Bajo la etiqueta de “emergencia económica”, el plan del presidente electo José Antonio Kast combina reducción tributaria a empresas, recorte del gasto público y un paquete proinversión para acelerar permisos. En el mundo del trabajo, propone indemnización “a todo evento” y reorientar la Dirección del Trabajo, una fórmula que —leída desde el conflicto capital–trabajo— desplaza riesgos hacia trabajadores y abre un ciclo de disciplinamiento laboral en nombre del crecimiento.
Por Equipo El Despertar
El gobierno entrante de José Antonio Kast, que asume el 11 de marzo, ha presentado su estrategia económica inicial como un “Desafío 90” guiado por una supuesta “emergencia económica”. Sin embargo, al revisar sus ejes, el diseño se parece menos a un rescate social y más a una reorganización del poder económico: aliviar cargas al capital, endurecer el cinturón fiscal y acelerar condiciones para la inversión privada, mientras se ajusta el marco laboral para reducir “rigideces” y acotar la fiscalización estatal.
El corazón del plan es la rebaja del impuesto corporativo desde 27% a 23% hacia 2029, con la posibilidad de llegar a 20%. Es decir: una transferencia estructural de recursos desde el Estado hacia la empresa, justificada por la promesa clásica del “derrame”: más inversión, más empleo, más crecimiento. El propio documento reconoce un costo fiscal “en régimen” de US$3.500 millones anuales, y plantea compensarlo con recortes de gasto y una apuesta de crecimiento que, históricamente, tiende a concentrarse en quienes ya controlan los activos productivos.
A la vez, el programa propone un ajuste fiscal por US$6.000 millones, dividido entre medidas administrativas y legislativas. En términos materiales, esto significa que el financiamiento del Estado —que sostiene salud, educación, vivienda, cuidados e infraestructura— se convierte en variable de ajuste para habilitar rebajas tributarias y tranquilizar mercados, en un contexto donde el costo de la “disciplina fiscal” suele caer con mayor fuerza sobre la mayoría asalariada y los territorios más precarizados.
En inversión, el gobierno entrante quiere acelerar permisos mediante una nueva Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI) y la “ventanilla única”. El objetivo declarado es recortar tiempos “entre un 30% y 70%”. El problema no es la modernización administrativa en sí, sino el sesgo probable del rediseño: cuando la prioridad es “destrabar” proyectos por arriba, el conflicto socioambiental y territorial suele tratarse como estorbo, y la “discrecionalidad” se combate no fortaleciendo la participación y la evaluación pública, sino reduciendo controles. Se trata, en términos simples, de adaptar el Estado a la velocidad del capital.
La dimensión laboral revela con más claridad el sentido de clase del paquete. El plan propone un modelo de indemnización “a todo evento” y pactable, depositado en cuentas individuales. Bajo la retórica de reducir burocracia y judicialización, la medida puede operar como un mecanismo que abarata el despido y normaliza la rotación, debilitando uno de los pocos desincentivos que el empleador enfrenta al cortar relaciones laborales. En economías con poder sindical debilitado y alta informalidad, esa “flexibilidad” suele traducirse en mayor inseguridad y menor capacidad de negociación del trabajador.
En el mismo eje aparece la idea de “desideologizar” la Dirección del Trabajo, sosteniendo que el organismo tendría un sesgo que “tensiona” relaciones laborales. Leído desde una perspectiva marxista, el enunciado funciona como inversión del problema: se presenta como “ideología” la fiscalización que limita abusos, pero se vuelve “técnica” la política que busca facilitar acuerdos en un terreno estructuralmente desigual. El documento incluso propone focalizar la fiscalización en mínimos (seguridad, cotizaciones, obligaciones esenciales), lo que puede interpretarse como una reducción del Estado laboral a un rol menos confrontacional frente a infracciones y conflictos.
El capítulo pymes introduce otra línea sensible: se plantea revisar la trayectoria del salario mínimo para evitar nuevas alzas “sin productividad”. En el discurso, se protege a la pequeña empresa; en la práctica, el riesgo es que el ajuste lo paguen los ingresos del trabajo. Cuando el modelo económico depende de salarios contenidos y consumo presionado, el resultado tiende a ser un mercado interno débil y mayor endeudamiento de hogares.
En suma, el plan “Desafío 90” se ordena alrededor de una apuesta: reactivar la acumulación privada con Estado más austero y mercado laboral más “adaptable”. Lo que queda abierto —y será el conflicto político real— es si esa receta se traduce en crecimiento con redistribución o en un ciclo donde la rentabilidad empresarial mejora a costa de mayor precariedad, menor fiscalización y más tensión social. La discusión legislativa será el primer campo de prueba; el segundo será el bolsillo y el tiempo de vida de quienes sostienen el país trabajando.