La ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, cometió un nuevo traspié que evidencia un desconocimiento alarmante del sistema judicial chileno. Al referirse al caso de Galvarino Apablaza, la vocera aseguró que el exfrentista “está condenado por la justicia chilena”, una afirmación que contradice abiertamente la realidad jurídica: la justicia de Chile nunca ha procesado ni sentenciado a Apablaza, quien tiene su situación judicial pendiente desde hace más de tres décadas. Mientras la UDI presiona por una extradición que aún enfrenta recursos judiciales en Argentina, la vocera del gobierno de Kast se suma a las filas de quienes confunden la indignación política con la verdad judicial.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. A tres semanas de asumir como la encargada de comunicar las acciones del gobierno de José Antonio Kast, la ministra Mara Sedini vuelve a protagonizar un episodio que pone en duda su capacidad y dominio de los temas que le competen. Esta vez, el tropezón fue en materia judicial y con un caso de alta sensibilidad política: el de Galvarino Apablaza, exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que goza de asilo político en Argentina, pero es sindicado por la UDI como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991.
“Apablaza está condenado por la justicia chilena”, afirmó la vocera en una intervención pública, según recogen medios de prensa. La declaración, lejos de ser un desliz menor, revela un desconocimiento profundo del estado real de la causa que la UDI y los sectores de derecha han elevado a emblema de la lucha contra la “impunidad”.
El error: una condena que no existe
La realidad judicial es tozuda y se impone sobre cualquier intención propagandística. Galvarino Apablaza no está condenado por la justicia chilena. En rigor, la justicia chilena nunca lo ha procesado. El exfrentista, conocido como “Comandante Salvador”, fue detenido en Argentina en 2004 por una orden de captura de Interpol, pero el proceso de extradición se frenó cuando el gobierno argentino le otorgó el estatus de refugiado político en 2010, debido a las dudas sobre la independencia judicial chilena, impidiendo su traslado a Chile.
Recién en febrero de este año, un tribunal de segunda instancia argentino revocó ese estatus, abriendo la posibilidad de reactivar la extradición. Sin embargo, la defensa de Apablaza presentó recursos judiciales para frenar la entrega, cuestionando la legalidad del procedimiento, por lo que el caso sigue empantanado en los tribunales trasandinos y podría extenderse por meses o incluso años.
En otras palabras: no hay condena, no hay sentencia, ni siquiera hay un juicio en curso en Chile. Lo que existe es una acusación política que la UDI ha mantenido viva durante 35 años, desde que la justicia funcionaba en el país como apéndice de la dictadura, pero que en el terreno judicial nunca ha logrado concretarse.
La vocera que confunde política con justicia
Sedini, periodista de profesión y exintegrante de la Fundación para el Progreso, fue designada por Kast como ministra vocera con la misión de instalar un “gobierno de emergencia” y un “sentido de urgencia” en la comunicación oficial. Pero su gestión ha estado marcada por declaraciones polémicas que lindan en lo absurdo, y han generado controversia incluso antes de asumir.
En enero, antes de posesionarse en el cargo, Sedini defendió el nombramiento de Judith Marín como ministra de la Mujer, afirmando que “me parece lamentable que en Chile se cancele a alguien por su visión religiosa” y cuestionó la política con “perspectiva de género” al sostener que “no necesariamente ayuda a las mujeres”. En esa misma ocasión, lanzó una provocación al feminismo al declarar: “Me habría encantado que se hubieran reactivado en el caso Monsalve”.
Ahora, con su error sobre Apablaza, la vocera suma un nuevo capítulo a una serie de declaraciones que parecen diseñadas más para encender a las bases del oficialismo que para informar con precisión a la ciudadanía.
El libreto de la UDI y la presión por la extradición
La afirmación de Sedini se inscribe en una campaña de presión que la UDI ha intensificado en las últimas semanas, en el marco de la conmemoración de los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán. El diputado y presidente del gremialismo, Guillermo Ramírez, ha reiterado en múltiples ocasiones que “Apablaza en estos momentos ha perdido todos los recursos judiciales” y que “están todas las condiciones para que pueda ser extraditado a Chile”, lo que es absolutamente falso.
El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, fue más lejos al afirmar que desde el partido seguirán trabajando para que Apablaza “cumpla su condena en Chile”. Incluso el ministro de Seguridad del gobierno anterior, Luis Cordero, llegó a calificar la extradición como “inminente” a comienzos de marzo, con una subordinación plena a los deseos y al libreto de la UDI pero sin fundamentos concretos.
Pero la realidad, una vez más, se impone. A más de un mes de aquellas declaraciones, Apablaza sigue en Argentina, con recursos pendientes en la justicia de ese país, y el gobierno chileno no ha concretado ninguna gestión que permita su traslado. El exfrentista se presentó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11 el 3 de marzo, fijó domicilio en la provincia de Buenos Aires y permanece “monitoreado” por la policía argentina, pero sin una orden de extradición firme que permita su entrega.
La confusión como método
Lo ocurrido con Sedini no es un accidente. Es la manifestación de una forma de hacer política que confunde la indignación con la verdad, la presión mediática con la certeza jurídica. Al afirmar que Apablaza “está condenado por la justicia chilena”, la vocera no solo miente sobre los hechos, sino que desconoce el estado de derecho que dice defender.
Porque en un Estado de derecho, nadie está condenado sin un juicio previo. Nadie es culpable sin sentencia firme. Y Apablaza, haya participado o no en los hechos que se le imputan, sigue siendo inocente ante la ley chilena mientras no se le juzgue y condene con las garantías del debido proceso.
Esa distinción elemental es la que Sedini ha borrado con sus declaraciones. Y al hacerlo, se suma a las filas de quienes, en nombre de la “justicia”, la convierten en un arma política que nada tiene que ver con el derecho.
La función de clase de la indignación
Para la derecha chilena, el caso Apablaza cumple una función política precisa: mantener viva la memoria de Jaime Guzmán como mártir de una “transición” que ellos mismos diseñaron para proteger las estructuras del pinochetismo. No es casual que el gobierno de Kast, que se reclama heredero de aquel proyecto, haya convertido la extradición de Apablaza en una bandera de su gestión.
Pero mientras la UDI organiza romerías y la vocera del gobierno confunde condenas con acusaciones, la justicia sigue su curso lento, plagado de recursos y contrarrecursos que pueden prolongarse por años. Y la clase trabajadora, una vez más, asiste a un espectáculo que nada tiene que ver con sus necesidades cotidianas: el de una derecha que utiliza el dolor de una familia para montar una cruzada política que no resuelve ni la salud, ni la educación, ni las pensiones de los chilenos.
Sedini, que prometió instalar un “sentido de urgencia” en la comunicación del gobierno, ha demostrado con sus palabras que la urgencia no está en los hechos, sino en la narrativa. Porque los hechos —como la ausencia de condena contra Apablaza— son tozudos. Y seguirán siéndolo, aunque la vocera se empeñe en negarlos.