La extensión busca evitar que miles de conductores queden “en falta” por no conseguir hora en direcciones de tránsito saturadas, un embudo arrastrado desde las prórrogas de la pandemia y agravado por una digitalización sin capacidades suficientes en municipios.
Por Equipo El Despertar
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una norma que extiende la vigencia de licencias de conducir vencidas o por vencer en 2025 y 2026, como respuesta a la congestión crónica de las direcciones de tránsito municipales y a las dificultades para conseguir hora de renovación. De acuerdo con la información difundida por medios, las licencias que caducaron en 2025 mantendrán validez hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que aquellas que expiren durante 2026 quedarán automáticamente prorrogadas por seis meses desde su fecha de vencimiento.
La medida llega después de años de “efecto embudo” en los municipios: durante la pandemia el Estado prorrogó sucesivamente licencias para evitar aglomeraciones, pero la acumulación de renovaciones pendientes terminó concentrándose en un mismo periodo, con listas de espera y falta de horas en varias comunas. Un documento legislativo que fundamenta la moción reconoce que, pese a prórrogas previas, “aún persisten dificultades” y que la situación afecta especialmente a quienes dependen de su licencia para trabajar o movilizarse, con retrasos de hasta dos meses denunciados en zonas del norte, y problemas de coordinación con la implementación de licencias digitales.
En ese marco, el problema dejó de ser un simple trámite: se volvió un asunto de movilidad, empleo y legalidad cotidiana. La propia moción advierte que el escenario “impacta con mayor gravedad a los conductores profesionales” —transporte público, escolar, carga y pasajeros—, porque la ausencia de prórroga los expone a pérdida de empleo e informalidad “no por voluntad”, sino por “carencia estructural atribuible al Estado y a las municipalidades”.
El debate legislativo también está atravesado por una tensión que se ha repetido desde 2024: modernización sin recursos. En la práctica, la digitalización y los cambios administrativos tienden a anunciarse como solución, pero si se ejecutan sin dotación, sistemas integrados y financiamiento municipal, suelen producir el efecto contrario: más retraso, más frustración y más desigualdad de trato. El proyecto de antecedentes recoge incluso declaraciones municipales que apuntan a la falta de integración entre la plataforma de licencia digital y los sistemas usados por los municipios como causa central de los atrasos.
Leído desde una economía política sobria, la prórroga es una “solución de emergencia” que revela el problema estructural: el Estado descarga funciones críticas en el nivel municipal, pero no siempre transfiere capacidad en la misma proporción. Y cuando el aparato administrativo colapsa, la respuesta termina siendo normativa: se estira el plazo, se flexibiliza la exigencia, se “parcha” el cumplimiento. Es un modo de gobernar la escasez institucional: no se resuelve el cuello de botella, se corre la línea de llegada para que la ciudadanía no caiga en ilegalidad por fallas del propio sistema.
Marx describía a la burocracia como una forma de poder que, cuando pierde contacto con la vida real, termina convirtiendo la norma en un fin en sí mismo. Aquí ocurre algo parecido, pero invertido: la norma se estira porque el aparato no da abasto. El riesgo es que el país termine normalizando “prórrogas permanentes” como sustituto de una política pública completa: recursos municipales, interoperabilidad digital real y estándares de atención que permitan que la legalidad no dependa de la suerte de conseguir hora.