Un reporte del Instituto Libertad sostuvo que el Fondo de Emergencia Transitorio (FET) pasó meses con baja ejecución tras el megaincendio y solo aceleró su gasto cuando el rezago se volvió políticamente crítico. Desde el Minvu, la seremi Belén Paredes refutó las conclusiones, defendió la complejidad del proceso y aseguró que en 2025 se produjo el mayor salto en subsidios y viviendas en ejecución.
Por Equipo El Despertar
A casi dos años del megaincendio que golpeó a Valparaíso, un nuevo informe reactivó el debate sobre el desempeño del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en la reconstrucción. El documento, elaborado por el economista Pablo Pérez, investigador del Instituto Libertad, cuestionó el ritmo de ejecución del Fondo de Emergencia Transitorio (FET) y sostuvo que el proceso evidenció una “falla institucional” en conducción, coordinación y sentido de urgencia.
Según el análisis, hasta agosto de 2025 —18 meses después del siniestro— el FET registraba una ejecución acumulada de 14,6%, equivalente a $8.340 millones de un total de $57.033 millones. El informe subraya que la cifra dio un salto hacia fines de noviembre, cuando la ejecución llegó a 52,2% (alrededor de $29.844 millones), lo que interpretó como un quiebre respecto de un período prolongado de estancamiento durante 2024 y el primer semestre de 2025.
Para el autor, este cambio reflejaría una “aceleración tardía” del gasto: el financiamiento empezó a moverse con fuerza cuando —según plantea— ya era insostenible sostener el rezago, mientras miles de familias enfrentaban un segundo invierno sin soluciones definitivas. En esa línea, el reporte sostiene que el uso de instrumentos como bonos de arriendo y subsidios habría terminado postergando la entrega de viviendas permanentes.
Las críticas se trasladaron rápidamente al plano político. Parlamentarios de oposición que integran la comisión investigadora sobre la reconstrucción afirmaron que el informe coincide con lo que han denunciado en el Congreso. El diputado Andrés Celis (RN), presidente de la instancia, sostuvo que el problema no habría sido la disponibilidad de recursos, sino el liderazgo y la gestión estatal, apuntando directamente al Minvu. En la misma línea, la diputada Camila Flores (RN) endureció el tono y atribuyó el retraso a incompetencia y abandono de las soluciones definitivas. Desde el Partido Social Cristiano (PSC), la diputada Sara Concha afirmó que el nudo habría sido de gestión y prioridad política más que de presupuesto.
En el oficialismo, en tanto, también se reconocieron demoras, aunque con una advertencia sobre el riesgo de simplificar un proceso que involucra normas, permisos y restricciones de política pública. La diputada Francisca Bello (FA) señaló que las críticas a la lentitud son atendibles, pero cuestionó que se instalen diagnósticos “livianos” sin considerar marcos legales, criterios técnicos y reglas de focalización que condicionan el uso de recursos públicos. A su juicio, el problema no se resolvería con consignas, sino con gestión y cambios normativos “reales” para acelerar soluciones sin bajar estándares.
La respuesta del Ejecutivo llegó desde la región. Consultada por el tema, la seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Belén Paredes, sostuvo que el documento del Instituto Libertad se asemeja más a una opinión política que a un informe técnico, cuestionando su metodología y el uso de conceptos valorativos. Entre sus reparos, señaló que el texto aborda materias normativas y jurídicas sin fundamentos explícitos y puso como ejemplo el tratamiento de la inhabilidad para subsidios en casos de familias con más de una vivienda, defendiendo que esa regla responde a un marco legal estructural del sistema habitacional subsidiario.
Desde la seremi argumentaron que, para responder al megaincendio, el Minvu debió ampliar de forma excepcional la cobertura de su política habitacional y empujar modificaciones normativas que —según indicaron— no se realizaban desde 2002. En ese marco, plantearon que el aumento de la ejecución y de las cifras no obedecería a una coyuntura política, sino al “escenario” que fue habilitando la materialización de los proyectos.
Como respaldo, la autoridad regional citó cifras del Minvu: en 2025 se habrían otorgado 2.346 subsidios, equivalentes a más del 82% del total histórico desde el inicio del proceso. Además, el número de familias nominadas con subsidio habría subido de 719 a 2.724 (un aumento de 278%), y las viviendas en ejecución habrían pasado de 86 en febrero de 2025 a 1.233 en enero de 2026. En paralelo, la seremi enfatizó que reconstruir no es solo “correr” para cerrar números: afirmó que se están levantando soluciones con mejores estándares, mayor superficie, eficiencia energética y enfoque de barrio, en comparación con viviendas previas de menor tamaño.
Otro punto central del contrapunto fue cómo se mide el avance. Desde el Minvu señalaron que el informe mezcla nociones de compromiso, gasto e inversión efectiva, lo que —según la seremi— llevaría a conclusiones erradas. En esa línea, defendieron que el FET es un instrumento para gatillar subsidios, pero que un subsidio no equivale automáticamente a una vivienda construida, porque la cadena completa incluye diseño, evaluación, permisos, licitaciones y obras bajo reglas de gasto público.
Con todo, el debate vuelve a instalar una tensión conocida en reconstrucciones post-catástrofe: la distancia entre la urgencia social de las familias —que viven el desastre como presente continuo— y los ritmos institucionales de un Estado que opera mediante procedimientos, focalización y restricciones administrativas. Mientras la oposición acusa tardanza y falta de conducción, el Minvu sostiene que el repunte de cifras responde a haber destrabado un proceso complejo y que el foco debe estar también en la calidad final de la solución.