La estatal desvinculó a tres altos ejecutivos luego de detectar “inconsistencias y ocultamientos” en reportes técnicos asociados a un evento de 2023. Sernageomin exigió medidas extraordinarias y anunció el envío de antecedentes a Fiscalía y Contraloría, mientras familias de víctimas del accidente fatal de 2025 evalúan ampliar acciones.
Por Equipo El Despertar
Codelco enfrenta un nuevo escenario de riesgo legal y reputacional tras reconocer irregularidades en la información que se entregó a la autoridad sectorial luego de un estallido de roca ocurrido en julio de 2023 en la División El Teniente. La semana pasada, la cuprífera estatal informó la salida de tres altos ejecutivos luego de que una auditoría interna detectara “inconsistencias y ocultamientos” en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a Sernageomin.
El movimiento interno se produce en un contexto especialmente sensible: el 31 de julio de 2025, un evento de naturaleza similar en El Teniente terminó con seis trabajadores fallecidos, un hecho que sigue bajo investigación y que reabrió el foco sobre estándares de seguridad, gestión de riesgos y trazabilidad de la información crítica para la operación.
Según antecedentes recogidos por prensa económica, el directorio de Codelco tomó conocimiento de un informe de consultoría internacional encargado tras el accidente de 2025, y luego solicitó una auditoría interna a inicios de 2026. A partir de ese proceso se habría detectado que existían “desviaciones” atribuibles a ejecutivos actuales y anteriores en la manera en que se reportaron datos técnicos a la autoridad luego del estallido de roca del 24 de julio de 2023.
La reacción del regulador no se limitó a observaciones administrativas. Sernageomin instruyó una batería de exigencias de seguridad y control, incluyendo la entrega urgente de documentación (como el informe de la consultora y resultados de auditorías), además de medidas extraordinarias orientadas —según su propio comunicado— a resguardar la vida e integridad de las personas y revisar cómo los datos influyen en los modelos de riesgo y protocolos de la faena.
En paralelo, el conflicto escaló a un plano penal y de control estatal: Sernageomin anunció que presentará antecedentes ante el Ministerio Público para que se investigue una eventual comisión de delitos y, además, remitirá información a Contraloría para el análisis de eventuales responsabilidades administrativas.
En este escenario, las familias de víctimas comienzan a recalibrar su estrategia. Christian Berndt, abogado que representa a la familia de Jean Miranda (uno de los fallecidos en 2025), sostuvo que el foco investigativo debería centrarse en qué información manejaba Codelco y con qué intención se administró, dado que esa determinación podría modificar la calificación de eventuales responsabilidades y ampliar el paquete de acciones legales.
En términos jurídicos, el caso abre varias rutas posibles: desde eventuales responsabilidades individuales por la cadena de reportabilidad técnica, hasta hipótesis más complejas si la investigación detecta adulteración documental, entrega de información falsa u omisiones relevantes con impacto en decisiones de seguridad. A ello se suma el debate sobre el estándar de control interno y el funcionamiento del modelo de prevención, un elemento clave cuando se discute responsabilidad corporativa.
Por ahora, el “punto de quiebre” es doble: por un lado, si Fiscalía abre una investigación penal a partir de los antecedentes enviados por Sernageomin; por otro, si se logra establecer un vínculo entre fallas de información de 2023 y condiciones de seguridad posteriores. En cualquier caso, el expediente ya dejó de ser solo un asunto de gestión interna: entró a la órbita de control del Estado y del sistema penal, con costos potencialmente altos para personas específicas y para la estatal, dependiendo de lo que se acredite en la indagatoria.