El alcalde Miguel Concha (FA) presentó una querella criminal contra la subsecretaria Carolina Leitao y tres exfuncionarios por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, revelando un perjuicio de al menos $12.223 millones en las arcas municipales, mientras la prensa hegemónica reduce a disputas personales lo que constituye la expoliación sistemática de los fondos populares mediante sobreestimación presupuestaria, ocultamiento de deudas y desvío de recursos destinados a plazas y canchas para generar caja y sostener la apariencia de solvencia de una administración que dilapidó el patrimonio comunal .
Por Equipo El Despertar
Lo que la narrativa oficial presenta como una “auditoría externa” o un “mecanismo de defraudación” debe leerse en su dimensión material: la gestión de Leitao —exalcaldesa por 12 años y actual subsecretaria de Estado— implementó un esquema que permitió autorizar gastos muy por encima de la capacidad financiera real del municipio, generando un saldo negativo de caja de $2.306 millones y una deuda flotante que superaba los $11 mil millones, mientras se entregaban a Contraloría balances que falseaban la realidad . El presupuesto 2025 destinó apenas $45 millones para sanear deudas que ascendían a $9.147 millones: una cifra que por sí sola delata la intencionalidad del ocultamiento .
La querella, ingresada al 13° Juzgado de Garantía de Santiago, detalla que “por medio de diferentes mecanismos de defraudación, durante la administración de la exalcaldesa Carolina Leitao fue posible sostener la apariencia de un buen funcionamiento financiero municipal, mientras –tras bambalinas– generaba una situación de insolvencia progresiva, causando un déficit de caja considerable, evidenciando no solo un desequilibrio contable, sino una falta efectiva de recursos líquidos y un perjuicio patrimonial concreto” . La cita, extraída del propio escrito judicial, desmiente cualquier tentación de atribuir a la “impericia” lo que tiene todos los componentes de la administración fraudulenta de los bienes comunes.
“La plusvalía social desviada: el PMU y las garantías de urbanización”
El corazón material del fraude no está en los papeles sino en el destino de los recursos. De los más de $12 mil millones sustraídos a la comunidad, cerca de $1.966 millones corresponden a fondos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) transferidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional . Estos dineros, que la ley destina a obras concretas —plazas, canchas, pavimentos— fueron utilizados para “generar caja” y financiar gastos corrientes del municipio, dejando sin rendir el 89% de esos fondos ante la repartición del Ejecutivo . A ello se suman $947 millones de boletas de garantía por urbanizaciones que nunca se ejecutaron, cobradas irregularmente para paliar la insolvencia .
El análisis de clase no puede soslayar aquí la naturaleza del desfalco: no se trata de empresarios privados desviando recursos, sino de una alta funcionaria del Estado —ex DC, actual subsecretaria del gobierno de Boric— que, junto a Patricio Escobar (exadministrador municipal), Tamara Rubio (directora de Administración y Finanzas) y Juan Pino Melo (exdirector de Secpla), orquestó un esquema que permitió duplicar el número de funcionarios a contrata (de $2.568 millones a $5.563 millones en gastos) y triplicar el pago de horas extras (de $589 millones a $1.442 millones) . Mientras la comunidad veía cómo sus demandas de infraestructura quedaban insatisfechas, la burocracia municipal engordaba su nómina y sus sobresueldos.
“Los mismos abogados, la misma trama”
Un detalle que la crónica hegemónica menciona de pasada pero que merece análisis es la composición del equipo jurídico que representa al municipio: los abogados José Pedro Silva, Miguel Schürmann y Alejandro Awad, del estudio BACS, son los mismos que llevan la querella contra Cathy Barriga en Maipú y representan a la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, en procesos similares . La reiteración del patrón —exalcaldesas de derecha o ex DC investigadas por fraudes multimillonarios, los mismos estudios jurídicos contratados para las querellas— revela la existencia de una práctica sistemática de saqueo municipal que trasciende los colores políticos y se instala como método de gestión de lo público bajo el capitalismo chileno.
La auditoría encargada a Fortunato & Asociados, que detectó un déficit total de $16.318 millones —$7.666 millones solo en cuentas por pagar, $5.504 millones en pasivos omitidos—, constató que durante la administración Leitao se realizó una “sobreestimación injustificada en la proyección de ingresos” por $12.234 millones . En 2024 se presupuestaron ingresos por percibir de años anteriores por $9.465 millones, pero se recaudaron apenas $1.684 millones. Los cobros de aseo se estimaron en $2.479 millones y se recaudaron $480 millones . Estas cifras no son errores de cálculo: son la base material de una ficción contable sostenida durante cuatro años para permitir la continuidad de gastos sin respaldo.
“Persecución o contradicción interna del Estado”
La respuesta de Leitao no se ha hecho esperar y constituye, en sí misma, una confirmación de las contradicciones que atraviesan al aparato estatal. La subsecretaria acusa a Concha de “persecución” y afirma tener “absoluta convicción de que la información y datos que se entregaron en el proceso de traspaso son los que corresponden” . Agrega que “de un tiempo a esta parte he venido siendo objeto de diversas acusaciones y persecución de parte de la nueva administración”, y que espera contar con el informe para analizarlo, pues “con anterioridad ya se ha filtrado información con acusaciones que luego fueron desestimadas por la Contraloría” .
El conflicto, lejos de ser un mero “ruido en La Moneda” entre un alcalde oficialista y una autoridad de gobierno , expresa la disputa intraburguesa por el control de los excedentes comunales y la legitimidad para administrar la miseria. Mientras Concha —exfrenteamplista que ya declaró ante la PDI— se presenta como el gestor que “descubre” el desfalco, la investigación abierta de oficio por la Fiscalía Oriente avanza en paralelo . El municipio, cuyo presupuesto 2025 asciende a casi $105 mil millones, enfrenta ahora la perspectiva de que los recursos que debían destinarse a servicios para la población se consuman en litigios y reparaciones de un fraude que nunca debió ocurrir.
“El pueblo paga, la burguesía administra”
La enseñanza que deja el caso Peñalolén para las masas trabajadoras es diáfana: independientemente del sello político de quien ocupe el sillón municipal, la lógica de la gestión capitalista de lo público tiende a producir estos resultados. La sobreestimación de ingresos, el ocultamiento de deudas y el desvío de fondos con destinación específica no son anomalías sino prácticas estructuralmente posibles en un Estado que administra los recursos de todos en beneficio de una clase.
Los $12.223 millones defraudados —que podrían haber construido cientos de plazas, decenas de kilómetros de pavimento o financiado programas sociales durante años— se evaporaron en gastos de personal sobredimensionado, horas extras triplicadas y una “apariencia de buen funcionamiento” que permitió a Leitao abandonar el municipio para asumir como subsecretaria de Prevención del Delito, cargo desde el cual hoy debe responder ante la justicia .
Mientras la prensa comercial debate si esto es “fraude” o “mala gestión”, si Concha actúa por “persecución” o por “deber cívico”, el pueblo de Peñalolén —y el conjunto de la clase trabajadora chilena— asiste a un nuevo episodio de la crónica anunciada: la plusvalía social que genera su trabajo, administrada por funcionarios que falsean balances para sostener ficciones de solvencia, termina engrosando el agujero negro de la deuda mientras las necesidades concretas quedan postergadas. El 13° Juzgado de Garantía de Santiago tiene ahora la palabra, pero la sentencia definitiva la dictarán las condiciones materiales que hacen posible que, una y otra vez, los recursos del pueblo terminen en manos de quienes juraron administrarlos .