El ministro Juan Carlos Muñoz firmó un decreto que otorgaba por 30 años la concesión del cable submarino Hong Kong–Concón a CMI Chile SpA, pero el acto fue dejado sin efecto dos días después por un “error técnico”. La explicación oficial quedó enredada: Álvaro Elizalde aseguró que la revisión se decidió “antes” de la cita con el embajador de EE.UU., mientras Macarena Lobos afirmó que fue “a raíz” de esa reunión, en plena tensión diplomática por sanciones y revocación de visas.
Por Equipo El Despertar
La polémica por el cable submarino entre China y Chile escaló desde el terreno técnico al político tras conocerse que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones firmó el 27 de enero un decreto que concedía a CMI Chile SpA la instalación y operación de una red de fibra óptica submarina entre Hong Kong y Concón, con vigencia de 30 años. Sin embargo, el 29 de enero el acto administrativo fue anulado, consignándose como motivo “razones de error técnico o en su tipeo”, según los registros de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).
El episodio dejó a la vista una grieta incómoda al interior del Ejecutivo: la coexistencia de un decreto firmado —aunque no perfeccionado— con declaraciones previas que ubicaban el proyecto en un estado embrionario. El canciller Alberto van Klaveren había señalado que la iniciativa estaba en “etapas sumamente iniciales”, versión que chocó con la existencia de un documento ya suscrito y listo para iniciar su tramitación formal.
En Radio Duna, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, intentó reducir el alcance del hecho: sostuvo que se trata de una fase preliminar y que la concesión correspondería apenas a “la primera de 13 etapas”. En esa línea, enfatizó que el decreto “nunca fue enviado a la Contraloría” y, por lo tanto, no se consolidó. Pero lo más relevante fue su explicación política sobre el giro: “la decisión es antes (…) de que se reuniera con el embajador de Estados Unidos”, dijo, buscando separar la marcha atrás del contacto con Washington.
La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, entregó otra secuencia. En Radio Pauta, si bien coincidió en que el acto no se perfeccionó por no pasar por toma de razón, vinculó directamente la revisión al intercambio con el diplomático estadounidense: “tuvo una audiencia con el embajador de Estados Unidos, quien levantó algunas preocupaciones y a raíz de eso, el ministro decidió hacer una revisión más exhaustiva”, afirmó. La contradicción no es menor: en un caso, la rectificación sería una decisión administrativa previa; en el otro, una respuesta posterior a presiones o alertas externas.
Desde una lectura crítica —y especialmente desde una perspectiva marxista— lo ocurrido expone algo más profundo que un “error de tipeo”: muestra cómo la infraestructura estratégica (cables, datos, telecomunicaciones) se vuelve un campo de disputa entre bloques de poder, donde el Estado chileno aparece tensionado por intereses de capitales rivales. En esa pugna, la soberanía se invoca en discursos, pero se negocia en la práctica: el problema no es solo quién tiende el cable (capital chino) o quién sanciona (potencia estadounidense), sino cómo decisiones de alto impacto quedan atrapadas entre tecnocracia opaca, presión diplomática y un relato oficial que no logra sostener una línea común.
El trasfondo —inevitable— es la escalada de la tensión con Estados Unidos tras la revocación de visas y advertencias vinculadas a telecomunicaciones e infraestructura crítica. En ese marco, el caso del cable deja una señal inquietante: cuando la geopolítica aprieta, el Gobierno puede terminar hablando con dos voces a la vez. Y en ese ruido, lo que queda fuera —una vez más— es el debate público de fondo: qué modelo de conectividad necesita el país, bajo qué control social, con qué resguardos democráticos y para beneficiar a quién, en una economía donde la red también es un territorio en disputa.