A semanas del cambio de mando, el Gobierno busca destrabar su reforma política con mesas transversales en febrero y una votación en particular proyectada para la primera semana de marzo. El mayor nudo: subir a 0,5% del padrón las firmas para constituir partidos, medida que parlamentarios critican como barrera de entrada y que el Ejecutivo defiende como antídoto contra la fragmentación y el “financiamiento sin anclaje social”.
Por Equipo El Despertar
Con el reloj corriendo en la recta final del mandato de Gabriel Boric y en pleno traspaso administrativo hacia el gobierno entrante de José Antonio Kast, la reforma al sistema político se transformó en una de las batallas legislativas de última hora. La iniciativa —ya aprobada en general en la Comisión de Gobierno de la Cámara— enfrenta ahora el desafío de aterrizar su discusión en particular, presionada por más de 54 indicaciones presentadas por parlamentarios y por la necesidad de ordenar acuerdos antes de marzo.
En esa búsqueda, la ministra Segpres, Macarena Lobos, activó durante febrero mesas de trabajo con diputados y asesores de distintos sectores para “viabilizar la reforma sin desnaturalizarla”. En radio Sonar, la secretaria de Estado explicitó el objetivo político del Ejecutivo: reducir la atomización del Congreso “sin que se pierda representación”, y apuntó al corazón del conflicto: el umbral de firmas para crear partidos. “Se nos ha manifestado que este requisito es muy alto, porque solo por el hecho de haber pasado a voto obligatorio aumenta el número de firmas que se requieren”, afirmó.
Un debate de fondo: fragmentación, pero también poder de entrada
La reforma propone cambios que, en los hechos, elevan los costos de organización política por fuera de las estructuras ya instaladas. Por un lado, elimina la opción de constituir partidos en “tres regiones continuas”, manteniendo la exigencia de presencia en ocho regiones discontinuas. Por otro, sube el umbral mínimo de afiliación desde 0,25% a 0,5% del padrón electoral, una regla que —en un padrón ampliado por el voto obligatorio— se traduce en decenas de miles de firmas.
Desde una lectura crítica (y particularmente desde la izquierda), el punto no es solo técnico: es el tipo de democracia que se busca consolidar. Mientras el Gobierno enmarca el cambio como un modo de fortalecer partidos con “anclaje social relevante” y evitar colectividades creadas “para el solo hecho de obtener financiamiento”, sus detractores lo interpretan como un portón de entrada más estrecho que beneficia a los partidos grandes y castiga a fuerzas regionales, emergentes o de base social reciente.
El diputado Jaime Mulet (FRVS) lo planteó sin rodeos, acusando que el proyecto “busca (…) generar un oligopolio político”, comparándolo con la lógica del antiguo binominal. Y añadió un dato que alimenta la controversia: según su argumento, el diseño termina imponiendo exigencias asimétricas, donde los nuevos partidos quedarían obligados a reunir del orden de “77.000 firmas” para presencia nacional, mientras los partidos ya existentes operarían con un estatuto menos exigente.
“Barrera de entrada” vs. “barrera de salida”
La disputa está cruzada por dos modelos: quienes empujan un sistema con barreras de entrada (más difícil formar partidos) y quienes prefieren barreras de salida (más fácil formar, pero más exigente mantenerse). Mulet se ubica en el segundo grupo: “Soy partidario de la barrera en la salida… pero no hay que impedir que se hagan partidos políticos”.
En esa misma línea, el presidente de la Comisión de Gobierno Interior, el diputado Rubén Oyarzo (PR), advirtió que el proyecto requiere “mejoras” para no “entorpecer el sistema democrático”, y alertó que, tal como está, podría restringir “de manera grave” la representatividad y empujar un retroceso institucional.
El argumento “institucional”: comités y disciplina parlamentaria
Una parte del debate también se concentra en los mecanismos de orden dentro del Congreso. El abogado constitucionalista Tomás Jordán valoró elementos del proyecto como la orientación hacia partidos de alcance nacional (ocho regiones) y la regulación del financiamiento público. Pero puso reparos al salto a 0,5% del padrón: señaló que la crítica “tiene asidero” porque rigidiza el sistema y reduce competencia por acceso al Parlamento.
Jordán además destacó como relevante la regulación de los comités parlamentarios, precisamente porque uno de los problemas actuales —según su diagnóstico— es la negociación “uno a uno”, donde el Ejecutivo termina conversando proyecto por proyecto con parlamentarios individuales. El trasfondo, sin embargo, es político: institucionalizar comités puede ordenar gobernabilidad, pero también puede disciplinar más la deliberación, reduciendo márgenes para disidencias, bloques pequeños o agendas territoriales.
En la práctica: ¿orden democrático o cierre del campo político?
El oficialismo insiste en que la reforma busca gobernabilidad y reglas contra el “partido taxi” (estructuras creadas para acceder a financiamiento o cupos). La oposición y varios partidos medianos o pequeños responden que el remedio puede ser peor que la enfermedad: menos fragmentación, sí, pero a costo de restringir la competencia política, reforzando un sistema donde la representación se administra desde arriba.
Con la votación en particular asomando para la primera semana de marzo, la definición del umbral de firmas se convirtió en la piedra más pesada del zapato. Y, como suele ocurrir cuando se discute “ordenar” la política, la pelea real no es solo por porcentajes: es por quién puede existir como actor político con posibilidades reales, y quién queda condenado a la marginalidad por diseño institucional.
Si quieres, puedo hacer otra versión aún más “marxista” (más explícita en categorías como bloque en el poder, recomposición de hegemonía y disciplina institucional), o una versión más neutra tipo cable, manteniendo las citas y el orden de hechos.