La senadora afirmó sentir “dolor y angustia” tras confirmarse el beneficio penitenciario para el condenado por el ataque que le causó la pérdida total de la visión en 2019. El Gobierno sostuvo que la decisión fue adoptada por un órgano técnico autónomo de Gendarmería.
Por Equipo El Despertar
La senadora Fabiola Campillai expresó este jueves su repudio al beneficio de salida dominical otorgado a Patricio Maturana, excapitán de Carabineros condenado por el hecho que le provocó la pérdida total de su visión durante el estallido social. A través de un registro en video, la parlamentaria manifestó que la medida le genera “mucho dolor y angustia” y cuestionó la forma en que se adoptó la decisión.
Según se informó, el beneficio fue resuelto por el Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina, instancia que sesionó el miércoles y aprobó la salida dominical para el exuniformado. Maturana fue condenado en 2022 por el ataque ocurrido el 26 de noviembre de 2019.
En su declaración, Campillai afirmó que, a su juicio, el condenado no ha mostrado arrepentimiento ni empatía por el daño causado. También apuntó a eventuales señales políticas en torno al caso y sostuvo que le resulta “inaceptable” que el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, haya visitado el penal donde se encuentra recluido Maturana poco después de reunirse con el Presidente electo, José Antonio Kast, quien —según planteó— ha expresado públicamente su intención de liberar a su agresor.
En esa línea, la senadora exigió la renuncia del director nacional de Gendarmería y solicitó que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, requiera los antecedentes y documentación asociada al otorgamiento del beneficio. De lo contrario, advirtió, el ministro podría quedar políticamente comprometido con una decisión que —según su crítica— favorecería una ruta hacia beneficios posteriores, incluida una eventual libertad condicional.
Además, Campillai acusó al Gobierno del Presidente Gabriel Boric de “desamparar” a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, planteando que el caso se sumaría a otras situaciones donde, a su juicio, no se ha garantizado una respuesta estatal adecuada.
La respuesta del Gobierno: “No hay injerencia”
Desde La Moneda, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, tomó distancia del otorgamiento del beneficio y recalcó que la resolución no depende del Ejecutivo. Explicó que se trata de una determinación adoptada por un organismo técnico autónomo de Gendarmería que opera en cada unidad penal y que tiene atribuciones para evaluar el cumplimiento de condiciones y hacer seguimiento de este tipo de permisos.
Ramos expresó, de todos modos, empatía con la senadora por el carácter “irreparable” del daño sufrido y sostuvo que casos como este deben mantener abierta la reflexión pública sobre los derechos humanos y el funcionamiento de las instituciones. En ese sentido, reiteró la posición del Gobierno respecto de que las violaciones a los derechos humanos son “imperdonables” y que se debe resguardar la democracia y el correcto actuar institucional.
El episodio reabre el debate político sobre los criterios para conceder beneficios carcelarios, el rol de Gendarmería en su aplicación y el impacto público de decisiones penitenciarias en casos de alta connotación vinculados a hechos ocurridos durante el estallido social.