La Fiscalía comunicará los delitos investigados en la arista vinculada a un convenio del Gobierno Regional Metropolitano, mientras defensas cuestionan la necesidad de las órdenes de detención y vuelven a apuntar a responsabilidades “hacia arriba”.
Por Equipo El Despertar
La investigación del llamado caso ProCultura sumó este viernes un giro clave: Alberto Larraín, cercano al presidente Gabriel Boric y cofundador de la organización, fue detenido junto a otras cuatro personas en el marco de diligencias encabezadas por el Ministerio Público y ejecutadas por la Policía de Investigaciones de Chile. El control de detención quedó fijado para este sábado 31 de enero en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, instancia en la que la Fiscalía comunicará los delitos por los que son investigados.
Según la información conocida, junto a Larraín fueron detenidas: María Constanza Gómez (representante legal de ProCultura), María Teresa Abusleme (exdirectora de estudios), Evelyn Magdaleno (exjefa de una división del Gobierno Regional Metropolitano) y Gabriel Prado (vinculado a contrataciones asociadas al trabajo con la ONG).
Qué dijo la Fiscalía y por qué esta arista llega primero a formalización
La causa, que se enmarca en el “caso Convenios”, está radicada en la Fiscalía Regional de Antofagasta desde mayo de 2025. En declaraciones sobre el avance, el fiscal regional Juan Castro Bekios señaló que en la audiencia de este sábado se comunicarán los delitos investigados, enfatizando que el equipo a cargo viene trabajando “silenciosa pero intensamente” y que la arista asociada al Gobierno Regional Metropolitano sería la primera en llegar a formalización dentro del conjunto de líneas investigativas.
En paralelo, defensas de imputados insistieron en cuestionar la necesidad de las detenciones. El abogado de Larraín, Cristián Arias, afirmó que su representado ha colaborado y seguirá colaborando, añadiendo que la formalización era esperable, aunque calificó la orden de detención como “innecesaria”.
El trasfondo del convenio bajo la lupa
En otra publicación asociada al mismo caso, se consigna que el convenio en revisión se relaciona con un programa del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, y que desde el Consejo de Defensa del Estado se presentó una denuncia/querella por presuntas irregularidades. En ese contexto, se menciona que el proyecto habría recibido más de $1.600 millones y que, tras el término anticipado del convenio, se habría estimado un perjuicio superior a $1.000 millones, según lo señalado en ese escrito y antecedentes descritos por la prensa.
También se instaló nuevamente la dimensión política del caso. El abogado de un imputado sostuvo públicamente que “esto va más arriba”, aludiendo a eventuales responsabilidades de autoridades. Desde la defensa del gobernador Claudio Orrego —quien enfrenta una arista en trámite vinculada al caso— señalaron que no habían sido notificados de nuevas gestiones y que estaban a la espera de definiciones sobre el proceso judicial correspondiente.
Más allá del expediente: por qué estos casos se repiten
Aunque la audiencia de este sábado definirá el marco penal concreto (delitos atribuidos y eventuales cautelares), el cuadro político-administrativo ya instaló una discusión más amplia: el modelo de gestión pública que, por años, ha empujado a que programas sociales —incluidos aquellos de alto impacto comunitario— se ejecuten mediante convenios, externalizaciones y una constelación de intermediarios.
En términos simples: cuando el Estado se acostumbra a “comprar” capacidades en el mercado (o en el llamado “tercer sector”) en vez de construir equipos públicos robustos, aparecen zonas grises: rendiciones difíciles de fiscalizar, responsabilidades diluidas y redes de influencia que convierten el presupuesto en un botín de disputa. Como advertía Marx en una frase conocida, el aparato estatal puede terminar operando como “una junta que administra los negocios comunes” de los grupos con más poder, si la ciudadanía y los trabajadores quedan fuera del control real de los recursos.
Por ahora, el dato duro es uno: hay cinco detenidos, una audiencia inminente y una arista del caso que entra a fase decisiva. El resto —responsabilidades políticas, fallas estructurales del diseño institucional y el uso de convenios como “forma de gobernar”— seguirá creciendo, cualquiera sea el resultado judicial final.