A solo horas de asumir, el equipo económico de José Antonio Kast ha distribuido un instructivo secreto —que este medio ha podido conocer— donde ordena a todos los ministerios un ajuste fiscal de emergencia que incluye una rebaja transversal del 3% del gasto bruto más una poda adicional de USD 1.000 millones focalizada, congelamiento de contrataciones, suspensión de programas sociales, revisión policial de licencias médicas y la detención de toda nueva inversión pública, en nombre de combatir “abusos” y “fraudes” que nunca se especifican pero que servirán para justificar el desmantelamiento de lo poco que el Estado entrega a las mayorías .
Por Equipo El Despertar
Mientras los titulares de la prensa hegemónica celebran la “responsabilidad fiscal” del nuevo gobierno, los equipos técnicos de cada ministerio recibieron en las últimas horas un documento que no deja espacio para ambigüedades: el ajuste es “ineludible”, tiene “carácter permanente” y debe ejecutarse “sin excepción” . El texto, dirigido a “Estimada Ministra/o”, detalla la primera fase de un Plan de Ajuste Fiscal que reducirá el gasto público en USD 3.800 millones adicionales a lo ya recortado por Hacienda, con el objetivo declarado de recuperar el “equilibrio de las cuentas fiscales” tras 16 años de déficit en los últimos 18 y una deuda que escaló del 5% al 42% del PIB .
“No hay plata”: el mantra que justifica el saqueo de lo público
El diagnóstico que presenta el documento es lapidario y, en sus términos gruesos, certero: la deuda bruta del gobierno central pasó de 5% a 42% del PIB en las últimas dos décadas, los fondos soberanos están en mínimos históricos, la regla fiscal fue incumplida tres veces consecutivas sin mediar crisis, y el ejercicio 2025 cerró con un exceso de gasto de USD 10.000 millones por sobre los ingresos . Pero la interpretación de estas cifras, y sobre todo las soluciones que se proponen, revelan la naturaleza de clase del gobierno que se instala.
Donde un análisis de izquierda vería la necesidad de aumentar los ingresos permanentes del Estado —vía royalty minero, impuesto a los súper ricos, fin de las exenciones tributarias a las grandes empresas—, el instructivo de Kast solo contempla el camino de la poda: reducir, recortar, ajustar. “Tenemos que recuperar el orden de las cuentas fiscales”, dice el texto, como si el “orden” fuera un valor en sí mismo y no una categoría que depende de quién ordena y para beneficio de quién .
Las tres fuentes del ajuste: combate al fraude, eficiencia y austeridad
El plan se sostiene sobre tres pilares que la retórica gubernamental presenta como técnicos pero que esconden una ofensiva directa contra los derechos de los trabajadores y los sectores populares. El primero, el “combate a los abusos y el fraude”, suena inobjetable hasta que se leen las letras pequeñas: el instructivo ordena revisar “abusos funcionarios (caso licencias médicas)” y “sumarios en curso, en especial en el uso fraudulento de licencias médicas” . La persecución a los trabajadores que hacen uso de su derecho a la salud se disfraza de lucha contra la corrupción, instalando la sospecha generalizada sobre los funcionarios públicos.
El segundo pilar, “mayor eficiencia del gasto”, se traduce en medidas concretas: “Revisión de contratos de servicios (arriendos, aseo, etc…)” —lo que significa despidos indirectos de trabajadores externalizados—, “revisión de la distribución de personal por funciones” —reescripción encubierta para justificar no reemplazar a quienes se jubilen o enfermen—, y “revisión de resultados de la oferta programática vigente” —el primer paso para eliminar programas sociales que no muestren “resultados” medibles en la lógica de la rentabilidad— .
El tercer pilar, “austeridad fiscal”, es el que más directamente golpeará a las capas medias y populares. “Detener todo concurso y nueva contratación que ya no esté cerrada”, “no renovación de cupos de funcionarios acogidos a retiro”, “no reemplazos de funcionarios por enfermedad” —excepto post natal y enfermedad de hijo menor de un año—, “detener cualquier gasto que al 10 de marzo no importe una obligación legal” . En cristiano: los servicios públicos funcionarán con menos personal, las listas de espera se alargarán, los trámites demorarán más, y el Estado se retirará de territorios donde ya es débil.
Los criterios de ajuste: una hoja de ruta para desmantelar el Estado
El instructivo dedica una sección extensa a los “criterios sugeridos para la elaboración del diagnóstico en cada Ministerio”, una lista de 14 puntos que constituye el programa de gobierno real de la administración Kast en materia de administración pública. Además de los ya mencionados, destacan:
La “revisión de la distribución territorial de los Servicios con foco en la eficiencia del gasto” —eufemismo para cerrar oficinas regionales y provinciales, concentrando la atención en las grandes ciudades y abandonando a las comunas más alejadas— . La “revisión y priorización de inversiones que estén desarrollando servicios” —congelamiento de obras públicas que estaban en marcha, con el consiguiente despido de trabajadores de la construcción— . La “revisión de suscripciones y cuotas de organismos internacionales” —un guiño a la derecha más chovinista que siempre ha visto con recelo la participación de Chile en instancias multilaterales— . Y la joya de la corona: “Detener cualquier nuevo estudio y asesoría hasta nuevas instrucciones” —la paralización de toda investigación y consultoría que pueda servir para diseñar políticas públicas basadas en evidencia— .
La mecánica del ajuste: 3% transversal más USD 1.000 millones focalizados
El plan tiene dos componentes. El primero es una “rebaja transversal de 3,0% del Gasto Bruto de cada Partida” que la Dirección de Presupuestos aplicará “en forma uniforme a cada subtítulo de gastos” y se materializará en marzo mediante decreto del Ministerio de Hacienda . Es decir, todos los ministerios, sin importar la naturaleza de sus funciones, recibirán el mismo tijeretazo: tanto da que se trate de salud, educación o defensa.
El segundo componente es una “rebaja adicional a la anterior, a nivel del Sector Público, por USD 1.000 millones, focalizado por cada ministerio individualmente” . Para ello, cada cartera tiene plazo hasta el 18 de marzo para “identificar abusos en el uso de recursos fiscales, así como espacios de eficiencia y austeridad permanentes” . El equipo económico de la Oficina del Presidente Electo, según el documento, “ya ha identificado múltiples espacios de ajuste, incluidos abusos, eficiencias y medidas de austeridad en diversos ministerios” , que serán informados en las reuniones de instalación. Traducción: los recortes ya están decididos, solo se pide a los ministros que los justifiquen técnicamente.
El carácter permanente del ajuste: hacia la reforma del Estado
Quizás el aspecto más siniestro del plan es su carácter permanente. El instructivo lo enfatiza en dos ocasiones: “El ajuste tiene carácter permanente; en consecuencia, su análisis deberá considerar tanto el efecto en el año 2026, como sus efectos en el mediano plazo” . Y más adelante: “Los ajustes que se realicen en el año 2026 serán parte de la base de formulación del presupuesto para 2027, dada la naturaleza permanente del ajuste, y su efecto será extendido a los años siguientes” .
Lo que se está gestando no es un ajuste coyuntural para enfrentar una emergencia, sino una redefinición estructural del tamaño y rol del Estado. Los USD 3.800 millones que se recortan este año se convertirán en la nueva base de cálculo para los presupuestos futuros. Lo que se elimina ahora no volverá. Los programas suspendidos, los puestos no reemplazados, las inversiones congeladas, pasarán a engrosar el cementerio de políticas públicas que la derecha siempre quiso enterrar.
La respuesta del capital: “diálogo abierto y permanente”
Mientras los ministerios reciben este instructivo, los gremios empresariales —CChC, CNC, SNA, Sonami— han salido a marcan la cancha. En las últimas 24 horas, sus presidentes han exigido al nuevo gobierno “diálogo abierto y permanente”, “puertas abiertas de los ministerios”, “incentivar la inversión del mundo privado” . La coincidencia no es casual: el ajuste fiscal que Kast aplica por el lado del gasto público es el complemento necesario de las rebajas de impuestos y desregulaciones que el empresariado espera por el lado de los ingresos.
Antonio Walker, presidente de la SNA, lo dijo sin tapujos: “Las arcas fiscales están muy escuálidas, no hay plata, y creo que incentivar la inversión del mundo privado es fundamental para el crecimiento” . El círculo se cierra: el Estado se achica para que el capital privado ocupe su lugar. Los servicios que antes prestaban ministerios y servicios públicos deberán ser suplidos por empresas privadas, con el consiguiente aumento de costos para las familias y deterioro de la calidad. La salud, la educación, la vivienda, el agua, todo se convierte en mercancía.
Lo que no se recorta: defensa, orden público y subsidios al capital
Una lectura atenta del instructivo revela lo que no se dice. La rebaja es “transversal” y se aplica a “todos los Servicios cuyo presupuesto se aprueba en la Ley N°21.796” . Pero la experiencia indica que ciertas partidas suelen quedar a resguardo: Defensa, Carabineros, inteligencia, y los subsidios directos al gran capital disfrazados de “fomento productivo”. Nada en el texto sugiere que el gobierno esté dispuesto a tocar esos rubros.
Por el contrario, el énfasis en revisar licencias médicas, perseguir “abusos funcionarios” y controlar el ausentismo laboral apunta directamente a los trabajadores del sector público. La ofensiva es clasista: se castiga a quienes viven de su salario, se protege a quienes viven de sus rentas. Los USD 10.000 millones de déficit del año pasado no se explican por el derroche de los funcionarios, sino por una estructura tributaria regresiva que el nuevo gobierno no tiene intención de modificar.
El significado de clase del ajuste
Desde una perspectiva marxista, el instructivo filtrado es un documento excepcional porque revela, sin los ropajes de la retórica política, la verdadera naturaleza del Estado capitalista y del gobierno que llega a administrarlo. El “equilibrio fiscal” que se invoca no es un fin en sí mismo, sino el medio para garantizar la confianza de los inversionistas, la estabilidad de los mercados, la reproducción ampliada del capital. Los trabajadores y sus necesidades —salud, educación, vivienda, empleo— son variables de ajuste en esa ecuación.
La “austeridad” que se predica es siempre para los de abajo. Para los de arriba, hay “diálogo público-privado”, “puertas abiertas” y “alianzas estratégicas”. Los mismos gremios que hoy exigen ser escuchados son los que han evadido impuestos por décadas, los que han externalizado riesgos y socializado pérdidas, los que han construido su riqueza sobre la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los recursos naturales.
El gobierno de Kast, que asume con el discurso de la “emergencia” y el “orden”, se dispone a ejecutar el programa que la burguesía chilena siempre ha soñado: un Estado mínimo para los pobres, un Estado máximo para los ricos. Los USD 3.800 millones de recorte no son un número abstracto: son camas de hospital que no se abrirán, profesores que no se contratarán, viviendas sociales que no se construirán, pensiones que no se pagarán. Son, en definitiva, la plusvalía de los trabajadores que, en lugar de retornar a ellos en forma de servicios, se transferirá directamente al capital vía menores impuestos y mayores ganancias.
La historia reciente de Chile —el estallido de 2019, el proceso constituyente frustrado, el gobierno de Boric que prometió cambios y terminó administrando la crisis— encuentra su epílogo lógico en este instructivo. La clase dominante recupera el control directo del Estado, y lo hace con la frialdad del que sabe que no necesita pedir permiso. El ajuste es “ineludible”. Debe aplicarse “sin excepción”. Y tendrá “carácter permanente”. Los trabajadores chilenos, una vez más, pagarán la cuenta de una crisis que no generaron, mientras los empresarios celebran el retorno del “orden” que siempre les ha permitido dormir tranquilos.