El gobernador metropolitano pidió una investigación administrativa sobre el actuar de la Fiscalía de Antofagasta, a la que acusó de “inventar pruebas” y desviar el foco de la causa. Dijo que el énfasis debió estar en esclarecer el destino de recursos asociados a la fundación y cuestionó filtraciones durante la investigación.
Por Equipo El Despertar
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (ind.), solicitó al fiscal nacional Ángel Valencia abrir una investigación administrativa para revisar el proceder de la Fiscalía Regional de Antofagasta en la arista vinculada a ProCultura, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara de forma unánime (24 votos a favor y 0 en contra) la solicitud de desafuero presentada en su contra.
En entrevista en El Diario de Cooperativa, Orrego sostuvo que la indagatoria impulsada por la unidad persecutora del norte habría derivado en un “montaje” contra su persona. Según planteó, el desenlace en tribunales obliga a revisar cómo “después de dos años de investigación se terminara formulando un caso falso en contra de una persona inocente”, y apuntó a presuntas falencias graves en la construcción de la imputación.
Orrego aseguró que está a la espera de conocer el fallo íntegro del tribunal de alzada —aún pendiente de ser entregado en detalle— antes de definir eventuales acciones adicionales. Sin embargo, adelantó que su petición a Valencia busca establecer responsabilidades internas por lo que califica como un proceso viciado: “Aquí hay una Fiscalía en particular que no solamente montó un caso falso; inventó pruebas, presentó pruebas erróneas, inventó conceptos jurídicos”, afirmó.
El gobernador también cuestionó el foco investigativo. A su juicio, la persecución penal debió concentrarse en esclarecer el destino de los montos observados y no en imputarle participación directa. “Lo que nosotros como querellantes en esta causa pedimos (fue) que se investigara qué pasó con los 1.000 millones de pesos de que se apropió indebidamente ProCultura”, sostuvo, insistiendo en que ese debía ser el eje central de la indagatoria.
En la misma línea, Orrego denunció un supuesto patrón de filtraciones durante el proceso. Afirmó que existió “una campaña de filtraciones para destruir” su imagen y “predisponer” al sistema judicial, acusando que “se filtró todo” y que reportajes en medios habrían provenido de antecedentes que, según dijo, “solo” podían estar en la carpeta investigativa.
Respecto del programa de prevención del suicidio “Quédate”, en torno al cual se originó parte de la controversia pública, el gobernador defendió su existencia y ejecución, señalando que “se inventó que el programa no existió”, y que habría atendido a más de 15 mil personas en coordinación con recintos asistenciales. También recordó que, según su versión, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) optó por acciones enfocadas en la fundación y no contra él.
Finalmente, Orrego sostuvo que buscará despejar críticas sobre el resguardo de recursos públicos y afirmó que el Gobierno Regional habría exigido pólizas por el 100% del convenio, las que —según indicó— se encuentran en cobro judicial tras la negativa de la aseguradora Asper. “En los próximos días vamos a recuperar el 100% de los recursos comprometidos”, aseguró.