Desde la medianoche del domingo 22 de febrero, el pasaje adulto en buses del sistema Red Metropolitana subirá a $795 y la tarifa punta de Metro y trenes llegará a $895. El Panel de Expertos justificó el ajuste en nombre del “equilibrio” financiero del sistema, mientras el alza reabre una discusión de fondo: cuando el transporte es una condición para trabajar, estudiar o atenderse, cada peso extra opera como un descuento directo al salario.
Por Equipó El Despertar
El Panel de Expertos del Transporte Público resolvió un nuevo ajuste de $25 en las tarifas del transporte público de la Región Metropolitana, que comenzará a regir desde el domingo 22 de febrero. Con la medida, la tarifa adulta de buses quedará en $795, y el Metro (al igual que los trenes integrados al sistema) llegará a $895 en horario punta.
Hasta ahora, el sistema informaba una tarifa adulta de buses de $770, mientras Metro operaba con valores diferenciados por horario: $870 en punta, $790 en valle y $710 en baja. El reajuste aprobado empuja ese piso hacia arriba en todos los tramos, trasladando el costo del “ajuste” al bolsillo cotidiano de quienes dependen del transporte público para sostener su vida diaria.
El propio Panel defendió el incremento como una corrección ligada a la caja del sistema tras periodos de congelamiento tarifario. Según expuso su presidente (s), Jorge Hermann, ese congelamiento “implica menores ingresos para el sistema en el mediano-largo plazo” y, en su lectura, el reajuste apunta a mantener el balance financiero.
Pero el dato político no es menor: esta alza se transforma en la sexta aplicada desde el descongelamiento, acumulando $95 de incremento en menos de cuatro años (con ajustes previos en 2023, 2024 y 2025). En otras palabras, el “goteo” tarifario vuelve a instalarse como normalidad, incluso cuando el transporte público es una infraestructura social básica, no un lujo de consumo.
Desde una lectura marxista, el punto de choque no es solo el monto, sino la dirección de la solución: cuando se invoca la “responsabilidad fiscal” para justificar el alza, lo que se está decidiendo —en los hechos— es quién paga la estabilidad del sistema. Y en una ciudad segregada, donde amplios sectores viven lejos de los centros de empleo y servicios, el pasaje funciona como un peaje de clase: no se paga por “moverse”, se paga por acceder a trabajar, por llegar a un turno, a una consulta o a una sala de clases. Cada reajuste, por pequeño que se presente, opera como una transferencia cotidiana desde el ingreso del trabajo hacia el costo de reproducción de la metrópolis.
Junto con las tarifas, el Panel también informó un valor asociado a la “Tarifa Inteligente Dale QR”, fijándola en $42.000 a partir del 1 de marzo. En la práctica, este tipo de instrumentos puede aliviar a quienes logran calificar y usarlo intensivamente, pero no elimina el problema estructural: la tendencia a cuadrar el sistema con cargo al usuario, en vez de discutir una financiación más progresiva y estable.
Con el alza ya definida, el debate vuelve inevitablemente a la pregunta de fondo: si el transporte público es un derecho social que organiza la vida urbana, ¿por qué su “equilibrio” se asegura tan seguido con el aporte de quienes menos margen tienen para absorberlo? En Santiago, la tarifa no es un número técnico: es una decisión sobre clase, tiempo y acceso.