En las últimas 72 horas, el oficialismo aceleró una reforma que reordena el vínculo capital‑trabajo en favor del empresariado —flexibilizando condiciones y acotando responsabilidades patronales—, mientras la respuesta estatal frente a la calle se expresó en gases, camiones hidrantes y detenciones, según reportes de medios y organismos de derechos humanos.
Por Equipo El Despertar
La ofensiva legislativa y la conflictividad social escalaron en simultáneo. El jueves 19, centrales sindicales y gremios confluyeron en un paro general y movilización al Congreso, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que avanzaba en la Cámara de Diputados. A medida que se extendía la jornada, se registraron incidentes y represión en el perímetro parlamentario, con uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes, y un saldo de personas heridas y detenidas, de acuerdo con distintos reportes.
Las cifras de detenciones variaron según la fuente consultada, pero coincidieron en que hubo un operativo de alta intensidad. La Tecla consignó “al menos 12 detenidos” (entre fuerzas federales y policía local) y reportó lesionados atendidos por emergencias, mientras C5N elevó el número “al menos” a 14 y describió un despliegue de gran escala en la zona del Congreso. En paralelo, medios señalaron que el Ministerio de Seguridad defendió el procedimiento en el marco del “protocolo” de control de manifestaciones.
El trasfondo material del conflicto no es un “debate técnico” neutral: es una disputa por quién paga la crisis y quién captura el excedente. El texto que circuló con cambios del Senado incluye modificaciones que, en la práctica, tienden a reducir el costo y el riesgo empresarial frente a la fuerza de trabajo. Por ejemplo, redefine reglas de subcontratación para que el “principal” pueda quedar eximido de responsabilidad si acredita ciertos controles documentales, y restringe la solidaridad entre empresas relacionadas a supuestos de maniobras fraudulentas o “conducción temeraria”. También amplía atribuciones patronales para alterar “formas y modalidades” de la prestación laboral dentro de ciertos márgenes, reforzando la flexibilidad como norma.
En la madrugada del viernes 20, con las calles todavía calientes, el oficialismo logró aprobar la reforma en Diputados con 141 votos a favor, 107 en contra y 1 abstención, tras una sesión extensa y cargada de tensión política. El debate dejó además una concesión táctica: se retiró el artículo que habilitaba rebajas salariales durante licencias por enfermedad, punto que había concentrado parte del repudio sindical. Ahora, el texto vuelve al Senado, con fecha prevista para el 27 de febrero.
Desde el movimiento obrero, las definiciones fueron contundentes. El diputado y dirigente sindical Sergio Palazzo resumió el sentido de clase de la reforma con una frase que, más allá de la retórica, expresa el núcleo del conflicto distributivo: “Es un brutal retroceso histórico”. En clave marxista, la escena es coherente: cuando la política busca disciplinar el trabajo y ampliar la libertad de mando del capital, la coerción estatal aparece como respaldo material del programa, no como “exceso” aislado.
La represión del jueves no fue leída como un hecho excepcional por organizaciones de derechos humanos. De hecho, venía precedida por el antecedente inmediato de la jornada del 11 de febrero —cuando el Senado dio media sanción—, que también terminó con un saldo elevado de heridos y detenidos según registros citados por organizaciones y medios alternativos, junto con denuncias por hostigamiento a la prensa en contextos de protesta.
Con el proyecto de regreso en la Cámara alta, el conflicto entra en una fase decisiva: el gobierno apuesta a consolidar por ley una nueva correlación de fuerzas laborales, mientras sindicatos, espacios de izquierda y organismos de derechos humanos anuncian que no dejarán la discusión encerrada en el recinto. En el corto plazo, el eje no es solo qué artículos se aprueban, sino qué costos sociales —y qué nivel de violencia estatal— se consideran “aceptables” para imponer una reforma que reordena, desde arriba, las reglas del trabajo en Argentin