En las últimas 72 horas, la liberación y actualización de documentos por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) reactivó un nuevo ciclo de reacciones políticas y judiciales: Nuevo México aprobó un mecanismo legislativo para investigar la red local ligada a Epstein, mientras en Reino Unido se informó la detención del príncipe Andrés en una causa vinculada al escándalo. En Washington, el golpe es doble: el Ejecutivo queda obligado a administrar transparencia forzada sin perder control del daño político, en un caso que expone —otra vez— cómo se organiza la impunidad cuando converge dinero, poder y aparato estatal.
Por Equipo El Dspertar
El miércoles 18 de febrero, el Departamento de Justicia de EE.UU. actualizó su “Epstein Library”, un repositorio oficial levantado para cumplir con el calendario de divulgaciones exigidas por el Epstein Files Transparency Act. En el aviso del sitio, el propio DOJ reconoce el dilema: “all reasonable efforts have been made to review and redact personal information” (“se han hecho esfuerzos razonables para revisar y tachar información personal”), pero advierte que, por el volumen, el portal podría incluir material sensible de forma inadvertida y pide reportarlo por correo. El “último update” queda fechado el 18 de febrero de 2026, marcando que el flujo documental sigue abierto y en expansión.
En paralelo, el martes 17 de febrero, en Nuevo México —territorio clave por la existencia del rancho de Epstein (Zorro Ranch) y por denuncias históricas en esa zona— se aprobó un movimiento legislativo que, en los hechos, empuja al Estado local a hacer lo que durante años no hizo: investigar su propia pasividad. La iniciativa fue descrita como un paso hacia una “comisión de verdad” o un mecanismo de esclarecimiento, en una lógica que reconoce que el problema no se limita al delincuente individual, sino a los circuitos de protección que permitieron que operara una red por largo tiempo.
El texto adoptado en la Cámara estatal (HR 1) es explícito en su orientación: crea un subcomité investigador y lo habilita para indagar “allegations of criminal sexual abuse and human trafficking” (abuso sexual criminal y trata), pero además pone el foco donde a menudo el poder quiere evitar mirar: “the role of public officials” (el rol de funcionarios públicos) y los obstáculos estructurales que frenan justicia, incluyendo marcos que pueden dejar los hechos impunes por el paso del tiempo. En otras palabras: no se trata solo de “qué hizo Epstein”, sino de qué permitió el Estado —y quiénes dentro del Estado— que ocurriera.
El mismo marco revela otra arista típicamente capitalista del escándalo: la “verdad” no se financia por virtud republicana, sino por costos judiciales y negociación con grandes actores económicos. El plan de Nuevo México se vincula a fondos provenientes de un acuerdo ligado a Deutsche Bank, banco que terminó asociado a la trama en litigios y sanciones. En clave marxista, la institución financiera aparece no como “actor externo”, sino como parte del ecosistema material que hace posible la reproducción de redes de élite: circulación de dinero, legitimación, contactos, y —cuando estalla el escándalo— pagos para contener el incendio.
El tercer golpe, ya este jueves 19, llegó desde el Reino Unido: CBS informó que el príncipe Andrés fue detenido en una investigación por “misconduct in public office” (conducta indebida en cargo público), en un contexto en el que la liberación de documentos en EE.UU. volvió a empujar casos y nombres hacia el centro de la agenda global. Aunque los procesos son distintos y la justicia británica tiene su propio carril, el hilo conductor es el mismo: el “caso Epstein” funciona como una radiografía de cómo los núcleos de poder transnacional —finanzas, aristocracia, política— se conectan y se protegen.
¿Dónde entra la presidencia de EE.UU. en estos últimos tres días? En dos niveles. Primero, institucional: el DOJ explicita que su repositorio opera “en vista del deadline del Congreso” y bajo una lógica de publicación masiva con redacciones. Eso significa que la Casa Blanca enfrenta una presión que no controla completamente: está obligada a abrir información, pero lo hace con el freno puesto (tachaduras, cautelas, “corrijan si ven algo”). La transparencia aparece como concesión forzada, no como voluntad; como respuesta a correlación de fuerzas, no como principio.
Segundo, político: cada nueva liberación documental produce efectos en cadena —comisiones, detenciones, crisis de legitimidad— y vuelve más costoso para el Ejecutivo administrar el relato. Desde un enfoque marxista, la pregunta no es si el escándalo “daña la imagen” del gobierno de turno, sino si el Estado (como forma de dominación de clase) puede sacrificar piezas menores sin tocar el corazón de la red. Cuando el poder promete “depurar” pero preserva la arquitectura —financiera, judicial, policial— que permitió la impunidad, lo que se ofrece es gobernabilidad del escándalo, no justicia.
En los próximos días, el impacto sobre la presidencia se medirá menos por titulares y más por hechos: si los documentos y las investigaciones se traducen en responsabilidades hacia arriba (bancos, funcionarios, encubridores, redes de influencia) o si el sistema vuelve a su salida habitual: prolongar, fragmentar, judicializar hasta agotar, y contener el costo político con procedimientos que parecen transparencia, pero operan como administración del daño.