En las últimas 72 horas, el Sahel volvió a mostrar cómo la “estabilidad” se está construyendo con dos herramientas que suelen marchar juntas: militarización y control de los circuitos económicos. Mientras la Alianza de Estados del Sahel (AES) anunció un aumento de su fuerza conjunta a 6.000 efectivos, Ghana activó un operativo para evacuar a comerciantes atacados en el norte de Burkina Faso y, en paralelo, la interrupción del corredor Nigeria–Niger puso bajo presión un comercio estimado en US$1.300 millones.
Por Equipo El Despertar
La señal política más nítida llegó desde la AES (Mali, Burkina Faso y Níger): un reporte difundido el 18 de febrero da cuenta de que el bloque decidió elevar de 5.000 a 6.000 el tamaño de su fuerza conjunta. El anuncio se enmarca en la promesa de las juntas militares de “recuperar” el control territorial frente a la violencia armada y el avance de grupos insurgentes, apoyados por las potencias coloniales, pero también en una apuesta de poder: concentrar mando, presupuesto y legitimidad pública en el aparato coercitivo del Estado.
En esa misma línea, el presidente de Níger, Abdourahamane Tiani, fue citado alertando sobre “mercenarios” y sobre presiones externas, aludiendo a un clima donde la seguridad se vuelve argumento para reorganizar alianzas y justificar decisiones excepcionales. En clave material —y aquí el lente marxista ayuda a leer lo que suele quedar fuera del titular— la pregunta que aparece detrás del “más tropas” es quién paga: en economías de base primaria y con alta informalidad, el gasto de seguridad suele financiarse recortando Estado social o cargando costos indirectos sobre las mayorías (impuestos al consumo, encarecimiento del transporte, y deterioro de servicios).
El costo social se volvió tangible con la reacción de Ghana tras un ataque ocurrido en el norte de Burkina Faso. En una nota fechada el 18 de febrero, se informó que el gobierno ghanés anunció planes para evacuar a comerciantes heridos que habían cruzado “por negocios rutinarios”, y que el presidente John Mahama confirmó que siete comerciantes ghaneses murieron en la emboscada. También se reportó que la asociación nacional de comerciantes de tomate suspendió importaciones desde Burkina Faso tras el hecho, mostrando cómo la violencia se traduce rápidamente en cortes de abastecimiento y pérdida de ingresos para trabajadores, transportistas y mercados populares.
En paralelo, la dimensión “económica” del conflicto —a menudo tratada como un tema técnico— volvió al primer plano por la frontera y los corredores logísticos. Un reporte de tralac del 18 de febrero señaló que el cierre del corredor norte de Nigeria hacia Níger puso en riesgo unos US$1.300 millones de comercio a lo largo de la ruta transahariana que conecta a países sin litoral del Sahel con varios vecinos. Incluso cuando se anuncian reaperturas o ajustes en cruces específicos, el dato de fondo es que en el Sahel la frontera no es solo una línea: es un dispositivo de poder que puede asfixiar (o habilitar) precios, empleo y acceso a bienes básicos.
Visto desde la izquierda, estas tres piezas —fuerza militar ampliada, comercio interrumpido por la violencia, y corredores bloqueados— forman un mismo cuadro: la región vive una disputa por el control de territorio y circulación (personas, mercancías, combustible, alimentos). En ese escenario, la “seguridad” tiende a imponerse como prioridad estatal, mientras la precariedad se redistribuye hacia abajo: comerciantes, pequeños productores, transportistas y asalariados que dependen de rutas abiertas y mercados estables para sobrevivir.