A solo tres semanas de su asunción, el gobierno de José Antonio Kast enfrenta sus primeras protestas masivas mientras su imagen se desploma en las encuestas. El detonante fue un alza histórica en los combustibles, que disparó los precios de la bencina en $370 y del diésel en $580 pesos por litro. Pero tras la chispa del alza de la bencina asoma la verdadera naturaleza del conflicto: el ajuste fiscal que Kast prometió en campaña ha comenzado a golpear directamente los bolsillos de los trabajadores y los derechos conquistados por los estudiantes, mientras los grupos económicos reciben rebajas tributarias y facilidades para sus negocios.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La calma tensa de las primeras semanas de gobierno se rompió esta semana con un estallido que nadie en La Moneda supo prever o prefirió ignorar. El anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de un alza de $370 pesos por litro en la bencina de 93 octanos y de $580 en el diésel encendió la mecha que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) venían preparando desde la asunción de Kast.
“Ellos quieren recortar la gratuidad para mayores de 30 años, quieren perseguir a los que tienen deudas del CAE, recortar la beca de alimentación de educación superior y, como vimos, subieron los combustibles”, denunció Aranza Díaz, vocera de la Red de Solidaridad Estudiantil . La lista de agravios es larga: el 3% de recorte presupuestario a los ministerios , la restricción de la gratuidad universitaria a menores de 30 años , y un ajuste fiscal que amenaza con desmantelar lo poco que queda del Estado de bienestar.
La gasolina que enciende la hoguera
El aumento de los combustibles no fue una decisión técnica inocente. Fue la primera prueba de fuego de una agenda que el propio ministro Quiroz había anticipado días antes al anunciar que el Fisco heredó una “caja vacía” de la administración anterior. La solución de la derecha, como siempre, es descargar el costo sobre los trabajadores.
Las consecuencias fueron inmediatas. El jueves 26 de marzo, una marcha estudiantil convocada por la ACES y la CONFECH recorrió el centro de Santiago. En la intersección de Alameda con Santa Rosa, “un grupo de sujetos encapuchados” —como los calificó la prensa hegemónica— arrojó elementos contundentes contra Carabineros, que respondieron con camiones lanza-agua y gases lacrimógenos . El saldo: 14 detenidos .
En la estación Los Leones del Metro, un grupo de estudiantes se sentó en el borde del andén, obligando a cortar la electrificación de las vías y generando retrasos que afectaron a miles de trabajadores que intentaban regresar a sus hogares . La acción fue inmediatamente condenada por el Presidente, que llamó a “no afectar más a la patria de lo que ya está afectada” y a no usar el transporte público para manifestarse .
Cacerolazos en los barrios: el sonido de la resistencia
Al caer la noche, el eco de los cacerolazos volvió a escucharse en las comunas populares de Santiago. En Bellas Artes, en la intersección de Lira con Diagonal Paraguay, en Macul, los residentes salieron a sus ventanas y balcones para golpear sus ollas . En Quilín, los automovilistas que transitaban por la avenida se sumaron al reclamo con bocinazos constantes .
El descontento no es solo por la gasolina. Es por el conjunto de una política que, en apenas tres semanas, ha dejado claro a quién sirve. Mientras los trabajadores pagan $370 pesos más por litro de bencina, el gobierno de Kast impulsa una reforma tributaria que reduce la tasa corporativa del 27% al 23%, elimina impuestos a las ganancias de capital y flexibiliza las evaluaciones ambientales para las grandes empresas . Mientras los estudiantes pierden la gratuidad, los grupos económicos ganan rebajas millonarias.
La caída en las encuestas: el consenso se rompe
La respuesta ciudadana no se ha hecho esperar. Según una encuesta Cadem citada por Reuters, la aprobación de Kast cayó cuatro puntos hasta el 47%, con la desaprobación superando por primera vez a la aprobación . Pero el dato más revelador es que el 59% de los encuestados cree que el alza de los combustibles pudo haberse evitado .
El propio Presidente, en una conferencia de prensa, defendió la medida como un acto de “honestidad fiscal”. “Hablar con la verdad nos da tranquilidad. La alternativa era empujar al país a un endeudamiento mayor. Eso termina costando más”, declaró . La declaración es un ejemplo perfecto de la lógica de clase que guía a este gobierno: la “honestidad fiscal” significa que los trabajadores pagan el ajuste, mientras la deuda con los bancos y el FMI sigue siendo sagrada.
La respuesta represiva: el libreto conocido
Ante las protestas, el gobierno ha respondido con el libreto que la derecha chilena conoce bien: más policías, más sanciones y amenazas de cerrar el espacio a la protesta. El subsecretario de Interior, Máximo Pavez, declaró que la libertad de expresión “es bienvenida en la medida en que se realice conforme al respeto de la propiedad pública y privada” . El Presidente, por su parte, amenazó con que “no va a pasar lo que pasó en el 2019” , en una velada advertencia a quienes pretendan replicar la rebelión popular que cambió Chile.
Pero la memoria de octubre de 2019 está viva en las calles. Y el gesto de los estudiantes, que han vuelto a tomar el espacio público, a interrumpir el Metro, a hacer sonar las ollas, es la prueba de que la clase trabajadora no está dispuesta a pagar en silencio los platos rotos de una crisis que no ha creado.
La pelea recién comienza
El ajuste fiscal que Kast prometió en campaña apenas comienza. Pero la resistencia ya está en marcha. La ACES, el Colegio de Profesores, la CONFECH y los movimientos sociales han anunciado nuevas movilizaciones . Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, acudió al Ministerio de Educación para denunciar que los recortes no pueden afectar la operación de las escuelas .
La exconvencional constituyente y militante del Partido Comunista, Colomba Tobar, advirtió que “la juventud chilena, protagonista del levantamiento popular de 2019, vuelve a las calles para resistir el avance de las políticas de ultraderecha y proteger el derecho a una vida digna” .
Lo que está en juego no es solo el precio de la bencina o el recorte a la gratuidad. Es el modelo de país que la derecha intenta reinstalar: un país donde los trabajadores pagan la crisis mientras los grupos económicos engordan sus ganancias. Un país donde el Estado se vacía para que el mercado lo llene todo. Un país donde la protesta es criminalizada y la represión es la respuesta.
La calle ha hablado. Y seguirá hablando. La pelea recién comienza.