El conflicto entre Capstone Copper y el Sindicato N°2 escaló de la negociación salarial a una crisis de seguridad y operación: denuncias cruzadas, intervención de la DT, mediación fallida y un punto crítico —la desaladora— que define si la mina sigue produciendo o se detiene por completo.
Por Equipo El Despertar
La huelga del Sindicato N°2 de Mantoverde, que agrupa a 645 trabajadores, cumplió 24 días sin un acuerdo a la vista y se ha convertido en uno de los conflictos laborales más tensos del verano minero. La movilización comenzó el 2 de enero, tras fracasar la negociación colectiva con la minera operada por la canadiense Capstone Copper, y desde entonces ha escalado desde el desacuerdo por reajustes y bonos a una disputa que ya llegó a sede judicial por el control de una infraestructura crítica: la planta desalinizadora que abastece el 100% del agua utilizada por la faena.
El sindicato sostiene que el punto de quiebre se vincula a mejoras económicas proporcionales al ciclo: con el repunte del precio del cobre, argumentan, la empresa tiene margen para mejorar salarios y beneficios. La compañía, en cambio, ha insistido en su plan de contingencia, en la continuidad operacional inicial y en que la negociación se volvió inviable por acciones que califica de ilegales. Esa disputa por el “relato” —si la mina estaba o no paralizada, si hubo o no reemplazo— fue el preludio de una escalada mayor.
A los pocos días del inicio, el sindicato afirmó que la mina estaba “casi completamente paralizada”; la empresa respondió que seguía operando. Más tarde, tras dos semanas de huelga, la controversia se movió hacia el terreno legal: el sindicato denunció reemplazo ilegal en funciones críticas, y la Dirección del Trabajo (DT) dictó una resolución señalando que la empresa no habría cumplido requisitos para el reintegro de trabajadores, mecanismo que solo procede tras 30 días de huelga. Capstone rechazó la acusación, aseguró que no existió “orden de salida” y que redujo voluntariamente productividad para ajustarse a la norma, negando infracciones. Es decir: la disputa ya no era solo por plata, sino por límites legales del conflicto.
El quiebre definitivo llegó el día 17 de huelga, cuando se registró un incidente nocturno en la desaladora. La empresa denunció que una “turba vinculada a la huelga” ingresó de manera “ilegal y violenta” y dejó daños en el sistema eléctrico, inutilizando la planta e impidiendo la inyección de agua a la faena. Desde el sindicato, en cambio, se acusó la presencia de un “grupo de choque” de seguridad privada con equipamiento antimotines, y se denunció intimidación. En medio del choque, circuló una imagen que la empresa afirmó estar alterada con IA —con guardias armados y perros— y que Capstone dijo desmentir mostrando la foto original. El conflicto pasó así a una zona peligrosa: cuando la disputa laboral se mezcla con seguridad privada, manipulación de imágenes y denuncias de violencia, la negociación deja de ser solo económica y se transforma en crisis política y de orden público.
Según la empresa, 48 horas después del incidente la desaladora seguía inaccesible y la operación quedó “completamente paralizada”, afectando tanto a óxidos como sulfuros, a contratistas y a trabajadores no huelguistas. La minera acusó además amenazas de muerte contra tres trabajadores y afirmó que el sindicato mantenía la toma. El sindicato, por su parte, reconoce una obstrucción temporal, pero la atribuye a un grupo minoritario —menos del 10%— sin respaldo de la directiva, y sostiene que el hecho fue desactivado el 21 de enero.
El viernes 23 de enero, la Dirección Regional del Trabajo de Atacama convocó una mediación voluntaria con presencia de autoridades regionales. El acta, según se informó, registró que la empresa no compareció y envió condiciones previas: cese inmediato de acciones que considera ilegales, garantías de no repetición y entrega completa y sin restricciones de la desaladora. El sindicato, a su vez, denunció que tres huelguistas habrían sido agredidos por guardias privados cerca de la planta, con respaldo audiovisual remitido a la Corte. Por ahora, la Corte de Apelaciones de Copiapó no se pronuncia sobre las medidas solicitadas por la empresa, lo que mantiene el conflicto en un limbo judicial con impacto productivo.
Lo que se juega aquí no es menor: Mantoverde no es una faena marginal y, en un ciclo donde el gobierno entrante promete aumentar producción y “destrabar” inversión, una paralización prolongada en cobre es un mensaje político y económico. Pero el conflicto revela algo más profundo: la minería chilena sigue funcionando sobre una contradicción estructural. Por un lado, se exige productividad, continuidad y competitividad global; por otro, el trabajo intenta capturar una parte del excedente cuando el precio del cobre sube. Marx describía esa tensión como la disputa por la plusvalía: el valor generado en la producción no se reparte “naturalmente”, se pelea. Y en sectores extractivos, donde la renta puede crecer por factores externos (precio internacional), la presión por redistribución salarial se vuelve inevitable.
A eso se suma una segunda capa: la infraestructura crítica (agua) como punto de poder. Que una huelga termine concentrándose en la desaladora no es azar: sin agua no hay proceso, y sin proceso no hay cobre. El capital sabe que ese cuello de botella define la correlación de fuerzas; el trabajo también. Por eso la judicialización y el despliegue de seguridad privada son señales de que la empresa está dispuesta a convertir la disputa laboral en disputa de control territorial, y de que el sindicato busca resistir sin quedar responsabilizado de un daño irreversible.
En paralelo, el término rápido de la huelga de Finning —con bono de término de conflicto y alza de base— contrasta con Mantoverde: muestra que en minería la salida existe cuando hay margen y voluntad política de cerrar, pero también que cada conflicto tiene una correlación distinta.
En Mantoverde, el punto decisivo será si ambas partes logran retroceder del borde: reponer acceso seguro a infraestructura, despejar denuncias de violencia e ilegalidad y volver a la mesa con garantías. Si no ocurre, la huelga seguirá operando como símbolo de una disputa mayor: cuánto de la riqueza minera se queda en salarios y comunidad, y cuánto se consolida como rentabilidad corporativa en un país que, otra vez, entra a un ciclo de “crecimiento” prometido desde arriba mientras el trabajo pelea por no ser solo costo.