Con 34 votos a favor y pese a la férrea oposición de los controladores del balompié criollo, el Senado aprobó la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas (SADP) que pone fin a la multipropiedad, separa a la ANFP de la Federación de Fútbol y abre espacios —aunque aún marginales— para que los hinchas asomen la cabeza en un negocio que durante 20 años administraron con la opacidad de quienes manejan la plusvalía social del deporte más popular sin rendir cuentas a nadie .
LPor Equipo El Despertar
a votación del miércoles 4 de marzo en la Cámara Alta no fue un simple trámite legislativo. Fue el capítulo final —provisional, al menos— de una década de disputas por el control de un negocio que mueve más de 80 mil millones de pesos anuales solo por derechos de televisión . Lo que estaba en juego no era “el espíritu del fútbol” ni el “fair play financiero” que pregonan los comunicados institucionales, sino algo mucho más concreto: el poder para decidir el destino de esos flujos de capital, la capacidad de mantener cotos de caza exclusivos y el derecho a seguir operando en la penumbra que durante años permitió que los verdaderos dueños del fútbol chileno fueran una constelación de sociedades anónimas cuyos beneficiarios finales solían perderse en paraísos tributarios y estructuras societarias diseñadas para la opacidad .
La indicación refundacional: cuando el Estado mete la cuchara
El conflicto se precipitó en enero de 2025, cuando el Ejecutivo ingresó un paquete de indicaciones que transformaron radicalmente el proyecto original del senador Matías Walker . Hasta ese momento, la iniciativa se limitaba a “perfeccionar” el régimen de las SADP con normas específicas: más transparencia, algo de fiscalización, un poco de orden en la casa. Pero las indicaciones del gobierno apuntaron al corazón del modelo: creación de Ligas Deportivas Profesionales constituidas como sociedades anónimas, separación obligatoria entre la liga y la federación, prohibición absoluta de que los representantes de jugadores fueran dueños de clubes, y la obligación de identificar a las personas naturales detrás de los fondos de inversión .
“Lo que nosotros queremos como actividad, como fútbol chileno, es ser escuchados”, declaró Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, la concesionaria que administra Colo Colo. “En la primera etapa hubo muchas reuniones y se avanzó en un texto bastante bueno, pero después se le introdujeron cambios sustanciales que creemos que no le hacen bien a la actividad” . La queja de Mosa —secundada por 30 presidentes de clubes en una carta publicada en El Mercurio— resumía el malestar de la clase que hasta ahora había administrado el fútbol como propiedad privada: el Estado, ese actor incómodo, se atrevía a meter las narices en el negocio .
Jorge Contador, presidente de Coquimbo Unido, fue más explícito: “Hay normas refundacionales al gobierno corporativo del fútbol que no tienen nada que ver con el proyecto original. Se impone un cambio para que la ANFP se transforme en Sociedad Anónima sin ningún análisis serio de lo que eso implica” .
“La opinión de todos los actores tuvo validez, menos la de quienes invierten”
La frase más reveladora del conflicto la pronunció Felipe Muñoz, presidente de Rangers de Talca, en una entrevista que debería ser lectura obligada para entender la psicología de la clase que ha controlado el fútbol chileno: “Será anecdótico para esta tramitación que la opinión de todos los actores relacionados con el fútbol tuvo validez, menos la de quienes invierten y dirigen la actividad” .
La declaración es una joya de autoconciencia de clase. Muñoz no oculta su asombro: ¿cómo es posible que en una sociedad capitalista se escuche a los sindicatos, a las agrupaciones de hinchas, incluso a una entidad llamada “No más ANFP”, pero no se conceda el lugar preferencial a “quienes invierten y dirigen”? Para la burguesía del balón, el fútbol es una extensión natural de sus derechos de propiedad: ellos ponen el capital, ellos mandan. Que el parlamento haya escuchado a otras voces —el Sifup, la Anjuff, las agrupaciones de futbolistas femeninas— constituye una anomalía que Muñoz no puede procesar sino como un error del sistema .
El senador Walker, sin embargo, contraatacó con los antecedentes: “Nosotros invitamos a la ANFP a exponer. De hecho, fueron con Arturo Fermandois, abogado constitucionalista, y también invitamos directamente a los clubes. Con Juan Tagle me reuní cinco veces en distintos periodos” . La acusación de falta de diálogo, según el legislador, era una cortina de humo: “Lo que pretenden la ANFP y los clubes es impedir que el proyecto se apruebe antes del cambio de mando, porque tienen la expectativa de que el nuevo gobierno retire la discusión inmediata” .
El fantasma de la FIFA como estrategia dilatoria
Cuando los argumentos técnicos no alcanzan, siempre queda invocar al organismo máximo. Pablo Milad, presidente de la ANFP y también de la Federación de Fútbol —esa doble militancia que la reforma precisamente busca eliminar—, activó el mecanismo de siempre: la carta de FIFA y Conmebol expresando “preocupación” por una posible “injerencia indebida” del Estado chileno .
La jugada es conocida. Como analiza un artículo de CIPER, “la invocación del ‘fantasma de la FIFA’ ha sido una estrategia recurrente en el fútbol chileno, como en 2012, sin que se materializaran las supuestas amenazas. Esta persistencia sugiere un profundo interés en preservar la estructura de poder y la opacidad financiera actuales, incluso si implica distorsionar la naturaleza de la propuesta legislativa” .
El senador Walker respondió con datos: la reforma chilena sigue el modelo español de 2023, donde la separación entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga se implementó sin objeciones de la FIFA. “Ninguna indicación de este proyecto constituye injerencia en los términos de sus estatutos; por el contrario, termina con los conflictos de interés, en los términos que el máximo organismo ha propiciado” .
La maniobra de Milad —informar a la FIFA sobre el proyecto y luego usar la respuesta del organismo para presionar al Congreso— fue calificada por Walker como “una maniobra desesperada de última hora” para detener una ley que amenaza un statu quo extraordinariamente lucrativo para un puñado de dirigentes .
Lo que está en juego: 80 mil millones y el control de las selecciones
Detrás de la retórica sobre la “autonomía del deporte” y el “temor a la injerencia” se esconden números concretos. La ANFP distribuyó en 2024 más de 80 mil millones de pesos a los clubes profesionales provenientes de los derechos de televisión del Canal del Fútbol (TNT Sports) . Esa torta, hasta ahora, se repartía según criterios que la propia ANFP administraba con la opacidad de quien no rinde cuentas a ningún organismo público. La falta de transparencia en la publicación de estados financieros desde 2020 o 2021, según denuncias de especialistas, es “sospechosa” y se vincula al deseo de preservar “cotos de poder” .
Pero hay más: la actual estructura entrelazada, donde la ANFP controla la FFCh, permite que los intereses económicos de los clubes profesionales dicten la política del fútbol nacional. La selección chilena, las divisiones menores, el fútbol femenino, el amateur: todo queda supeditado a las decisiones de una asamblea de presidentes de clubes que responden, en última instancia, a los intereses de sus accionistas .
Felipe Muñoz lo admitió sin tapujos cuando se le preguntó qué pasaría con las selecciones: “Eso es uno de los tantos asuntos que no está resuelto. Se pretende que los clubes no tengamos ninguna injerencia en ellas y paralelamente seguiremos siendo los formadores de jugadores para la selección. Las instalaciones deportivas que usan todas las selecciones chilenas son propiedad de la ANFP” . Traducción: si nos quitan el control de la federación, ¿con qué argumento seguimos poniendo las canchas y los jugadores que formamos con nuestros recursos?
Los puntos que se salvaron y los que cayeron
La votación final en el Senado no fue un triunfo completo para los sectores populares. Si bien el corazón del proyecto —fin de la multipropiedad, separación ANFP-FFCh, regulación de agentes, mayores atribuciones para la CMF— fue aprobado por 34 votos contra 2 abstenciones, varias indicaciones clave cayeron en el camino .
Entre los puntos rechazados están la responsabilidad solidaria de la liga respecto de deudas laborales y previsionales de clubes descendidos —una demanda histórica del Sifup para proteger a los jugadores que quedan en la calle cuando sus equipos quiebran—, la facultad de la CMF para suspender juntas de accionistas, y la posibilidad de que universidades puedan participar de la nueva liga profesional .
El senador Walker había defendido la responsabilidad solidaria argumentando que “pasa que muchos clubes pierden la categoría y les quedan debiendo plata a los jugadores, tanto en cotizaciones como en sueldos, y nadie responde” . Pero la presión de los clubes pudo más: esa norma, que habría protegido a los trabajadores del balón, fue sepultada en la votación.
El significado de clase de la reforma
Lo que la prensa hegemónica presenta como una disputa técnica entre “modernizadores” y “conservadores” del fútbol es, en realidad, una manifestación más de la lucha de clases en el terreno de la superestructura. El fútbol no es “cualquier industria”, como recuerda Roberto Rabi en un artículo de Interferencia: “Es un deporte que moviliza pasiones, identidades y sentidos de pertenencia colectivos. Cuando el regulador decide intervenir en serio un mercado capturado por sus propios actores, quienes han administrado ese mercado sienten que pierden control” .
La carta de los 30 presidentes, firmada por Pablo Milad, Aníbal Mosa, Juan Tagle y otros pesos pesados del balompié criollo, no es una defensa del fútbol chileno. “Es una defensa del statu quo”, sentencia Rabi. “Las medidas que los presidentes cuestionan no son concesiones de los clubes: son precisamente la reacción institucional frente a años de opacidad, conflictos de interés y estructuras de propiedad diseñadas para diluir responsabilidades. Digámoslo con todas sus letras: un mínimo” .
El analista va más allá: “Ninguna de dichas medidas devuelve el fútbol a sus verdaderos dueños, los socios e hinchas. Nada ni parecido al modelo alemán que se basa en la regla ‘cincuenta más uno’, que garantiza que los socios o miembros de un club conserven la mayoría del poder de voto. Ese definitivamente hubiese sido un verdadero avance” .
En efecto, lo aprobado no es una expropiación ni una nacionalización del fútbol. Las SADP seguirán siendo SADP. Los clubes seguirán siendo negocios privados. Lo que cambia —y no es poco— es que ahora deberán operar con reglas más claras, con menos espacios para la multipropiedad que distorsiona las competencias, y con una separación que impide que quienes administran el negocio profesional controlen también el desarrollo del fútbol formativo y las selecciones nacionales .
El futuro: tercera dosis en la Cámara
El proyecto pasa ahora a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde deberá ser ratificado . La ANFP y los clubes no han tirado la toalla: su estrategia será intentar introducir modificaciones en esta última instancia, aprovechando el cambio de gobierno que se producirá el 11 de marzo, cuando José Antonio Kast asuma la presidencia .
La expectativa de los controladores del fútbol es que el nuevo Ejecutivo retire la urgencia a la discusión, abriendo un espacio para nuevas indicaciones que diluyan lo avanzado . Walker ya advirtió sobre esa maniobra: “Quieren que se postergue la discusión para la próxima legislatura luego de 10 años de tramitación” .
Mientras tanto, en las tribunas y en las sedes sociales, los hinchas observan el desenlace con la cautela de quien sabe que las leyes no cambian por sí solas la correlación de fuerzas. La reactivación de la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile (Corfuch) —la histórica entidad social que representa a los hinchas del club— es un síntoma de que algo se mueve en las bases . “La Corfuch retoma su vida institucional en un momento donde la base social de los clubes reclama más participación, más voz y, sobre todo, más protagonismo”, apunta Rabi. “Este retorno no es una nostalgia inocua, sino la constatación de que los hinchas no son consumidores pasivos, sino titulares de una parte esencial del patrimonio cultural del fútbol” .
La batalla por el fútbol chileno no termina con esta votación. Apenas comienza. Y en ella se enfrentan, como en toda lucha de clases, dos concepciones irreconciliables: la que ve el deporte como una mercancía más sujeta a la lógica del capital, y la que reivindica su carácter de bien común, de espacio de encuentro popular, de identidad colectiva que no puede reducirse a balances contables y rentabilidades accionarias. Por ahora, la burguesía del balón ha perdido una batalla. Pero el partido decisivo —aquel que devuelva el fútbol a sus verdaderos dueños, los pueblos que lo hicieron grande— aún está por jugarse.