El fiscal nacional, Ángel Valencia, encargó al fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, una investigación reservada y desformalizada tras la declaración del abogado Eduardo Lagos —imputado y en prisión preventiva— que atribuye a la parlamentaria del PPD haber recibido $300 millones a cambio de gestiones para el nombramiento de Yamil Najle como conservador de Bienes Raíces de Chillán.
El Ministerio Público abrió una nueva investigación vinculada al caso conocido como “trama bielorrusa”, arista que se ha ido extendiendo desde presuntos pagos para influir en decisiones judiciales hasta eventuales gestiones políticas asociadas a nombramientos. De acuerdo con antecedentes difundidos por la prensa, el fiscal nacional Ángel Valencia instruyó que la indagatoria quedara radicada en la Fiscalía Regional de Aysén, bajo dirección del fiscal regional Hernán Libedinsky Moscovich, precisamente por involucrar —según confirmación del propio Ministerio Público citada en reportes periodísticos— a “altos cargos públicos”.
La nueva línea investigativa surge a partir de una declaración atribuida al abogado Eduardo Lagos, formalizado y en prisión preventiva en el marco del caso, quien habría señalado que la senadora Loreto Carvajal (PPD), pareja del ex diputado Gabriel Silver quien a su vez es socio de Mario Vargas y Eduardo Lagos, recibió $300 millones para intervenir en favor del nombramiento de Yamil Najle como conservador de Bienes Raíces de Chillán. Según la información publicada, Najle figura a su vez como imputado en diligencias vinculadas al caso, en una trama donde se investiga el movimiento de fondos y posibles maniobras para encubrir su origen.
Un elemento clave —y que explica la cautela institucional— es que, por ahora, se trata de una declaración que debe ser contrastada. De hecho, en reportes previos se ha indicado que el testimonio de Lagos quedó bajo reserva y que el abogado no lo firmó tras denunciar malos tratos, aunque la fiscalía habría guardado registro de lo declarado. En ese mismo contexto, la senadora Carvajal negó los hechos y atribuyó el señalamiento a un acto de represalia, en medio de tensiones entre actores que han pasado de socios o aliados a rivales dentro del propio expediente.
La investigación, según se ha informado, se mantiene desformalizada (es decir, sin imputación formal comunicada ante tribunal) y bajo un grado de sigilo inusual: en una resolución de derivación citada por la prensa, se habría evitado incluso mencionar a la parlamentaria por su nombre, aludiendo solo a “una parlamentaria”. Este diseño procesal —más que un detalle burocrático— revela la sensibilidad del caso: cuando el circuito que se investiga toca al mismo tiempo mercados, tribunales y política, cada movimiento tiene costo institucional.
A ello se suma que, a inicios de febrero, está prevista una audiencia de cautela de garantías destinada a discutir la legalidad y el uso de ciertos antecedentes vinculados a la declaración de Lagos, cuestión relevante para determinar qué piezas pueden o no sostenerse en sede judicial. En términos simples: el Ministerio Público no solo debe probar si lo dicho es verdadero, sino además si puede transformarse en evidencia utilizable conforme al debido proceso.
Una lectura política: el “ruido” no es accidental, es el método
Más allá de los nombres propios, el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando la frontera entre lo público y lo privado se convierte en zona gris permanente? En el lenguaje clásico, Marx describía al Estado moderno como “un comité que administra los negocios comunes” de la clase dominante. La frase suele citarse como consigna, pero en situaciones como esta funciona como advertencia: cuando el poder económico necesita resultados, rara vez apuesta solo a competir en el mercado; también intenta asegurar condiciones favorables en el aparato institucional.
Aquí, lo relevante no es caer en atajos (ni condenar antes de la investigación, ni fingir que se trata de “manzanas podridas” aisladas). Lo decisivo es observar el patrón: redes de intermediación, favores que se disfrazan de “gestiones”, y un ecosistema donde la influencia se vuelve moneda corriente. Es, en términos contemporáneos, una forma de captura: no siempre por decreto, muchas veces por relación, por acceso, por puerta trasera.
Por ahora, lo único establecido públicamente es que hay una investigación en curso, que la hipótesis proviene de una declaración que deberá verificarse y que la fiscalía designó a un fiscal regional para conducirla, manteniéndola bajo reserva. Lo demás —responsabilidades, delitos, consecuencias— dependerá de lo que se logre acreditar con pruebas y de cómo los tribunales validen (o excluyan) los antecedentes.
Si quieres, puedo hacer la versión noticiosa marxista también de alguna de estas otras que compartiste hoy (p. ej., Transparencia detecta $781 millones “no justificados”, o ranking de milmillonarios, o Enap duplicó utilidades) manteniendo el mismo formato: título + bajada + noticia + lectura estructural.