El Congreso aprobó el reajuste salarial escalonado, pero rechazó la norma que pretendía limitar arbitrariedades en no renovación de contratas. El desenlace revela una tensión clásica del Estado neoliberal: acepta el aumento nominal para sostener gobernabilidad, pero resiste tocar el corazón de la precariedad laboral que sostiene su propia operación cotidiana.
Por equipo El Despertar
El reajuste al sector público cerró su trámite con el desenlace que ya se insinuaba en el debate: se aprobó el alza salarial, pero cayó la pieza más conflictiva del proyecto, la llamada norma de “amarre”. En su tercer trámite, la Cámara de Diputados despachó la iniciativa a ley y aseguró para los funcionarios un reajuste nominal escalonado de 3,4%: un 2% retroactivo desde diciembre de 2025 (pagado con posterioridad) y un 1,4% adicional a contar de junio. Con esto, el gobierno de Gabriel Boric logra cerrar uno de sus últimos grandes procesos de negociación laboral, pero lo hace dejando intacto, o incluso reforzando, el gran punto ciego de la administración pública chilena: la fragilidad contractual de cientos de miles de trabajadores.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, celebró el resultado por lo principal: que el reajuste y los beneficios económicos asociados quedan asegurados. Subrayó, además, que el proyecto incluye más de 130 artículos y destacó materias como la posibilidad de que gobiernos regionales financien proyectos de empresas públicas y la aprobación de normas vinculadas al teletrabajo, uno de los temas centrales levantados por la Mesa del Sector Público. Aun así, expresó pesar por la caída del “amarre”, afirmando que no se trataba de un privilegio corporativo, sino de una regla mínima de transparencia para evitar arbitrariedades en la no renovación de contratas —una realidad que, según el propio gobierno, afecta a más de 280 mil personas en el gobierno central.
La norma rechazada buscaba algo relativamente acotado, pero políticamente explosivo: acotar discrecionalidad en la no renovación de contratas, exigiendo estándares y trazabilidad para que el despido no funcione como castigo silencioso o herramienta de disciplinamiento. El rechazo parlamentario muestra que existe un consenso transversal para aprobar reajustes que sostengan paz social, pero no necesariamente para alterar el mecanismo que permite administrar el Estado con una masa amplia de trabajadores siempre “en el borde”, sin estabilidad y, por tanto, con menor capacidad de negociación real.
En este punto, el argumento del ministro es revelador: atribuyó el rechazo a un “tema comunicacional”. Dicho de otro modo, a una disputa de relato: la idea de “amarre” se instaló como amenaza a la flexibilidad o como obstáculo a la gestión, y terminó cayendo por el peso de una narrativa que presenta estabilidad como sinónimo de inmovilismo. Pero la política pública no debería depender solo del nombre que se le ponga a una norma. Lo que se discute en el fondo es si el Estado reconoce que su funcionamiento descansa sobre una estructura precarizada, o si seguirá administrando esa precariedad como ventaja de gestión.
El debate de los días previos ya había dejado otra capa en evidencia: la disputa fiscal. La Contraloría y el Consejo Fiscal Autónomo habían advertido estrechez presupuestaria y posibles tensiones entre gastos por emergencia (incendios) y holguras para financiar el reajuste. El gobierno cerró el capítulo insistiendo en que el financiamiento está debidamente especificado en el informe financiero y que, sin “amarre”, prima lo de siempre: reasignaciones y provisiones. En la práctica, se optó por asegurar el reajuste y sacrificar la norma que tocaba nervios políticos: estabilidad y control de la discrecionalidad.
Desde una lectura materialista, el desenlace muestra la anatomía del Estado como empleador en el capitalismo tardío. El Estado aparece, simultáneamente, como garante de derechos y como gran administrador de trabajo precarizado. Acepta reajustes nominales —que son parte de la reproducción mínima del salario frente a inflación y costo de vida—, pero evita consolidar estabilidad laboral, porque la inestabilidad es una herramienta de gobierno: permite ajustar dotaciones, disciplinar y sostener jerarquías sin conflicto abierto. Esa contradicción se vuelve especialmente cruda cuando recordamos que gran parte del trabajo público es el que sostiene la vida común: salud, educación, municipios, servicios territoriales, gestión de catástrofes. Es decir: se precariza a quienes hacen posible lo público.
Marx decía que la fuerza de trabajo se compra y se vende como mercancía, y que el salario tiende a reproducirla al mínimo socialmente tolerable. En el Estado chileno, esa mercancía adopta una forma particular: la contrata anual, renovable o no, que produce una obediencia estructural. La “estabilidad” no es una concesión estética; es condición para que el trabajador tenga voz y para que el servicio público no dependa de la docilidad. Por eso, la caída del “amarre” no es un detalle: confirma que el sistema tolera el reajuste, pero resiste tocar la relación de poder entre administración y trabajadores.
También hay un mensaje hacia el ciclo que se abre con el gobierno entrante de Kast. Un reajuste que se paga, pero sin norma que limite arbitrariedades, deja el campo abierto para que el próximo Ejecutivo administre contratas con mayor libertad política: premiar lealtades, castigar disidencias, ajustar personal en nombre de eficiencia. La estabilidad laboral es una forma de protección democrática; su ausencia es una palanca de control.
En suma, el reajuste aprobado cierra un conflicto inmediato —salarios y beneficios—, pero no corrige el problema de fondo: la precariedad como forma de gobernar el Estado. El acuerdo social se sostiene con aumento nominal, pero se reproduce el mecanismo que deja a cientos de miles de trabajadores bajo amenaza silenciosa. Lo que se celebró hoy es que el reajuste llegó; lo que se perdió es la posibilidad de limitar el abuso cotidiano del poder administrativo. Y esa pérdida, en un Chile tensionado por seguridad, catástrofes y cambio de ciclo político, puede terminar pesando más de lo que la aritmética parlamentaria reconoce.