En su primer día de gobierno, la administración de José Antonio Kast pone en marcha el esquema salarial diseñado por una comisión técnica que fija remuneraciones blindadas para las altas autoridades, con reajustes automáticos por IPC y generosos “gastos de representación”, en un gesto que contrasta brutalmente con el llamado al “sacrificio fiscal” que se exige a las mayorías populares para reducir el déficit del Estado .
Por Equipo El Despertar
Atrás quedo la promesa de bajar su sueldo a la mitad. Justo el mismo 11 de marzo en que asumía el nuevo gobierno, comenzó a regir el sistema de remuneraciones para las altas autoridades del Estado, aprobado por la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, un órgano técnico y autónomo que ha determinado sueldos brutos, únicos y totales para los altos cargos públicos . La sincronía no es casual: la nueva administración necesitaba tener amarrado este mecanismo que asegura, para todo el período presidencial, la dieta de sus principales figuras, aislándolas de cualquier cuestionamiento o presión popular.
La estructura salarial es una pirámide perfecta de la jerarquía burguesa. En la cúspide, el Presidente de la República recibe una remuneración cercana a los $11 millones brutos mensuales, el nivel más alto del sistema, en coherencia con su rol como jefe de Estado y de Gobierno . Inmediatamente debajo se sitúan los ministros de Estado, seguidos por los parlamentarios —senadores y diputados—, cuya dieta será equivalente a la de un ministro . Pero el esquema añade un escalón superior dentro del gabinete: los titulares de las carteras consideradas “estratégicas” —Interior, Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa y la Secretaría General de la Presidencia— gozarán de remuneraciones diferenciadas, por encima del resto de sus colegas . Son los ministerios que gestionan la explotación económica, la represión interna, la proyección internacional del capital chileno y el control político del Estado.
LA LETRA CHICA DEL PRIVILEGIO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y REAJUSTE AUTOMÁTICO
El blindaje, sin embargo, no termina en el sueldo base. El nuevo sistema mantiene beneficios complementarios establecidos en la legislación vigente, como viáticos, asignaciones de zona y de zonas extremas. Pero la joya de la corona son los gastos de representación, que se calcularán como el 30% del sueldo base correspondiente al grado del cargo en la Escala Única de Sueldos . Un 30% adicional, sin rendir cuentas a nadie más que a la propia autoridad, para “representar” al Estado… que no es más que representar los intereses de la clase dominante.
Además, las remuneraciones tendrán un reajuste inicial equivalente a la variación del IPC por una sola vez, y luego un mecanismo de reajustabilidad anual basado en la inflación de los 12 meses previos a noviembre . Con este artificio técnico, la comisión dice buscar “reglas claras, objetivas y estables” y “reforzar la transparencia” . Lo que realmente consigue es garantizar que el poder adquisitivo de la elite política jamás se erosione, incluso en contextos de crisis donde los salarios del resto de los trabajadores se congelan o devalúan. Mientras a los funcionarios públicos se les exige eficiencia y recortes, a las altas autoridades se les asegura que su ingreso correrá paralelo a la inflación.
LOS ASESORES: UNA CASTA BIEN REMUNERADA AL SERVICIO DEL PODER
La comisión también fijó por primera vez un sistema estructurado para determinar los honorarios de los asesores directos de las autoridades, legalizando y jerarquizando una práctica que antes quedaba al arbitrio de cada jefe de servicio . El nuevo modelo establece que los honorarios máximos de estos asesores se calcularán como un porcentaje de la remuneración bruta mensual de la autoridad a la que asesoran. Y los porcentajes son sencillamente escandalosos para cualquier trabajador común: los asesores senior podrán recibir hasta el 80% de la remuneración de la autoridad asesorada; los asesores de comunicaciones, hasta el 60% ; y los asesores junior, hasta el 40% .
Dependiendo del tipo de asesor, la experiencia profesional y la calificación académica, un puñado de privilegiados podrá ganar sueldos cercanos a los de un ministro o subsecretario, sin pasar por los rigores de la elección popular ni la exposición pública. Coordinadores de asesores, asesores estratégicos o principales, asesores senior, de comunicaciones y junior completan el organigrama de una nueva casta burocrática que vivirá de la plusvalía que genera el trabajo de las mayorías.
Eso sí, el sistema también fija restricciones según el tipo de autoridad, dejando claro quiénes mandan y quiénes obedecen en la jerarquía estatal. Subsecretarios, directores de servicio y gobernadores regionales no podrán contar con asesores estratégicos ni coordinadores, mientras que los secretarios regionales ministeriales solo podrán contratar asesores junior . La pirámide se replica hasta en los detalles más finos.
EL MENSAJE DE CLASE DEL NUEVO GOBIERNO
Mientras el gobierno de Kast anuncia recortes del gasto público del 3% en todos los ministerios, revisión de contratos y congelamiento de reemplazos de funcionarios, el nuevo sistema de remuneraciones deja en evidencia quiénes son los intocables. No se tocará un peso de los $11 millones del Presidente, ni de las dietas parlamentarias, ni de los asesores que ganan hasta el 80% de sus jefes. El “sacrificio fiscal” que se pide a la población se traduce en menos servicios públicos, menos personal, menos atención, mientras la elite política blinda sus privilegios con reajustes automáticos y gastos de representación.
En definitiva, lo que entra en vigencia este 11 de marzo no es solo un nuevo sistema de sueldos. Es la confirmación, en números y porcentajes, de que el Estado chileno sigue siendo, ante todo, un comité de administración de los negocios de la burguesía. Y sus altos funcionarios, lejos de ser servidores públicos, son los administradores privilegiados de ese comité, que se aseguran de vivir muy bien mientras gestionan la pobreza ajena.