuando cambia el bloque en el poder, el Estado tiende a funcionar como administrador de condiciones de acumulación. Marx lo escribió sin maquillaje: el gobierno moderno opera como “un comité” que administra los asuntos comunes de la clase dominante. No hace falta repetirlo como consigna para entender el punto: si los ministerios que mueven el crédito, la inversión y la inserción internacional quedan ocupados por figuras orgánicas del gran capital o de su entorno, el “interés general” queda filtrado por esa racionalidad.

Y lo más delicado: esto ocurre al inicio de un ciclo donde Kast y Quiroz ya anuncian desregulación rápida y rebaja tributaria temprana. Si el Estado se reconfigura como facilitador del capital, lo que suele seguir —históricamente— es la socialización del riesgo: el ajuste se descarga en salarios, servicios públicos y territorios. La oposición, si quiere ser algo más que un coro, debe vigilar esa línea con datos, votaciones y costos concretos.

2) Memoria y derechos humanos: cuando la biografía no es pasado, es programa

El segundo eje de la ofensiva opositora es más sensible que el económico, porque toca una herida abierta: Justicia y Defensa en manos de abogados vinculados a la defensa de Augusto Pinochet. Reuters reportó que Fernando Rabat (Justicia y DD.HH.) y Fernando Barros (Defensa) son conocidos por haber defendido al dictador; The Clinic detalla por qué eso alarma al PC: no por vendetta, sino por políticas de Estado como el Plan de Búsqueda y la conmemoración del 11 de septiembre en un gobierno de derecha dura.

Aquí la discusión no es moralina. Es institucional. En Chile, la democracia no se sostiene solo con elecciones: se sostiene con memoria activa, justicia posible y límites reales al aparato coercitivo. Poner a defensores de Pinochet en carteras que administran DD.HH. y Fuerzas Armadas no es “pasado personal”: es un mensaje de época. Es una señal de que la transición puede reescribirse, que la impunidad puede volver a maquillarse y que la historia puede ser tratada como obstáculo para la “normalidad”.

Fanon advertía que el poder colonial no solo domina con armas; domina con relato, con pedagogía del miedo y con administración de la memoria. En Chile, la memoria no es un museo: es una frontera política. Si esa frontera se corre, lo que se legitima no es solo una interpretación del pasado, sino una forma de tratar el conflicto social en el presente.

3) Guerra cultural: Mujer, Educación y Vivienda como territorios de restauración

El tercer eje es la guerra cultural, que Kast prometió evitar (“no tocar temas que dividen”), pero que su gabinete reabre por la vía de los nombramientos. Judith Marín en Mujer y Equidad de Género no es una tecnócrata neutra: la prensa internacional la ha descrito como opositora férrea del aborto y con un perfil conservador evangélico; en Chile, su historial activó alertas por retrocesos en derechos de mujeres y diversidades.

En Educación, el nombramiento de María Paz Arzola es leído como señal de contrarreforma: oposición a gratuidad, SAE y Nueva Educación Pública, según recuerdan parlamentarios del FA. En Vivienda, Iván Poduje llega con una trayectoria de confrontación política y ahora se sienta sobre una bomba: reconstrucción en el Biobío y Ñuble, suelo urbano y el nudo habitacional chileno.

Este es el punto donde la oposición debe ser inteligente: la guerra cultural se gana cuando el gobierno logra convertir derechos en “caprichos” y precariedad en “disciplina”. Si el Ejecutivo instala la idea de que feminismo, diversidad, educación pública o memoria son distracciones frente a “lo urgente”, terminará empujando una restauración conservadora con lenguaje de pragmatismo. Gramsci diría: hegemonía; Dussel lo diría de otra forma: el poder se fetichiza cuando se separa de la vida del pueblo y se presenta como “orden” por encima de todo.

4) Fiscalizar no es solo acusar: es desmontar el mecanismo

La noticia de la “artillería” opositora puede terminar en un juego de escándalos o convertirse en algo más serio: una estrategia para impedir captura del Estado. Eso exige tres niveles, si el progresismo quiere aprender de su propia experiencia:

  1. Transparencia y murallas: fideicomisos reales, inhabilidades, recusaciones públicas, registro de reuniones, trazabilidad de decisiones. No basta la declaración de patrimonio; hay que mirar la cadena de influencia.
  2. Control parlamentario con dirección: comisiones investigadoras y fiscalización selectiva donde duele: permisos, licitaciones, concesiones, regulación ambiental, compras públicas, relaciones exteriores.
  3. Anclaje social: sin sindicatos, territorios y organizaciones, la fiscalización se queda en pasillo. Marx lo dijo mejor que nadie: la emancipación “será obra de los trabajadores mismos”. En Chile, eso significa que el control del Estado no se hace solo con discursos, sino con pueblo organizado que no acepte retrocesos.

La frase “siete ministros en la mira” no es el fin; es el comienzo de una disputa por el tipo de Estado que viene. Uno donde la economía se gobierna como planilla empresarial y la memoria se administra como molestia; o uno donde la política vuelve a obedecer a la vida común, y no a la rentabilidad ni al revanchismo.

Si el gobierno de Kast arranca con captura empresarial, pinochetismo en carteras sensibles y guerra cultural encubierta de “urgencias”, la oposición tiene una obligación histórica: no solo fiscalizar nombres, sino defender límites democráticos y derechos sociales sin dejar que el país sea reescrito como si 2019, 1973 o las desigualdades presentes fueran un paréntesis incómodo

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