Los anuncios económicos del gobierno entrante de José Antonio Kast se presentan como un plan de “emergencia” para reactivar inversión y empleo. Pero, leídos desde la realidad material del Chile asalariado, configuran otra cosa: un paquete de rescate al gran capital —rebaja tributaria y “destrabe” regulatorio— financiado con ajuste fiscal y coronado por reformas laborales que trasladan el riesgo al trabajador y buscan domesticar la fiscalización pública.
Por Editor El Despertar
Hay una palabra que el programa económico de Kast repite como un mantra: emergencia. La etiqueta “Desafío 90” intenta instalar la idea de que Chile está ante una urgencia técnica, casi natural, que exigiría medidas rápidas, “pragmáticas” y supuestamente inevitables. Pero no existe emergencia neutra. Toda emergencia tiene sujetos: ¿quiénes son rescatados, quiénes pagan, quiénes pierden poder y quiénes lo consolidan?
Al revisar los ejes anunciados —rebaja tributaria a empresas, ajuste fiscal por miles de millones de dólares, aceleración de permisos y rediseño del mundo del trabajo— lo que aparece es un guion conocido: restaurar tasas de ganancia, disciplinar la fuerza de trabajo y reordenar el Estado para que funcione con mayor docilidad hacia la acumulación privada. Si esto no se dice explícitamente, no es porque no esté ahí, sino porque el proyecto necesita disfrazar la política como administración.
Rebaja tributaria al capital: “crecimiento” para arriba, austeridad para abajo
La medida estrella es la reducción gradual del impuesto corporativo, desde 27% hacia 23% (con opción de llegar a 20%). El documento reconoce un costo fiscal anual estimado en torno a US$3.500 millones en régimen. En castellano: menos recursos permanentes para el Estado. ¿Cómo se compensa? Con una promesa: que la rebaja “incentivará” empleo y crecimiento, y con un complemento: recorte del gasto público.
Aquí aparece la esencia del programa: socializar el costo (ajuste fiscal, recortes, contención de programas) y privatizar el beneficio (alivio tributario, aumento de márgenes, mayor poder de inversión y negociación del empresariado). El Estado es llamado a apretarse el cinturón para que el capital respire. Se nos pide creer en el derrame mientras se prepara la manguera para llenar arriba.
No se trata solo de números. Un ajuste fiscal de US$6.000 millones —dividido entre vía administrativa y legislativa— no se hace en el vacío: se hace en servicios públicos, en equipos, en tiempos de espera, en escuelas sin recursos, en listas de vivienda, en redes de cuidado. Austeridad no es una palabra: es una práctica que se imprime en la vida cotidiana de la clase trabajadora.
“Permisología”: el nombre elegante para desactivar controles
El segundo pilar es el “destrabe” de inversiones. Se anuncia una Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI) con metas de recorte de tiempos de tramitación entre 30% y 70%, ventanilla única y “eliminación de permisos innecesarios”. Todo suena a modernización. Pero la pregunta no es si hay burocracia —por supuesto que la hay—, sino qué se entiende por permiso “innecesario” y quién define esa necesidad.
En un país marcado por extractivismo, conflictos socioambientales y concentración territorial del daño, “agilizar” permisos suele significar una cosa: reducir capacidad de escrutinio público, debilitar estándares y convertir la deliberación social en un obstáculo administrativo. Si el horizonte es acelerar proyectos por miles de millones, la democracia territorial se vuelve freno; los derechos de comunidades, trámite; la evaluación ambiental, una molestia. No se destraba inversión: se destraba la mano del capital sobre el territorio.
El punto más grave: flexibilización laboral y “desideologización” de la fiscalización
El programa laboral no es un anexo: es la clave. Se propone un nuevo modelo de indemnización “a todo evento”, acumulado desde el primer día en una cuenta individual. Se vende como modernización, reducción de burocracia y “menos judicialización”. Pero desde la experiencia del mundo del trabajo, esa fórmula opera como un principio básico del neoliberalismo laboral: abaratar el despido y normalizar la rotación.
La indemnización tradicional cumple un rol concreto: genera un costo al empleador por terminar el vínculo, desincentiva despidos arbitrarios y reconoce antigüedad. La cuenta individual, en cambio, puede convertir ese costo en un “ahorro del trabajador” y no en una responsabilidad patronal. El mensaje implícito es brutal: si te echan, es tu problema administrarlo. Lo que se llama “flexibilidad” en el lenguaje del poder suele traducirse en inseguridad en la vida del asalariado.
Más aún: el plan habla de “desideologizar” la Dirección del Trabajo. Esta palabra intenta transformar la protección de derechos en sesgo, y la neutralidad en obediencia. La fiscalización laboral siempre incomoda al empleador, porque la relación capital–trabajo es desigual por diseño. Presentar a la DT como “obstáculo” y no como garantía revela el objetivo: que el Estado deje de intervenir donde la explotación necesita menos luz.
Digitalizar servicios puede ser positivo; reducir duplicidades también. Pero cuando el mismo paquete incluye rebajar fiscalización y “facilitar acuerdos” en un mercado donde el poder de negociación está estructuralmente concentrado en el empleador, lo que se está proponiendo no es eficiencia: es un reordenamiento del Estado para que pelee menos por el trabajo y más por la inversión.
Pymes como escudo, salario mínimo como variable de ajuste
El programa declara mantener un impuesto corporativo reducido para pymes y aliviar “costos de formalización”. Eso puede sonar razonable. El problema es cómo se usa políticamente: como escudo moral para sostener una agenda que, en el fondo, beneficia al gran capital y presiona a la baja los salarios.
Cuando se plantea “revisar” la trayectoria del salario mínimo para evitar nuevas alzas que “presionen costos”, se está diciendo algo simple: ante la tensión, el ajuste debe recaer en el ingreso del trabajo. Y esto ocurre en un país donde el costo de la vida, el endeudamiento y la precariedad son ya mecanismos cotidianos de supervivencia.
La verdad detrás del “Desafío 90”: restauración de mando empresarial
En conjunto, lo que se anuncia como plan de emergencia se parece a una restauración de mando empresarial: menos impuestos al capital, más disciplina fiscal, menos trabas para invertir, un mercado laboral más flexible y un Estado laboral menos incómodo. Si hay crecimiento, se espera que sea por acumulación privada; si hay costo, que lo pague el Estado; si hay conflicto, que lo contenga la administración.
Desde una mirada marxista, el diagnóstico es claro: el programa no busca “sacar a Chile adelante” en abstracto; busca reordenar la economía en favor de la acumulación, fortaleciendo el poder del capital sobre el trabajo, el territorio y el Estado. Y lo hace con un lenguaje tecnocrático que intenta ocultar la lucha de clases detrás de planillas Excel.
¿Qué hacer? No esperar “resultados”: organizar fuerza
La respuesta no puede ser solo indignación. Si el gobierno entrante instala austeridad y flexibilización como sentido común, la tarea popular es disputar ese sentido común. Defender el salario y el tiempo de vida. Defender la fiscalización laboral como derecho. Defender que la inversión no sea licencia para devastar territorios. Y, sobre todo, instalar una idea simple que el poder odia: la economía no es un fenómeno natural; es una relación social. Y puede organizarse en función de la mayoría.
Porque si “Desafío 90” es el nombre publicitario de una ofensiva de clase, la respuesta no será un eslogan: será conflicto democrático, organización sindical, articulación territorial y programa popular. Sin eso, la emergencia seguirá siendo la misma de siempre: la emergencia de quienes mandan cuando sienten que su dominio se les escapa.