Entre el 17 y el 19 de febrero, se reportaron nuevos ataques y disparos israelíes en Gaza, mientras en Cisjordania ocupada se registraron incursiones militares con heridos. En paralelo, un bloque de países llevó al Consejo de Seguridad una denuncia política: que las medidas de Israel en la Ribera Occidental empujan una anexión de hecho.
Por Equipo El Despertar
La última ventana de 72 horas en Palestina ocupada volvió a mostrar la misma contradicción que estructura el conflicto: mientras la diplomacia internacional discute “procesos”, en el terreno la vida cotidiana se organiza bajo coerción —fuego real, control territorial, incursiones y castigo colectivo—, con una población civil atrapada entre el asedio y una administración militar que regula movilidad, trabajo y supervivencia.
En la Franja de Gaza, Hamas pidió una reacción internacional urgente tras reportes de nuevos ataques israelíes, en un contexto en que, según cifras citadas desde autoridades gazatíes, los incidentes armados se mantienen incluso después de un acuerdo de tregua alcanzado en octubre pasado. En particular, el 17 de febrero se informó de un ataque que alcanzó una vivienda en Ciudad de Gaza y dejó muertos y heridos, además de otros episodios de fuego y hostigamiento en distintas zonas del enclave.
En Cisjordania ocupada, las operaciones de control —redadas, cercos y patrullajes armados— continuaron marcando el pulso. El 18 de febrero, la agencia palestina WAFA reportó una incursión israelí en el campamento de refugiados de Qalandia (al norte de Jerusalén), que dejó al menos dos personas heridas por disparos durante el operativo. Y ya en la madrugada del 19 de febrero, WAFA informó de otra incursión en Arraba, al sur de Yenín, con tres heridos por bala durante el despliegue.
En el plano internacional, el 18 de febrero el Consejo de Seguridad fue escenario de una ofensiva diplomática que apuntó al corazón del problema: territorio y soberanía. Según lo reportado desde la sala, el viceprimer ministro de Pakistán, Ishaq Dar, acusó que la expansión israelí en Cisjordania “está desgarrando” el territorio palestino, en un debate donde varios representantes advirtieron que la anexión de facto se consolida mediante decisiones administrativas, expansión de asentamientos y control permanente.
Un enfoque marxista ayuda a leer esta secuencia no como “hechos aislados”, sino como piezas coherentes de un mismo régimen material: la ocupación funciona como una relación social sostenida por fuerza organizada, y esa fuerza produce condiciones para la desposesión (tierra, agua, rutas), la segmentación de la mano de obra y la subordinación económica de la población ocupada. En términos concretos: el control militar no solo “administra seguridad”; administra también la circulación, el acceso a empleo, la posibilidad de reconstruir y hasta el derecho a quedarse. La represión, en este marco, no es un “exceso”: es un mecanismo de gobierno.
Lo que ocurra en los próximos días dependerá menos de declaraciones morales y más de correlaciones de poder: si las potencias con capacidad de presión están dispuestas —o no— a traducir la retórica en medidas reales (alto el fuego verificable, levantamiento de restricciones a la vida civil, fin de políticas de anexión). Por ahora, la fotografía de estas 72 horas deja un dato político duro: mientras la ONU discute, el control armado en el terreno sigue operando como hecho consumado.