El gobierno presentó en Arica su Plan Escudo Fronterizo, una iniciativa que pone a un vicealmirante en retiro como “comisionado” para coordinar a las Fuerzas Armadas, policías y servicios públicos en el control de la frontera norte. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció que se evaluarán nuevas facultades para los militares, en una escalada securitaria que busca contener la migración irregular mientras el modelo económico sigue necesitando trabajadores migrantes para la gran minería y la agricultura de exportación. La “porosidad” de la frontera no es el problema; la función de clase del Estado es administrar la migración según las necesidades del capital.
Por Equipo El Despertar
Arica. Con la parafernalia propia de las grandes operaciones militares, el presidente José Antonio Kast aterrizó este lunes en la Región de Arica para lanzar el Plan Escudo Fronterizo, una de sus promesas estrella de campaña. Lo acompañaba su ministro del Interior, Claudio Alvarado, y una comitiva que incluye al nuevo “comisionado presidencial de la Macrozona Norte”, el vicealmirante en retiro de la Armada, Alberto Soto .
El ministro Alvarado explicó que Soto será el encargado de “coordinar las diferentes instancias y servicios públicos que dicen relación con este Plan Escudo Fronterizo”. La justificación técnica: “Intervienen muchas entidades, Fuerzas Armadas, policías, servicios públicos, y muchas veces, al no tener una coordinación adecuada y oportuna, no se avanza con la velocidad que se requiere” . La solución, según el gobierno, es poner a un militar a cargo.
La doctrina de la “coordinación” y el mando único
“Teniendo este ente coordinador, se hace posible que las acciones se dirijan en un solo sentido y se avance con un propósito común”, añadió Alvarado . Detrás de esta jerga gerencial se esconde una doctrina que Chile conoce bien: la militarización de la política. No se trata solo de que los militares patrullen, sino de que un militar diseñe la estrategia, coordine a los civiles y, en los hechos, ejerza un poder que debería ser propio de las autoridades políticas electas.
La figura del “comisionado” no es nueva en la historia de la derecha chilena. Durante el estallido social, los generales terminaron definiendo el despliegue de las tropas en las calles. Ahora, en tiempos de “paz”, la frontera norte se convierte en un laboratorio de lo que viene: un Estado con mando militar para los territorios pobres, mientras las comunas ricas siguen gobernadas por alcaldes y concejales.
Las FF.AA. y la “evaluación” de nuevas facultades
Consultado sobre si se otorgarán nuevas facultades a las Fuerzas Armadas, el ministro fue cauto pero dejó la puerta abierta: “Son materias que iremos evaluando en el transcurso del tiempo. La primera etapa es evitar la migración irregular, y para eso, disminuir la porosidad de la frontera” . El plan contempla intervenir “una longitud del orden de 500 kilómetros en distintas zonas del norte grande de nuestro país, donde están detectados los pasos irregulares” .
La promesa es “disminuir la porosidad”, como si la frontera fuera un colador que hay que tapar. Pero la metáfora es falsa: las fronteras no son agujeros en un queso, son líneas dibujadas por la historia y la violencia colonial. Y la migración no es un fenómeno natural que se detiene con vallas y militares; es un movimiento de masas impulsado por las desigualdades que el propio capitalismo global produce.
La función de clase de la frontera
Lo que el gobierno no dice es que la economía chilena necesita trabajadores migrantes. La gran minería del norte, la agricultura de exportación del centro, el comercio y los servicios de las grandes ciudades funcionan gracias a la mano de obra boliviana, peruana, colombiana, venezolana y haitiana. Son los migrantes los que realizan los trabajos más duros, peor pagados y más precarios. Son ellos los que sostienen el modelo con su fuerza de trabajo.
Pero el capital necesita esa mano de obra en condiciones de vulnerabilidad. Necesita que los trabajadores migrantes estén disponibles para ser explotados, pero también que sean “deportables”, que vivan con miedo, que no puedan organizarse ni exigir derechos. La política migratoria no busca “cerrar” la frontera; busca administrarla, seleccionar quién entra y quién no, y mantener a los que entran en un limbo jurídico que los hace más explotables.
El Plan Escudo Fronterizo es la cara visible de esa política. Mientras los militares vigilan, mientras el comisionado coordina, mientras se evalúan nuevas facultades represivas, las empresas siguen contratando migrantes sin papeles, pagándoles sueldos de miseria y amenazándolos con la denuncia si protestan.
El espejismo de la “soberanía”
El gobierno vende esta iniciativa como una recuperación de la “soberanía” perdida. Pero la soberanía que defiende no es la del pueblo chileno, sino la del capital. Se trata de proteger las fronteras para que el negocio funcione, para que los flujos migratorios no se desborden, para que la crisis humanitaria no estalle en las calles de Santiago.
Mientras tanto, los verdaderos problemas de la frontera norte —la falta de hospitales, de escuelas, de vivienda, de trabajo digno— siguen sin solución. Los habitantes de Arica, Iquique, Antofagasta ven cómo llegan los militares con sus camiones y sus radares, pero el agua sigue siendo escasa, los sueldos siguen siendo bajos y la contaminación de las mineras sigue matando.
El Escudo Fronterizo es un escudo contra los pobres, no contra los problemas. Es un escudo que protege al capital de las consecuencias de su propia barbarie. Y mientras haya un militar coordinando, mientras se evalúen nuevas facultades represivas, mientras la frontera se llene de uniformes, los migrantes seguirán cruzando, seguirán trabajando y seguirán siendo explotados. Porque el capital los necesita. Y el Estado, su Estado, se encarga de que lleguen en las condiciones que el capital requiere.