En una entrevista a un medio ligado a la ultraderecha regional, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo que Washington busca construir un espacio económico continental “próspero” desde Alaska hasta Tierra del Fuego y que no “tercerizará” su seguridad en el Hemisferio Occidental. El planteamiento coincide con movimientos sensibles en el extremo sur argentino —como el control estatal del puerto de Ushuaia y el arribo de un avión del Pentágono— y reactiva el debate sobre soberanía, dependencia y coerción económica.
Por Equipo El Despertar
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que el objetivo estratégico de la administración de Donald Trump es impulsar una “zona económica” que abarque el continente americano “desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego”. El comentario fue difundido tras una entrevista concedida al sitio La Derecha Diario, descrito por la propia nota como una plataforma de propaganda de ultraderecha en la región.
En el mismo intercambio, Bessent sostuvo que la Casa Blanca concibe la seguridad del Hemisferio Occidental como un asunto que Washington no está dispuesto a delegar: “no vamos a tercerizarlo con nadie”, señaló, antes de presentar la idea de un corredor económico continental como horizonte político y material. El funcionario no entregó detalles operativos —ni cronograma, ni instrumentos concretos—, pero su formulación conectó explícitamente seguridad y economía bajo liderazgo estadounidense.
La declaración ocurre mientras, en Ushuaia (Tierra del Fuego, Argentina), se acumulan señales que distintos actores locales han leído como “movimientos” geopolíticos en un territorio clave: el puerto —considerado una puerta de acceso a la Antártida— y la presencia logística/militar asociada al Atlántico Sur. Según reportes citados por medios argentinos, el gobierno nacional decidió intervenir la administración del puerto de Ushuaia por un año, argumentando irregularidades y estableciendo un esquema de control estatal transitorio.
En paralelo, un avión del Departamento de Defensa de EE.UU. aterrizó en Ushuaia sin que, según la misma cobertura, el gobierno provincial tuviera información previa sobre sus ocupantes o agenda. Ante el revuelo, una versión atribuida a la Embajada estadounidense indicó que se trataría de una delegación del Congreso que visitaba la zona para tratar asuntos de energía y minería, aunque la información —según la nota— no fue confirmada formalmente por autoridades nacionales o provinciales al momento del reporte.
En el trasfondo, la propuesta de Bessent se lee como una actualización del viejo repertorio hemisférico: integrar mercados, cadenas logísticas y marcos regulatorios bajo la promesa de “prosperidad”, pero con una cláusula tácita de disciplinamiento. En lenguaje llano: abrir la economía para asegurar control político. Cuando el comercio se convierte en palanca —aranceles, financiamiento, infraestructura, “seguridad”— la integración deja de ser simétrica y se parece más a una administración de periferias por el centro.
A esta dimensión se suma el contexto político regional marcado por una ofensiva estadounidense más explícita. A comienzos de enero, por ejemplo, la prensa chilena reportó que Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por tropas de Estados Unidos, según la crónica atribuida a AFP. En ese escenario, el dibujo de una “zona económica” continental aparece menos como un proyecto técnico y más como una doctrina: blindaje geopolítico, ordenamiento de recursos estratégicos y subordinación de políticas nacionales a un “interés superior” definido en Washington.
Históricamente, la idea no es nueva. En los años 90 y comienzos de los 2000, EE.UU. empujó el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), un esquema que buscaba ampliar la liberalización comercial a escala continental (con excepciones políticas evidentes, como Cuba). Ese ciclo se quebró simbólicamente en 2005, en la Cumbre de Mar del Plata, cuando la iniciativa chocó con resistencias estatales —en especial del Mercosur— y con una movilización social que convirtió el rechazo en consigna regional.
Leído desde una clave marxista (sin necesidad de vestirlo de consigna), el punto no es solo “más comercio” o “menos aranceles”, sino quién fija las reglas y quién captura el excedente. Cuando el secretario del Tesoro habla de una zona económica “próspera” bajo el paraguas de la seguridad estadounidense, lo que asoma es la arquitectura clásica del imperialismo moderno: finanzas, logística, tratados, deuda, tecnología y “cooperación” como engranajes de una misma máquina. Lenin lo resumía con crudeza al caracterizar el imperialismo como una fase en que el capital busca asegurar mercados, rutas y rentas más allá de sus fronteras; no por capricho, sino por necesidad estructural de expansión.
En el corto plazo, la atención se desplazará a dos planos: primero, si la administración Trump/Bessent traduce la consigna en medidas (acuerdos bilaterales acelerados, condicionalidades financieras, presiones arancelarias, pactos de “seguridad” con cláusulas económicas). Segundo, cómo responden los Estados latinoamericanos: si compiten entre sí por “favores” y excepciones —reproduciendo la fragmentación— o si intentan coordinarse para defender márgenes de soberanía material (industria, empleo, recursos naturales, infraestructura estratégica).
Porque, en el fondo, lo que se juega no es una frase grandilocuente sobre “prosperidad continental”, sino el viejo dilema de la periferia: integración para desarrollar capacidades propias o integración para abaratar fuerza de trabajo, asegurar extracción y ordenar territorios al ritmo de la potencia dominante. Y esa disputa —más que ideológica— suele terminar siendo muy concreta: quién controla puertos, minerales, energía, crédito y, sobre todo, el derecho de los pueblos a decidir su propio rumbo.