La Superintendencia de Salud reportó que el sistema privado cerró diciembre de 2025 con 2,52 millones de beneficiarios, cerca de un 25% menos que en 2020. La caída se explica mayoritariamente por desafiliaciones voluntarias y consolida un proceso de contracción que presiona al sistema público y reordena el mercado asegurador.
Por Equipo El Despertar
A pesar de los salvatajes legislativos y el robo a sus cotizantes, el sistema de isapres volvió a terminar un año en retroceso. Según cifras consolidadas a diciembre de 2025, las aseguradoras privadas registraron 2.517.305 beneficiarios vigentes, confirmando una tendencia de contracción sostenida en el último lustro. En 2020, el sistema contabilizaba 3.357.566 personas, por lo que la pérdida acumulada llega a 840.261 beneficiarios, equivalente a una baja cercana al 25% en cinco años.
La composición del universo de afiliados muestra que el corazón financiero del modelo sigue descansando en los cotizantes: del total actual, 1.557.693 corresponden a personas que pagan directamente su plan (61,9%), mientras que 959.612 son cargas (38,1%). Entre los cotizantes predominan los trabajadores dependientes (alrededor del 80%), seguidos por pensionados, afiliados voluntarios e independientes.
En términos de estructura de mercado, el sistema se concentra casi por completo en isapres abiertas: 97,3% de los beneficiarios pertenece a esa modalidad, mientras 2,7% se mantiene en isapres cerradas. Además, la industria exhibe alta concentración: Colmena, Banmédica, Consalud y Cruz Blanca reúnen cerca de 78,2% del total de beneficiarios, reforzando el peso de unos pocos actores en la cobertura privada.
Durante 2025, el flujo de entradas y salidas no logró revertir el achicamiento. Entre enero y diciembre, el sistema registró 170.363 nuevas suscripciones, pero sumó 210.766 términos de contrato, lo que se tradujo en una pérdida neta de 40.403 contratos en el año. El dato refleja que, incluso con nuevas contrataciones, la salida continuó siendo mayor y el último trimestre no marcó un giro suficiente para cambiar la tendencia.
Respecto de los motivos de salida, el registro indica que la principal causa fue voluntaria: cerca del 79% de los términos de contrato responde a decisiones del afiliado (cambio de isapre o migración a Fonasa). En tanto, un 18,8% se asocia a desafiliaciones iniciadas por las propias aseguradoras bajo normativa vigente, y el resto corresponde a términos por acuerdo u otras causales. En el seguimiento de quienes dejaron el sistema, el retorno a una isapre también fue limitado: de las personas que terminaron contrato en el primer tramo de 2025 observado por la autoridad, solo una parte volvió a afiliarse meses después, mientras la mayoría no registró afiliación vigente en el sistema privado.
El perfil etario de las salidas muestra un impacto concentrado en edades activas. Las mayores bajas se ubicaron en el tramo de 35 a 44 años, seguido por 25 a 34, lo que sugiere que la contracción no es solo un fenómeno de jubilación o envejecimiento, sino también un reordenamiento en grupos laborales centrales. Territorialmente, la Región Metropolitana concentra cerca del 61,8% de los beneficiarios, manteniendo la fuerte centralización del sistema privado en la capital.
Aunque las cifras describen un fenómeno interno de las isapres, su lectura se vuelve inevitablemente más amplia: el “achicamiento” del seguro privado ocurre en paralelo a la expansión relativa del peso de Fonasa en la cobertura nacional y a un debate institucional sobre cómo se reorganiza el financiamiento de la salud, incluyendo instrumentos como la Modalidad de Cobertura Complementaria creada tras la ley corta del sector.
La lectura política de fondo: cuando la salud funciona como mercado
Bajo una lógica de mercado, el seguro privado tiende a operar como un filtro: capta con más facilidad a quienes pueden pagar y, por diseño, busca administrar el riesgo para resguardar su equilibrio financiero. El problema aparece cuando el salario real no alcanza —o cuando el costo de la protección sube— y la “libertad de elección” se vuelve, para amplias capas, una decisión forzada: permanecer pagando o migrar. La contracción de afiliados no es solo una estadística; es también un síntoma de que la mercantilización de la salud produce segmentación y, en momentos de estrés, empuja a una parte creciente de la población hacia la cobertura pública.
No es casual que la caída ocurra mientras el sistema se concentra: cuando cuatro isapres reúnen la mayor parte del mercado, el “consumidor” enfrenta menos alternativas reales y más asimetría. Dicho en términos simples: en un sector donde la salud se transa como producto, la competencia no necesariamente amplía derechos; puede, en cambio, consolidar poder empresarial sobre un bien social básico. Marx y Engels lo describieron con crudeza al observar cómo el capitalismo “convierte” profesiones y necesidades humanas en engranajes del salario y el negocio: “ha convertido al médico (…) en trabajador asalariado”. En salud, esa transformación se amplía: no solo el trabajo médico se subordina, también el acceso se ordena por capacidad de pago.
En ese marco, el dato central —la salida sostenida y mayoritariamente voluntaria— puede leerse como la expresión práctica de una tensión estructural: cuando la vida cotidiana se encarece y la protección se vuelve un lujo, el sistema “ajusta” expulsando demanda hacia el Estado. Y el Estado, incluso en su versión subsidiaria, termina operando como asegurador de última instancia: socializa el riesgo que el mercado no quiere o no puede sostener, mientras mantiene abierta la puerta a soluciones “complementarias” que pueden reactivar nuevos nichos de negocio.