En una jugada de alto voltaje simbólico coordinada entre las ultraderechas trasandinas, el presidente argentino Javier Milei firmará este jueves un decreto de extradición del excomandante frentista Galvarino Apablaza, en lo que constituye el primer gesto político hacia su par chileno José Antonio Kast. Sin embargo, mientras los medios hegemónicos celebran el “fin de la impunidad”, el abogado del exiliado desmonta la operación mediática: “Es refugiado político y mientras ese estatus esté vigente no hay ninguna posibilidad de hablar de otra cosa”, advierte, calificando todo el montaje como un “circo” montado al alero de la asunción de Kast .
Por Equipo El Despertar
La maquinaria propagandística de la derecha latinoamericana se puso en marcha este miércoles con bombos y platillos. La senadora argentina Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Milei y figura clave en el giro represivo del nuevo gobierno trasandino, confirmó a la prensa que la extradición de Galvarino Apablaza es “inminente” y que el decreto respectivo será firmado este jueves a las 9:30 de la mañana . La noticia, replicada acríticamente por la gran prensa chilena, llegaba justo a tiempo para que Kast pudiera celebrar su primer triunfo en materia de “mano dura” a solo 24 horas de haber asumido la presidencia.
Sin embargo, quienes conocen los entresijos legales del caso matizan radicalmente el entusiasmo oficial. Rodolfo Yanzon, abogado de Apablaza en Argentina, fue tajante en sus declaraciones a 24 Horas: “Apablaza es refugiado político y mientras ese estatus de refugiado esté vigente, no hay ninguna posibilidad de hablar de otra cosa” . El jurista recordó que “el proceso de extradición está concluido” y que, “aunque cayera el refugio, no hay extradición”, en una advertencia directa a quienes pretenden presentar como un hecho consumado lo que aún enfrenta barreras legales insalvables .
“CREO QUE TODO ESO TIENE QUE VER MÁS QUE NADA CON LA ASUNCIÓN DE KAST, QUE SIGA EL CIRCO”
La declaración más ácida de Yanzon apunta directamente al corazón político de la operación. Consultado sobre el timing de los anuncios, el abogado sentenció: “Creo que todo eso tiene que ver más que nada con la asunción de Kast, que siga el circo, no hay nada serio en todos estos trascendidos. Es todo lo que tengo que decir” . Con estas palabras, el jurista desnuda la naturaleza esencialmente propagandística de un anuncio que busca rentabilizar electoralmente un proceso que, en los hechos, enfrenta obstáculos jurídicos de fondo.
El “circo” al que alude Yanzon tiene una fecha y un escenario perfectamente identificados: la asunción de Kast en Valparaíso, donde el ultraderechista chileno compartió palco con Milei y otros mandatarios de la región. La extradición de Apablaza, presentada como un gesto de “hermandad” entre ambas derechas, permite a Milei mostrarle a su par chileno que cumple sus promesas, y a Kast exhibir ante su electorado más duro que ya está obteniendo resultados concretos en materia de “seguridad” y “justicia”.
LA UDI CELEBRA MIENTRAS SUS BANCADAS DEFIENDEN A EMPRESARIOS CONDENADOS
Mientras tanto, en Chile, la directiva de la UDI no ha perdido un minuto en capitalizar políticamente la noticia. Su timonel, Guillermo Ramírez, exigió a “todas las autoridades chilenas y argentinas que hagan todo lo posible para que se produzca la extradición en el menor plazo posible” . Su secretario general, Juan Antonio Coloma, fue más enfático: “Los asesinos deben estar presos” .
Lo que la gran prensa omite sistemáticamente es el doble estándar de estos mismos parlamentarios. Como recordó el propio medio T13 en su cobertura, estas declaraciones se dan “en medio de la controversia que generó el proyecto de suspensión y conmutación de penas para adultos mayores y enfermos terminales que la UDI respaldó en el Senado” . El mismo proyecto que beneficiaría a numerosos empresarios condenados por colusión, estafas y delitos económicos, y que cuenta con el respaldo de los mismos legisladores que hoy claman por “mano dura” contra un exguerrillero de 75 años.
La justicia burguesa muestra una vez más su verdadero rostro: selectiva, clasista y al servicio de los intereses de la clase dominante. Los “asesinos” que deben estar presos son siempre los de abajo, los que empuñaron armas contra la dictadura o contra sus colaboradores civiles. Los de arriba, los que se coluden para encarecer los pollos o los medicamentos, merecen “reinserción social”, “segundas oportunidades” y conmutación de penas.
LA HISTORIA DE APABLAZA Y EL FUTURO INCIERTO DE LA EXTRADICIÓN
Galvarino Apablaza, hoy de 75 años, no es un delincuente común: es un producto de la historia de lucha de clases en Chile. Militante de las juventudes comunistas, fue detenido y torturado tras el golpe de Estado de 1973, para luego ser expulsado como exiliado político. Pasó por Panamá y luego por Cuba, donde se formó militarmente, alcanzando el grado de comandante y adoptando el nombre de guerra “comandante Salvador” .
En 1986 regresó a Chile y participó en el fallido atentado contra Augusto Pinochet. En 1988 asumió el liderazgo del FPMR, y desde esa posición habría participado en la planificación del asesinato de Jaime Guzmán (abril de 1991) y el secuestro de Cristián Edwards (septiembre del mismo año), acciones enmarcadas en la resistencia contra los remanentes de la dictadura que aún controlaban importantes cuotas de poder durante la transición pactada .
Apablaza abandonó Chile en 1994 y se radicó en Argentina. Fue detenido en 2004, y la Corte Suprema argentina autorizó su extradición en 2010, pero a condición de lo que resolviera la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE). Esa comisión le concedió el estatus de refugiado político en 2010, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo que le permitió permanecer en Argentina a pesar del fallo de la Corte .
Fue el gobierno de Mauricio Macri el que en 2017 revocó ese estatus, pero Apablaza apeló y el caso permaneció en un limbo judicial hasta mediados de febrero de este año, cuando la justicia argentina finalmente confirmó la revocación del asilo . Sin embargo, como advierte su abogado, la revocación del refugio no implica automáticamente la extradición, y mientras haya recursos pendientes, “no hay ninguna posibilidad” .
LA COORDINACIÓN DE LAS DERECHAS Y EL SIMBOLISMO POLÍTICO
El timing de los anuncios no es casual. El propio Kast, cuando era presidente electo, visitó Buenos Aires el 16 de diciembre pasado y declaró: “Esperamos que en algún minuto cumpla su condena o sea sometido a proceso como corresponde” . Días después, su par argentino Javier Milei, con quien comparte una visión ultraderechista del mundo, comenzó a allanar los últimos obstáculos burocráticos, aunque los jurídicos parecen más esquivos.
Que la firma del decreto ocurra el mismo jueves siguiente a la asunción de Kast, y que haya sido anunciada con bombos y platillos por ambos gobiernos, revela la naturaleza profundamente política del gesto, más allá de su viabilidad legal. No se trata solo de “justicia”: se trata de sellar una alianza entre las fracciones más reaccionarias del capital en ambos países, aquellas que ven en la mano dura contra la disidencia política un pilar de su proyecto de dominación.
EPÍLOGO: ENTRE EL “CIRCO” MEDIÁTICO Y LA REALIDAD JURÍDICA
Cuando Milei estampe su firma este jueves, las cámaras de todo el continente registrarán el momento. Los titulares hablarán de “extradición inminente” y “fin de la impunidad”. Pero en su parcela al oeste de Buenos Aires, Galvarino Apablaza permanecerá, al menos por ahora, gracias a los intrincados mecanismos de la misma justicia burguesa que hoy lo persigue.
El “circo” del que habla su abogado seguirá su curso, alimentando a las bases más radicalizadas de la derecha mientras los verdaderos problemas de la clase trabajadora —la inflación, la precariedad laboral, la salud y la educación privatizadas— quedan una vez más en segundo plano. La justicia selectiva muestra sus cartas: para los de abajo, la cárcel y el escarnio público; para los de arriba, las rebajas de penas y las segundas oportunidades. Y mientras tanto, el espectáculo continúa.