El problema es que esta discusión aparece justo en un momento en que la infraestructura digital se ha transformado en uno de los principales campos de disputa geopolítica entre Estados Unidos y China. Los cables submarinos, los centros de datos y las redes de telecomunicaciones ya no son solo proyectos tecnológicos: son parte de la arquitectura del poder en el mundo contemporáneo.
Por Equipo El Despertar
La polémica que se ha generado en Chile en torno al proyecto de cable submarino con China, en medio de la tensión entre el gobierno de Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast, no es una discusión técnica ni administrativa. Es una discusión profundamente política sobre el tipo de inserción internacional que Chile quiere tener en el siglo XXI.
Lo primero que hay que recordar es que la idea de conectar directamente a Sudamérica con Asia mediante infraestructura digital no surge de un capricho coyuntural ni de un alineamiento ideológico con un país en particular. Es una necesidad estratégica que Chile viene discutiendo desde hace más de una década. Incluso durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera se impulsaron estudios y acuerdos para establecer un cable submarino que conectara al continente con el Asia-Pacífico. La razón es evidente: hoy la mayor parte del tráfico de datos entre América Latina y Asia pasa por rutas que atraviesan Estados Unidos, lo que implica dependencia tecnológica, mayores costos y menor autonomía digital.
Por lo tanto, cuando Chile explora alternativas para diversificar sus rutas de conectividad, lo que está haciendo es lo mismo que hacen todos los países que buscan posicionarse en la economía digital global: construir infraestructura estratégica.
El problema es que esta discusión aparece justo en un momento en que la infraestructura digital se ha transformado en uno de los principales campos de disputa geopolítica entre Estados Unidos y China. Los cables submarinos, los centros de datos y las redes de telecomunicaciones ya no son solo proyectos tecnológicos: son parte de la arquitectura del poder en el mundo contemporáneo.
Por eso no sorprende que Washington haya reaccionado con presión diplomática frente a la posibilidad de que una empresa china participe en una infraestructura estratégica en Chile. Lo preocupante es que esa presión llegue al punto de sancionar a funcionarios de un país soberano por evaluar un proyecto de conectividad. Eso ya no es diplomacia; es una forma de intervención política directa en las decisiones de otro Estado.
Pero quizás lo más llamativo de esta polémica no es la presión externa, sino las contradicciones internas que ha revelado.
Mientras desde sectores del nuevo gobierno se levantan críticas al proyecto por su vínculo con China, la vicepresidenta del Partido Republicano, Ruth Hurtado, se encuentra precisamente en China participando en intercambios para estudiar el modelo de cooperación entre el Estado y las empresas privadas en ese país. Es decir, mientras se cuestiona públicamente cualquier iniciativa tecnológica que involucre a China, al mismo tiempo se envían representantes políticos a observar cómo funciona su modelo económico.
Esto revela algo más profundo que una simple incoherencia política. Revela que incluso sectores ideológicamente muy críticos del modelo chino reconocen, aunque sea de manera implícita, que el país asiático ha desarrollado capacidades tecnológicas, industriales y comerciales que hoy influyen decisivamente en la economía global.
La verdadera discusión entonces no es si Chile debe relacionarse o no con China. Chile ya tiene a China como su principal socio comercial desde hace más de una década. La verdadera discusión es si vamos a ser capaces de relacionarnos con las distintas potencias desde una lógica de autonomía o si vamos a seguir actuando bajo presiones externas.
En el fondo, lo que está en juego es la política de desarrollo de Chile en la era digital. La infraestructura de datos, los cables submarinos, los centros de procesamiento y las redes de telecomunicaciones son hoy tan estratégicos como lo fueron en el siglo XX el petróleo, los puertos o los ferrocarriles.
Y frente a eso, Chile tiene dos caminos. Puede seguir reproduciendo una lógica de dependencia, donde las decisiones estratégicas se toman en función de los equilibrios geopolíticos de las grandes potencias. O puede construir una política de infraestructura tecnológica que responda a los intereses de largo plazo del país y de la región.
Porque si algo demuestra esta polémica es que el mundo está cambiando rápidamente. Las disputas por la infraestructura digital ya forman parte de la competencia global por el poder. Y en ese escenario, los países que no desarrollen autonomía tecnológica y capacidad de decisión propia van a terminar siendo simplemente territorios de paso para las redes y los intereses de otros.
La pregunta, entonces, no es si el cable submarino lo construye una empresa de un país u otro. La pregunta es mucho más profunda: ¿Chile quiere ser un actor soberano en la arquitectura digital del siglo XXI o un espectador de decisiones que se toman fuera de sus fronteras? Porque en esa respuesta se juega, en buena medida, el tipo de desarrollo que tendremos en las próximas décadas.