El parlamentario de 83 años —llegado al Congreso en la lista de Perú Libre— asume la jefatura del Estado de manera transitoria en un país que acumula recambios acelerados en la cúspide del poder. Balcázar prometió garantizar elecciones “limpias” en abril y sostuvo que su gestión no será un giro ideológico, sino una administración de “estabilidad” en medio de la crisis.
Por Equipo El Despertar
El Congreso peruano proclamó a José María Balcázar (83) como nuevo presidente interino, tras su elección como titular del Parlamento, cargo que —en el escenario actual— lo convierte automáticamente en jefe de Estado. Balcázar se impuso en la votación legislativa a la excongresista María del Carmen Alva, en un desenlace que confirma la continuidad del ciclo de inestabilidad política en Perú, donde los cambios de mando se han vuelto recurrentes durante la última década.
La llegada de Balcázar ocurre apenas un día después de que el Legislativo destituyera al hasta entonces mandatario interino José Jerí, en una censura que, según la cobertura de prensa, se vinculó a cuestionamientos por reuniones extraoficiales con empresarios chinos. Con ello, el Congreso reconfiguró nuevamente el tablero institucional y dejó la administración del Ejecutivo en manos de una figura de transición, con el calendario electoral en curso.
En sus primeras declaraciones, Balcázar intentó presentar su administración como un “puente” hacia la elección general del 12 de abril, marcando como prioridad la gobernabilidad inmediata y el normal funcionamiento económico. En entrevista con RPP, sostuvo que su misión es asegurar “transparencia” y “tranquilidad” para el proceso electoral, y relativizó el clivaje izquierda/derecha. “No estamos trabajando en hacer izquierdismo en Palacio de Gobierno”, dijo, agregando que “no estamos pensando en ningún tipo de indultos” en el corto plazo, en referencia a versiones sobre un eventual perdón presidencial a Pedro Castillo.
La figura de Balcázar, sin embargo, llega con controversias a cuestas. Reportes periodísticos —citando información de agencia EFE y medios peruanos— han recordado que el nuevo presidente interino ha enfrentado cuestionamientos e investigaciones en distintos momentos de su trayectoria pública, además de polémicas por intervenciones y posiciones sostenidas como parlamentario. En paralelo, él mismo ha afirmado que no milita orgánicamente en Perú Libre y que fue “invitado”, buscando mostrarse como articulador de consensos más que como representante de una bancada.
Desde una lectura crítica (y útil para entender el trasfondo más allá del “cambio de nombres”), el episodio vuelve a exhibir un patrón: la política peruana opera con un Ejecutivo frágil y un Congreso que actúa como verdadero “pivote” del poder, donde la legitimidad de origen popular queda subordinada a mayorías parlamentarias volátiles. En términos de conflicto social, esto suele traducirse en una democracia con alta rotación institucional, pero con continuidades de fondo: presión por “estabilidad” para los mercados, urgencias de seguridad y gobernabilidad, y reformas estructurales que quedan sistemáticamente pospuestas mientras la crisis se administra con recambios de élite.
Si no sobreviene un nuevo quiebre, Balcázar se mantendría en el cargo hasta el 28 de julio, cuando debería asumir quien resulte electo en los comicios de abril. Pero, como ya viene mostrando la experiencia peruana reciente, el principal signo de esta etapa no es la “normalidad”, sino la disputa permanente por el control del Estado en condiciones de legitimidad erosionada.