El gobernador metropolitano afirmó que el tribunal fue “claro y contundente” al desestimar la solicitud del Ministerio Público y pidió que Fiscalía Nacional revise el actuar del equipo persecutor. En paralelo, el caso abrió un flanco interno en Antofagasta: un fiscal adjunto presentó su renuncia en medio de una denuncia por maltrato laboral.
Por Equipo El Despertar
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, endureció este miércoles sus críticas contra la Fiscalía de Antofagasta luego de que el Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara por unanimidad el desafuero solicitado en su contra en el marco del caso ProCultura, un revés que, por ahora, impide al Ministerio Público formalizarlo por el convenio ligado al programa de prevención del suicidio “Quédate”.
En una vocería posterior al fallo, Orrego sostuvo que la resolución fue categórica y defendió su inocencia frente a lo que calificó como imputaciones infundadas. “La justicia habló”, dijo, y acusó que la fiscalía regional “decidió montar un caso falso” en su contra, apuntando a supuestos “errores de hecho y de derecho” en la presentación que buscaba levantarle el fuero.
La solicitud de desafuero estaba vinculada al convenio suscrito entre el Gobierno Regional Metropolitano y la fundación ProCultura, por un monto superior a $1.600 millones, destinados al despliegue del programa “Quédate”. Tras el fallo, Orrego insistió en que la iniciativa sí existió y se ejecutó bajo normativa vigente, asegurando que atendió a más de 15 mil personas y que contó con colaboración de instituciones como hospitales públicos y universidades.
El gobernador también buscó reorientar el foco del caso hacia el destino de los recursos cuestionados y la eventual recuperación de los fondos. En esa línea, afirmó que el Gobierno Regional continuará coordinándose con el Consejo de Defensa del Estado para el cobro de pólizas asociadas al convenio, y sostuvo que la investigación debería concentrarse en aclarar qué ocurrió con los montos que —según su planteamiento— la fundación habría manejado de forma irregular.
Además, Orrego señaló que espera que Fiscalía Nacional investigue el desempeño del equipo persecutor que impulsó el desafuero, en un contexto donde el caso sigue abierto y con diligencias en curso para determinar eventuales responsabilidades por el uso y rendición de los dineros transferidos.
Renuncia y denuncia interna en Antofagasta
En paralelo al revés judicial, la Fiscalía Regional de Antofagasta enfrenta un conflicto interno: el fiscal adjunto Eduardo Ríos presentó su renuncia voluntaria, con efecto al 20 de marzo de 2026, en medio de una denuncia formal por maltrato laboral contra el fiscal regional Juan Castro Bekios.
Según lo expuesto, Ríos acusó un ambiente de “mobbing”, con episodios de aislamiento y desautorización, además de cuestionamientos por dinámicas de secretismo en la tramitación de la causa ProCultura, incluyendo solicitudes de informes con instrucciones de reserva. Desde el entorno del fiscal regional, en tanto, se ha señalado que las decisiones adoptadas se enmarcan en sus atribuciones y que existían observaciones al avance de la causa, incluyendo rechazos judiciales a diligencias pedidas por el Ministerio Público.
Con el desafuero rechazado, la investigación por ProCultura continúa centrada en el seguimiento de los recursos transferidos, la rendición de gastos y las posibles responsabilidades administrativas o penales que se determinen en el curso de la indagatoria.