La Cancillería calificó la medida como “unilateral”, rechazó las acusaciones y citó al embajador Brandon Judd para exigir fundamentos y conocer la identidad de los afectados. Washington, por su parte, justificó la sanción migratoria aludiendo a supuestas acciones que habrían “comprometido” infraestructura crítica de telecomunicaciones, en un contexto de disputa geopolítica por redes y datos.
Por Equipo El Despertar
El Gobierno de Chile informó este viernes 20 de febrero que recibió con “sorpresa” el anuncio del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la revocación de la visa oficial de ingreso para tres funcionarios del Ejecutivo, acusados —según Washington— de participar en actividades que “socavan la seguridad regional”. En un comunicado, la Cancillería rechazó las imputaciones y sostuvo que Chile “descarta categóricamente” involucrarse en acciones contra la seguridad de otros países, además de condenar “cualquier medida unilateral” que vulnere la independencia y el derecho soberano del país a tomar decisiones propias.
En la misma declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que el canciller Alberto van Klaveren citó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para que explique los fundamentos de la decisión y entregue los nombres de los funcionarios afectados, subrayando que Chile no había recibido notificación oficial previa y cuestionando que se hagan anuncios públicos sin el procedimiento diplomático habitual.
La sanción, según reportes de prensa chilena, no corresponde a un bloqueo financiero sino a una medida migratoria (restricción/revocación de visa) asociada a la acusación estadounidense de que estos funcionarios habrían respaldado acciones que “comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones”. En la cobertura también se recoge que el mensaje fue atribuido al secretario de Estado Marco Rubio y se enmarcó en un lenguaje de “seguridad regional”.
El conflicto se instala sobre un terreno altamente sensible: la soberanía tecnológica. En Chile, el debate por “conexión 5G” no se reduce a antenas o telefonía, sino al ecosistema completo que hace posible el flujo de datos: fibra óptica, cables submarinos, centros de datos, proveedores y estándares. En ese marco, medios chilenos han vinculado la tensión con la disputa por infraestructura estratégica y con advertencias públicas desde la representación estadounidense en Santiago sobre el riesgo geopolítico de ciertos proyectos de conectividad con participación china.
Desde una lectura marxista, lo ocurrido puede entenderse como algo más que un “impasse diplomático”: es una señal de coerción propia de la competencia interimperial (o entre grandes bloques de capital) por el control de redes, rutas digitales y, sobre todo, de la renta que se extrae del tráfico de información. El capitalismo contemporáneo trata la infraestructura digital como una palanca de acumulación (por contratos, patentes, hardware, nube, vigilancia y monopolios de plataforma). Por eso, cuando un país periférico intenta diversificar alianzas o rutas tecnológicas, las potencias recurren a herramientas “de bajo costo” político —como sanciones individuales o restricciones de visado— para disciplinar decisiones soberanas sin necesidad de un conflicto abierto.
En la práctica, la pugna no se expresa como una discusión transparente sobre bienestar social o conectividad universal, sino como una disputa entre Estados que actúan como administradores de intereses estratégicos del capital: quién certifica equipos, quién pone la norma, quién aloja y transporta datos, quién captura los márgenes. Y cuando esa pulseada escala, los costos suelen descargarse hacia abajo: más incertidumbre regulatoria, mayor presión sobre decisiones públicas, y el riesgo de que la política de infraestructura termine subordinada a “alineamientos” externos antes que a una planificación democrática orientada por necesidades sociales.
Por ahora, el punto duro es que EE.UU. no transparentó públicamente —al menos en la comunicación citada por Chile— los nombres ni los hechos específicos, y Chile sostiene que ni siquiera medió notificación oficial previa, elevando el asunto al plano de una relación bilateral donde la propia Cancillería recalca la densidad histórica y estratégica del vínculo, pero cuestiona el método.