La Corte Suprema confirmó la querella de capítulos presentada contra el exfiscal regional Metropolitano Oriente Manuel Guerra, en el marco del denominado caso Audio, resolución que habilita al Ministerio Público a formalizar la investigación en su contra.
Por Equipoo El Despertar
El fallo del máximo tribunal ratificó lo resuelto previamente por la Corte de Apelaciones de Santiago, que el 2 de enero había acogido la acción, despejando el principal obstáculo procesal para que la Fiscalía pueda avanzar a la etapa en que se comunican cargos ante un tribunal.
Según la acusación del Ministerio Público, Guerra —cuando ejercía como fiscal regional— habría solicitado reiteradamente beneficios personales “extra posicionales” al abogado Luis Hermosilla, uno de los principales imputados del caso. En ese mismo marco, se sostiene que también habría realizado gestiones para favorecer a terceros vinculados a él, aprovechando su cargo en la Fiscalía Metropolitana Oriente.
Entre los supuestos beneficios mencionados en la imputación se incluyen: gestiones para concretar reuniones privadas con altas autoridades del Poder Ejecutivo y con el expresidente Sebastián Piñera, además de la intermediación para una eventual designación como consejero del Consejo de Defensa del Estado. También se describen solicitudes reiteradas de trabajo —en el ámbito privado y académico— y gestiones en favor de terceros, como apoyo al fiscal adjunto Tufit Budafel, imputado en otra causa, y la recomendación para la designación de una notaría a Patricia Manríquez.
Adicionalmente, el Ministerio Público le atribuye la eventual entrega de información secreta, reservada o estratégica de investigaciones penales a personas ajenas a los procedimientos; y la adopción de decisiones procesales que califica como injustas, incluyendo reformalizaciones, solicitudes de salidas alternativas, procedimientos abreviados o exclusión de hechos previamente formalizados. La acusación también apunta a que habría conducido de forma personal y exclusiva determinadas causas, prescindiendo de equipos especializados o de la opinión técnica de unidades de apoyo.
Para la Fiscalía, estos antecedentes configurarían los delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa, en carácter reiterado.
Con la querella de capítulos confirmada, el siguiente paso queda en manos del Ministerio Público: solicitar la audiencia de formalización ante el tribunal correspondiente. En esa instancia, la Fiscalía deberá exponer los hechos y delitos atribuidos, mientras que la defensa podrá controvertir los antecedentes y eventualmente discutirse medidas cautelares, si así se solicita.