El Congreso peruano ungió al parlamentario José María Balcázar (Perú Libre) como titular del Legislativo y, por sucesión, lo dejó a cargo del Ejecutivo “por encargo” hasta el recambio de julio. Mientras Balcázar promete una “transición democrática electoral pacífica”, el Partido Comunista del Perú – Patria Roja rechaza el relevo y acusa que la salida busca sostener el orden neoliberal y la agenda del bloque dominante.
Por Equipo El Despertar
La crisis política peruana sumó un nuevo capítulo en la madrugada del 19 de febrero, cuando el Congreso eligió a José María Balcázar Zelada como presidente del Parlamento y, con ello, quedó habilitado para asumir la Presidencia de la República “por encargo”, en el marco del vacío institucional que arrastra el país tras sucesivos colapsos del Ejecutivo. En la votación plenaria, Balcázar fue respaldado por 83 congresistas, consolidando una mayoría coyuntural en un escenario marcado por censuras cruzadas, recomposición de alianzas y disputas internas por el control del Estado.
El movimiento ocurre apenas dos días después de que el propio Congreso destituyera al presidente interino José Jerí mediante mociones de censura, profundizando el patrón de reemplazos acelerados que ha vuelto crónica la inestabilidad peruana. La censura a Jerí se aprobó con amplia mayoría parlamentaria y activó el reordenamiento inmediato de la Mesa Directiva, clave en un sistema donde el Legislativo —en ausencia de vicepresidencias operativas y con el Ejecutivo debilitado— puede definir la línea de sucesión.
En su primer pronunciamiento institucional como nuevo titular del Congreso, Balcázar enmarcó su rol en la idea de una “transición democrática electoral pacífica”, insistiendo en que su tarea principal es conducir el periodo de paso hasta el traspaso de mando, fijado para el 28 de julio, cuando deben asumir autoridades elegidas en los comicios programados para abril. En otras palabras: administrar la crisis sin alterarla, garantizar continuidad estatal y custodiar el itinerario electoral definido por las élites políticas que hoy controlan el Parlamento.
Pero el hecho de que Balcázar provenga de Perú Libre —una fuerza que se reivindica de izquierda— no implica, ni de cerca, un alineamiento automático del campo popular. Desde una lectura marxista, lo central no es la etiqueta, sino qué bloque de poder sostiene al gobierno de turno y qué intereses se preservan con el “orden” que se intenta recomponer: continuidad de la arquitectura neoliberal, disciplinamiento social y administración de la conflictividad para asegurar gobernabilidad a los grupos económicos y al aparato estatal.
Esa fractura quedó expuesta de inmediato con la reacción del Partido Comunista del Perú – Patria Roja, que emitió un pronunciamiento rechazando el nombramiento. Allí sostuvo que la designación de Balcázar como presidente “por parte del Congreso” es una “maniobra” del “pacto mafioso” para consolidar el control político y sostener el modelo neoliberal, y remarcó que el nuevo interino “no representa a la izquierda”.
En ese mismo posicionamiento, Patria Roja plantea que el problema no se reduce a un recambio de nombres, sino a la forma en que el Congreso opera como bisagra de un régimen que, en su visión, bloquea salidas democráticas de fondo y protege a los responsables estructurales de la desigualdad y la violencia estatal. Su crítica apunta a que la “transición” que se ofrece desde arriba funciona como contención: se cambia la figura en la cima mientras se mantiene intacta la maquinaria que produce crisis y precariedad.
Así, la presidencia interina de Balcázar arranca con una contradicción de base: se presenta como un puente “institucional” para llegar a las urnas, pero nace de un Congreso cuya legitimidad social está erosionada por la seguidilla de destituciones y por su papel como administrador del bloqueo político. En el corto plazo, el interinato se juega en tres planos decisivos: (1) asegurar el calendario electoral sin más colapsos, (2) contener la conflictividad social sin abrir reformas estructurales y (3) disputar el sentido de “estabilidad”, entendida por el bloque dominante como continuidad del modelo y, por el campo popular, como condiciones materiales de vida y soberanía democrática real.