La Contraloría General de la República, institución encargada de velar por la probidad y el correcto uso de los recursos públicos, enfrenta una crisis de legitimidad al conocerse cifras que evidencian una contradicción insalvable: mientras persigue con saña a los funcionarios públicos que presuntamente abusan de las licencias médicas, la propia institución que lidera Dorothy Pérez pagó durante 2025 la suma de 1.384 viáticos a sus funcionarios por un total de más de 250 millones de pesos, y registró 3.672 licencias médicas entre sus trabajadores, equivalentes a 2,8 permisos por funcionario. La clase trabajadora asiste, una vez más, a un espectáculo donde los guardianes de la probidad se niegan a rendir cuentas con la misma rigurosidad que exigen al resto.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. El miércoles 8 de abril, la Contraloría General de la República (CGR) se vio obligada a emitir un comunicado de prensa para responder a los cuestionamientos surgidos tras un reportaje del diario La Segunda, que reveló detalles sobre los gastos en viáticos y el alto número de licencias médicas al interior del propio organismo fiscalizador. La información, contenida en documentos que la Contraloría remite periódicamente al Congreso, mostró que durante 2025 la institución pagó 1.384 viáticos para el mismo número de viajes, con un costo total de $155.757.251 para destinos nacionales y $95.178.104 para los internacionales, sumando más de $250 millones solo en asignaciones de viaje, a lo que se añadieron US$23.187 en pasajes, equivalentes a poco más de $21 millones.
La vara de medir: un doble estándar de clase
Lo más revelador de esta situación no son los números en sí mismos, sino la actitud de la institución frente a ellos. La Contraloría respondió con un comunicado en el que acusó al medio de comunicación de “mezclar tendenciosamente la obtención fraudulenta o irregular de licencias médicas para vacacionar o viajar (denunciadas por la Contraloría en el CIC 9), con el legítimo pago de viáticos al personal de la CGR que, cumpliendo su deber, realiza fiscalizaciones en terreno”.
La defensa es jurídicamente impecable y políticamente hipócrita. Porque la Contraloría no tiene problemas en utilizar el lenguaje de la “legitimidad” cuando se trata de justificar sus propios gastos, pero cuando se enfrenta a un funcionario municipal, a una trabajadora de la salud o a un profesor de educación pública, la misma institución no duda en aplicar la máxima dureza, instruyendo sumarios, remitiendo antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, y exigiendo sanciones ejemplares.
La contradicción es brutal: el ojo que todo lo ve se niega a mirarse a sí mismo con la misma lupa con la que escruta al resto del Estado.
Las licencias médicas de los propios
El reportaje también reveló que durante 2025, 1.295 funcionarios de la Contraloría presentaron un total de 3.672 licencias médicas, lo que equivale a poco más de 2,8 licencias por funcionario. De ese total, 776 fueron por 11 o más días hábiles, 1.032 por entre 4 y 10 días, y 1.864 por hasta 3 días. La mayoría correspondió a “enfermedad o accidente común”.
La Contraloría ha salido a defender estas cifras señalando que entre 2024 y 2025 los días hábiles de licencias médicas disminuyeron en un 16,2% y que se implementó un plan de recuperación de recursos que permitió restituir el 85% de los fondos asociados. Argumentan que la información es parte de un reporte público enviado al Congreso y que no constituye ninguna novedad.
Pero la pregunta que ningún medio hegemónico se atreve a formular es: ¿por qué la Contraloría no aplica a sus propios funcionarios los mismos estándares de fiscalización que exige al resto de los servicios públicos? ¿Por qué sus licencias médicas son “legítimas” y las de una trabajadora de la salud municipal son sospechosas de “fraudulentas”?
La cacería de brujas contra los funcionarios públicos
El contexto de esta revelación es clave. Apenas nueve días antes, el 30 de marzo, la propia contralora Dorothy Pérez presentó un informe que detectó que 6.311 funcionarios públicos habrían incumplido el reposo indicado en sus licencias médicas entre 2023 y 2024, al registrar simultáneamente ingresos y trabajos con otros empleadores durante los períodos en que justificaban su inasistencia laboral.
Los antecedentes forman parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 21 de 2026, que identificó un total de 48.682 licencias médicas vinculadas a estos casos. En el detalle, 2.538 funcionarios recibieron remuneraciones desde otras entidades, tanto públicas como privadas, mientras que 3.611 percibieron ingresos bajo modalidad de honorarios. A su vez, 162 registraron ambos tipos de ingresos en paralelo durante el período de licencia médica.
La contralora fue enfática al presentar estos datos: “se trata de 6.311 casos de personas que justificaron su inasistencia al servicio público, pero sí podían trabajar en el sector privado en esas mismas fechas”. La institución instruyó a los organismos públicos involucrados a iniciar procedimientos disciplinarios, remitió la información a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para evaluar eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales.
La dureza del lenguaje contrasta con la suavidad con la que la Contraloría trata sus propias cifras. Mientras que, para los funcionarios municipales, de salud y educación se habla de “irregularidades”, “fraude” y “responsabilidades penales”, para los funcionarios de la Contraloría se habla de “legítimo pago de viáticos” y de “información pública sin novedad”.
Los viajes millonarios: Washington y Egipto en la mira
Entre los viáticos que más llamaron la atención se encuentra el viaje de seis funcionarios a Washington DC, entre el 11 de octubre y el 14 de noviembre de 2025, para participar en la auditoría de los estados financieros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Cada uno recibió un viático de $11.276.472, además de pasajes por US$978.
Otro de los viajes destacados fue el de Egipto, entre el 22 de octubre y el 3 de noviembre, donde participaron dos funcionarios y también la actual contralora, Dorothy Pérez. La autoridad viajó con un viático de $3.896.186 y pasaje por US$4.008.
La Contraloría defendió estos desplazamientos argumentando que la OPS reembolsó el financiamiento de la actividad en Washington, y que el viaje a Egipto se realizó en clase económica, pese a que legalmente correspondía business, y que los montos estaban fijados por el Ministerio de Hacienda. La institución también señaló que ha reducido el gasto en viáticos y pasajes en un 11% y 43% respectivamente en 2024, y en un 25% en 2025, y que para 2026 ha rebajado en un 35% el presupuesto de esos viáticos.
Pero la pregunta persiste: ¿por qué una institución que fiscaliza el gasto público necesita enviar seis funcionarios a Washington por más de un mes, cuando podría realizar la misma auditoría de forma remota? ¿Por qué la contralora viaja a Egipto para participar en una asamblea internacional mientras los hospitales públicos se quedan sin recursos?
El silencio cómplice de la prensa hegemónica
Como era de esperar, los grandes medios de comunicación han tratado el asunto con pinzas. La Tercera tituló “Es parte de un reporte público”: Contraloría sale a aclarar gastos de viáticos de funcionarios, reproduciendo acríticamente la versión oficial. CNN Chile tituló Contraloría defiende millar de viáticos y alto número de licencias médicas: Acusa mezcla “tendenciosa” de información. En ninguno de los titulares se menciona la contradicción de fondo. En ninguno se pregunta por qué la Contraloría se aplica una vara distinta.
La prensa hegemónica cumple, una vez más, su función de clase: naturalizar los privilegios de las instituciones que controlan al Estado, mientras criminaliza a los funcionarios de base que cometen las mismas faltas.
La función de clase del control institucional
Desde una perspectiva marxista, lo que está ocurriendo no es una anomalía, sino la expresión de una lógica de clase profundamente arraigada en el Estado chileno. La Contraloría General de la República no es un ente técnico neutral. Es una institución que, en los hechos, ejerce el poder de fiscalización en nombre de la clase dominante, aplicando la ley con dureza a los sectores populares y con benevolencia a las instituciones que representan el poder.
Los 6.311 funcionarios públicos detectados por la Contraloría son, en su inmensa mayoría, trabajadores de base: profesores, enfermeras, administrativos municipales, auxiliares de aseo. Son trabajadores que ganan sueldos de miseria y que, en muchos casos, recurren a trabajos extras en el sector privado para llegar a fin de mes. Su delito no es haber defraudado al Estado, sino haber intentado sobrevivir en un sistema que les niega un salario digno.
Mientras tanto, la Contraloría envía a seis funcionarios a Washington por más de un mes, paga viáticos millonarios a sus ejecutivos y presenta un promedio de 2,8 licencias médicas por trabajador, muy por encima del promedio nacional. Y cuando se le pregunta, responde con la soberbia de quien sabe que está por encima de la ley.
El silencio del gobierno de Kast
El gobierno de José Antonio Kast, que ha hecho de la “probidad” y la “mano dura contra el fraude” sus banderas de lucha, ha guardado un silencio sepulcral frente a esta revelación. El Presidente, que recientemente se sometió a un test de drogas para demostrar su “transparencia”, no ha dicho una sola palabra sobre los viáticos millonarios de la Contraloría. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que recorta el presupuesto de salud en 517 mil millones de pesos, no ha cuestionado el gasto en viajes al extranjero del ente fiscalizador.