El 4° Juzgado de Garantía de Santiago acogió una solicitud de la defensa de Luis Hermosilla para que la fiscal Lorena Parra entregue declaración y para que se requieran antecedentes sobre su postulación al cargo. El episodio vuelve a poner el foco —con un trasfondo político y de clase— en cómo se tejen redes de influencia dentro del Estado cuando lo que está en juego es el poder real de la élite económica.
Por Equipo El Despertar
El caso Audio (también conectado a la trama Factop) sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que el 4° Juzgado de Garantía de Santiago ordenara tomar declaración en calidad de testigo a la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Lorena Parra, a petición de la defensa del abogado Luis Hermosilla. En la misma resolución, el tribunal también dispuso oficiar a la Fiscalía Nacional para requerir información vinculada al proceso de postulación de Parra al cargo.
La diligencia se inserta en una ofensiva de la defensa que viene insistiendo —desde hace meses— en la tesis de una posible inhabilidad: según ese argumento, Hermosilla habría intervenido (o tenido algún rol de influencia) en el proceso que permitió a Parra acceder a su puesto dentro del Ministerio Público, lo que, a juicio de los imputados, podría tensionar la imparcialidad con que se dirige la investigación.
Este punto no es nuevo. Ya en 2024 se había solicitado apartar a Parra de la causa, pero esa petición fue rechazada por el fiscal nacional Ángel Valencia, según han consignado reportes de prensa sobre el desarrollo del expediente. Lo que cambia ahora es que el tribunal abre una vía probatoria: no decide sobre el fondo de la inhabilidad, pero sí habilita una instancia para incorporar antecedentes formales al debate, con Parra declarando y con documentación requerida a Fiscalía Nacional.
El contexto importa: Parra es una de las caras visibles del empuje persecutor en una causa donde la fiscalía ya presentó acusación y solicita penas altas. En versiones recientes, se ha indicado que el Ministerio Público apunta a condenas que incluyen 14 años para Hermosilla, además de otras penas relevantes para imputados del núcleo del caso.
Desde una lectura marxista, lo ocurrido no se reduce a un “incidente procedimental” ni a un mero choque entre defensa y fiscalía. Es, más bien, un síntoma: la justicia —como parte del aparato estatal— no funciona en el vacío, sino en una sociedad donde el capital concentra recursos, contactos y capacidad de presión. Cuando un proceso judicial alcanza a abogados y operadores históricamente conectados con directorios, grandes estudios, reguladores y pasillos del poder, aparece lo que en la vida real manda más que el papel: el capital relacional (redes, favores, nombres, “llamadas”). El conflicto de interés, en ese marco, no es una rareza: es parte del modo en que se reproduce una élite que circula entre lo público y lo privado sin fronteras nítidas.
Esa trama, además, tiene un antecedente explícito: en una entrevista previa, la propia Parra reconoció haber enviado su currículum y pedido referencias, en un contexto donde —según su relato— ese tipo de contactos se normaliza en los procesos de nombramientos; al mismo tiempo, sostuvo que el sistema debiera cambiar precisamente para evitar zonas grises y desconfianza pública.
Por ahora, la orden de tomar declaración no implica que Parra esté siendo imputada, ni prueba por sí sola ninguna irregularidad: es una diligencia que, políticamente, alimenta dos relatos en pugna. Para la defensa, puede ser munición para denunciar sesgos y erosionar la credibilidad del caso; para la fiscalía, puede ser una maniobra distractiva de manual cuando la investigación ya amenaza intereses que rara vez enfrentan consecuencias.
Lo que viene es clave: si la declaración y los antecedentes solicitados abren grietas, la defensa intentará convertirlas en una tesis general de “contaminación” del proceso. Y si no lo hacen, la causa seguirá mostrando lo más incómodo del Chile real: que el combate contra la corrupción y el tráfico de influencias no se libra solo en tribunales, sino contra una arquitectura social donde el poder económico —como clase— siempre busca renegociar las reglas cuando la justicia deja de ser un trámite y empieza a tocar nombres propios.