En un fallo 6–3, el máximo tribunal estadounidense resolvió que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA) no autoriza al Presidente a imponer aranceles y recortó una herramienta clave del “trumpismo económico”. La decisión expone una pugna entre poderes del Estado y, sobre todo, entre fracciones del capital que buscan decidir quién paga el costo de la crisis y de la competencia imperial.
Por Equipo El Despertar
La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes la base legal utilizada por Donald Trump para desplegar aumentos arancelarios masivos contra otros países bajo el argumento de “emergencias” nacionales. En Learning Resources, Inc. v. Trump (y el caso consolidado Trump v. V.O.S. Selections), el tribunal sostuvo de forma directa que la IEEPA no entrega al Presidente la facultad de imponer aranceles, zanjando un conflicto que había escalado desde la Corte de Comercio Internacional y el circuito federal.
El caso giró en torno a dos paquetes de medidas: por un lado, aranceles vinculados a la narrativa de “tráfico de drogas”, que incluyeron 25% a la mayoría de importaciones desde Canadá y México y 10% a la mayoría de importaciones desde China; por otro, los llamados aranceles “recíprocos” por déficit comercial, con un piso de al menos 10% “a todas las importaciones de todos los socios comerciales”, y tasas superiores para decenas de países, con modificaciones sucesivas posteriores.
En su razonamiento, la Corte fue al corazón de la arquitectura constitucional del poder económico: recordó que el Artículo I entrega al Congreso —no al Ejecutivo— la facultad de “poner y recaudar” impuestos y derechos aduaneros. En esa lógica, el propio Gobierno reconoció que el Presidente no tiene autoridad inherente en tiempos de paz para imponer aranceles, y que su defensa dependía únicamente de estirar la IEEPA hasta convertirla, en los hechos, en una delegación total de la política arancelaria.
Ese estiramiento, para la mayoría, no era una simple discusión técnica: habilitaría tarifas “de monto y duración ilimitados… sobre cualquier producto de cualquier país”, algo que —según el tribunal— no puede inferirse de lenguaje ambiguo. Tres jueces (Roberts, Gorsuch y Barrett) además invocaron la lógica de las “major questions” para subrayar que una potestad tan “altamente consecuencial” exige autorización legislativa clara.
Hubo fisuras internas relevantes. Las juezas Kagan, Sotomayor y Jackson concurrieron en el resultado (aranceles inválidos bajo IEEPA), pero marcaron distancia de parte del camino argumental (especialmente la doctrina de “cuestiones mayores”). En minoría, Thomas y Kavanaugh (con apoyo de Alito) defendieron la idea de que la mayoría malinterpretó el alcance de la IEEPA frente a lo que consideran emergencias económicas.
Desde una lectura marxista, este fallo no debe leerse como un cuento moral sobre “límites saludables” del poder, sino como una pelea dentro del propio aparato estatal burgués por quién administra la coerción económica. Los aranceles, en la práctica, funcionan como un impuesto que se transmite por cadenas de precios y costos: lo pagan sectores populares mediante encarecimiento del consumo, y también lo usan patronales para justificar despidos, ajustes o rebajas salariales en nombre de la “competitividad”. Que la Corte le quite esa palanca al Ejecutivo no elimina el contenido de clase de la medida: simplemente lo reubica en el terreno del Congreso y de la negociación entre lobbies empresariales, donde distintas fracciones del capital disputan si conviene “proteger” mercados internos o abaratar importaciones para sostener márgenes y consumo.
En términos inmediatos, la decisión golpea la pretensión de Trump de gobernar la política comercial como “estado de excepción” permanente. Pero no significa el fin de toda ofensiva arancelaria: varios gravámenes previos o paralelos —como los ligados a acero/aluminio o al sector automotriz— pueden sostenerse bajo otras normativas. Además, queda abierta la pelea por los efectos prácticos: desde cómo se readecúan medidas en curso hasta si habrá (o no) devoluciones por aranceles ya cobrados, un punto que distintas coberturas advierten como incierto y litigable.
La señal política de fondo es clara: el tribunal cerró una puerta específica (IEEPA como “cheque en blanco” para tarifas), pero el imperialismo económico estadounidense no se agota en una ley ni en un Presidente. Las herramientas de presión comercial, sanciones y control de cadenas de suministro siguen disponibles —y se activan según necesidades del capital y del Estado—, aunque ahora Trump queda obligado a buscar otra arquitectura legal o a forzar al Congreso a cargar con el costo político de arancelar a medio planeta.