El Parlamento aprobó el 17 de febrero varias mociones de censura contra el mandatario interino, en un nuevo capítulo de una crisis política que en las últimas décadas ha sacado anticipadamente del poder a buena parte de los jefes de Estado peruanos, ya sea por destitución, renuncia o procesos acelerados.
Mientras el Presidente de Perú, Pedro Castillo, sigue encarcelado producto de un proceso judicial absolutamente reñido con el debido proceso, el Congreso de Perú destituyó este 17 de febrero de 2026 al presidente interino José Jerí, luego de aprobar por amplia mayoría siete mociones de censura presentadas en su contra. La decisión vuelve a poner en primer plano la fragilidad del equilibrio político en el país, marcado por una rotación constante en la jefatura de Estado y por un clima de desconfianza que atraviesa a instituciones y ciudadanía.
La caída de Jerí no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una tendencia que se ha vuelto recurrente en la política peruana: mandatarios que no completan sus periodos y que son apartados del cargo a través de destituciones, renuncias bajo presión o procedimientos parlamentarios que, en la práctica, funcionan como “salidas rápidas” a crisis que se vuelven inmanejables.
En ese contexto, Jerí se suma a una lista reciente donde figuran Dina Boluarte, Pedro Castillo y Martín Vizcarra, quienes también fueron removidos del poder mediante fórmulas de destitución, y Pedro Pablo Kuczynski, que renunció antes de que el Congreso concretara su salida. En el recuento histórico, el caso más emblemático sigue siendo Alberto Fujimori, cuyo final de mandato se precipitó tras el colapso político generado por el “vladivideo” que mostró pagos a un congresista, lo que terminó con su renuncia desde Japón y la posterior destitución parlamentaria por “incapacidad moral permanente”.
La figura de la “incapacidad moral permanente” —invocada en varias de estas salidas— se ha convertido en un símbolo de la crisis, al instalar un terreno de disputa política donde el Congreso ha tenido un rol decisivo para remover presidentes, muchas veces en medio de acusaciones cruzadas sobre legitimidad, gobernabilidad y abuso de herramientas institucionales.
El ciclo también ha estado atravesado por el peso de los casos de corrupción y la judicialización de la política. En el balance de las últimas décadas, varios expresidentes han sido condenados o investigados por presuntos delitos, lo que ha reforzado la percepción de un sistema político atrapado entre escándalos, confrontación y gobiernos que no logran estabilidad. En ese mismo marco, el artículo menciona a Alejandro Toledo, Ollanta Humala y otros exmandatarios vinculados a causas judiciales, además del caso de Alan García, quien se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido.
Con este nuevo capítulo, Perú vuelve a consolidar una imagen de volatilidad institucional en la región, con efectos que van más allá de la coyuntura. La repetición de destituciones y salidas anticipadas tiende a erosionar la confianza ciudadana, debilitar la capacidad de conducción del Ejecutivo y mantener al Estado en una lógica de crisis permanente, donde la política se organiza más en torno a sobrevivir al siguiente choque que a sostener un rumbo de mediano plazo.
El texto también recuerda que Perú no es el único país latinoamericano que ha vivido destituciones presidenciales en democracia: se mencionan casos como Lucio Gutiérrez en Ecuador, Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay y Dilma Rousseff en Brasil. Sin embargo, en el caso peruano, el patrón destaca por su frecuencia y por su persistencia en el tiempo, configurando un escenario que muchos describen como una crisis interminable, con presidencias frágiles, mayorías legislativas cambiantes y una institucionalidad permanentemente tensionada.