Noboa trasladó la lógica de la coerción comercial al conflicto fronterizo: aranceles como herramienta de presión por seguridad. Colombia replicó con reciprocidad y suspendió ventas de energía. El episodio expone cómo, en tiempos de rivalidad global, la integración regional se vuelve frágil y el comercio pasa a operar como arma.
Por Equipo El Despertar
La tensión entre Ecuador y Colombia escaló a una guerra arancelaria que ambos gobiernos justifican como defensa de “equilibrio” y “seguridad”. Ecuador anunció que aplicará desde el 1 de febrero una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, argumentando falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, además de un déficit comercial anual superior a US$1.000 millones. El anuncio fue realizado por el presidente Daniel Noboa en redes y reforzado desde Davos, donde enmarcó la situación como parte de una “guerra completa” contra el narco-terrorismo.
La respuesta de Colombia llegó con la misma lógica de reciprocidad, pero con dos componentes que elevan el costo político del conflicto. Según Reuters, Bogotá anunció un arancel del 30% sobre 20 productos ecuatorianos y, además, suspendió transacciones internacionales de electricidad hacia Ecuador como “medida preventiva” para garantizar el suministro interno ante variabilidad climática. El Ministerio de Comercio colombiano caracterizó el arancel como “proporcional, transitorio y revisable” y dijo estar abierto al diálogo, mientras el Ministerio de Energía explicó que las exportaciones se reactivarían cuando existan condiciones técnicas, energéticas y comerciales adecuadas.
El choque no es menor porque Ecuador depende en parte de esa energía: funcionarios colombianos recordaron que Colombia provee entre 8% y 10% del consumo eléctrico ecuatoriano en momentos críticos, lo que convierte la electricidad en una palanca de presión, incluso si se presenta como precaución interna.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro rechazó la acusación de falta de cooperación, afirmando que su país ha decomisado grandes cantidades de cocaína en la frontera y que la colaboración con las fuerzas armadas ecuatorianas es estrecha, incluso con operaciones conjuntas recientes. A la vez, gremios exportadores advirtieron que una escalada perjudicaría a ambos lados por el volumen de intercambio y por la dependencia cruzada en manufacturas y energía.
Ecuador, por su parte, matizó el anuncio en un punto sensible: Reuters señaló que Quito emitió una aclaración para introducir excepciones respecto de la venta de electricidad y servicios logísticos vinculados al petróleo, consciente de que una medida “a todo el comercio” puede chocar contra necesidades básicas y golpear su propia estabilidad energética.
Lo que se observa, más allá del titular, es la exportación regional de una doctrina: usar integración económica como coerción política. La ministra de Comercio colombiana lo nombró como “instrumento transitorio para restablecer equilibrio”; Noboa lo llamó “tasa de seguridad”. En el fondo, ambos están afirmando lo mismo: el comercio deja de ser un espacio de reglas compartidas y se convierte en herramienta de presión.
Aquí la lectura materialista es clara. Cuando las economías periféricas no logran construir mecanismos sólidos de cooperación (seguridad fronteriza, inteligencia, control financiero del narco, regulación de minería ilegal), terminan recurriendo al instrumento más inmediato: aranceles, cierres y represalias. Es un método que castiga primero a los sectores productivos y consumidores —“nuestros pueblos”, como advirtió incluso el ministro colombiano— porque encarece bienes, rompe cadenas y profundiza incertidumbre.
Lenin describía el imperialismo como un período en que los más poderosos usan todos los instrumentos —incluida la economía— para asegurar zonas de influencia y disciplinar periferias. Lo paradójico aquí es que la lógica se replica entre Estados vecinos: no es Washington imponiendo aranceles a Quito, sino Quito y Bogotá copiando el repertorio de la coerción comercial. El resultado puede ser una regionalización del conflicto: cada país defiende su “seguridad” y su “aparato productivo”, pero al hacerlo debilita el único escudo real que tienen países medianos ante potencias: la cooperación regional.
En síntesis, la disputa Ecuador–Colombia muestra cómo el “modo Trump” —aranceles como castigo político— se vuelve contagioso. Y deja una lección: si la integración se usa como arma, la región entra en una dinámica donde el costo social se dispara y la soberanía se vuelve más frágil, no más fuerte, porque la vulnerabilidad se multiplica al romperse los pocos vínculos que amortiguan crisis.