En la exposición del Ministerio Público, el fiscal Cristián Aguilar sostuvo que existían antecedentes para avanzar en la causa y argumentó que, a juicio de la fiscalía, habría elementos para sostener la existencia de delito y la participación del gobernador, aludiendo a “concierto”, “dolo” y eventual perjuicio fiscal. Tras conocerse la decisión, el persecutor evitó profundizar en los fundamentos, señalando que primero deben revisar la sentencia para evaluar los pasos a seguir.
Por Equipo El Despertar
En un nuevo revés para fiscalía, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por unanimidad la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Regional de Antofagasta contra el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, en el marco de la investigación por el caso ProCultura. La decisión, comunicada tras los alegatos, frena por ahora la posibilidad de formalizar al jefe regional mientras mantenga su fuero.
La audiencia se realizó en el Palacio de Tribunales y contó con la participación de 24 ministros del tribunal de alzada. Tras la deliberación, el presidente de la Corte, Fernando Carreño Ortega, informó la resolución. La redacción del fallo quedó a cargo de la ministra Sandra Araya Naranjo y se conocerá en los próximos días, según informaron medios que cubrieron la jornada.
En la exposición del Ministerio Público, el fiscal Cristián Aguilar sostuvo que existían antecedentes para avanzar en la causa y argumentó que, a juicio de la fiscalía, habría elementos para sostener la existencia de delito y la participación del gobernador, aludiendo a “concierto”, “dolo” y eventual perjuicio fiscal. Tras conocerse la decisión, el persecutor evitó profundizar en los fundamentos, señalando que primero deben revisar la sentencia para evaluar los pasos a seguir.
La solicitud de desafuero se vinculó a la investigación por el convenio asociado al programa de prevención del suicidio “Quédate”, por montos del orden de $1.686 millones, transferidos desde el Gobierno Regional Metropolitano a la fundación ProCultura. La fiscalía ha sostenido que habría recursos cuyo destino o rendición no estaría debidamente acreditado, mientras que en el debate público se ha mencionado que una acción civil del propio GORE también apuntaría a montos no rendidos.
Desde la defensa, el abogado Ciro Colombara valoró que la decisión fuera unánime y afirmó que, a su juicio, el tribunal concluyó que no habría una conducta penalmente reprochable. Además, cuestionó la solicitud del Ministerio Público y adelantó que buscarán el sobreseimiento, insistiendo en que el desafuero, en este contexto, podía implicar un impacto institucional relevante.