El Presidente José Antonio Kast se sometió este miércoles a un examen capilar de drogas en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y anunció el envío de un proyecto de ley para ampliar esta obligación a todas las autoridades del Estado, incluyendo al propio Presidente, a parlamentarios, a directivas de partidos políticos y a candidatos a cargos de elección popular. Bajo la premisa de combatir la “infiltración del narcotráfico”, el Mandatario declaró que “cualquier autoridad que ejerce un cargo público debe estar muy lejos de lo que son las redes del narcotráfico”.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La mañana del miércoles 8 de abril, el Presidente José Antonio Kast llegó hasta el centro médico de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) en la comuna de Las Condes para someterse voluntariamente a un test de drogas con muestra de pelo. El examen, el más riguroso para detectar consumo de sustancias, fue financiado con recursos propios y sus resultados serán públicos. “Está claro que, si nosotros planteamos que tenemos un problema real de narcotráfico, de crimen organizado, tenemos que acreditar que cualquier autoridad que ejerce un cargo público debe estar muy lejos de lo que son las redes del narcotráfico”, declaró el Mandatario tras el procedimiento.
El acto, sin embargo, tuvo un sabor agridulce. Kast admitió que la prueba se la había “pasado”, que el test debió haberse realizado antes, y que varios miembros de su gabinete —incluido el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz— tampoco lo habían hecho. “A algunos se nos pasó, pero ahora me estoy poniendo al día”, reconoció. La confesión, presentada como un gesto de transparencia, revela más bien el carácter tardío y reactivo de una medida impulsada luego de que parlamentarios del Partido Socialista ingresaran un requerimiento ante la Contraloría General de la República para fiscalizar el cumplimiento de la obligación legal estipulada en la Ley N° 21.806.
El dispositivo de control que no controla las causas
Más allá de la anécdota personal de Kast, el contenido del proyecto de ley es revelador de la lógica de clase que guía a este gobierno. La iniciativa, denominada “Probidad antinarcóticos en el ejercicio del poder público”, contempla la modificación del Decreto Supremo N° 1.215 de 2006 para incorporar el examen de pelo como método estándar de detección, con una ventana de detección de 90 días. Los resultados deberán ser publicados en los sitios web institucionales dentro de los diez días hábiles siguientes a su realización.
Pero el corazón del proyecto está en la ampliación del universo de obligados. Kast anunció que enviará al Congreso una ley que extiende la exigencia a senadores y diputados —con exámenes periódicos y resultados públicos—, a las directivas nacionales de los partidos políticos como condición para acceder a financiamiento público, y a los candidatos a cargos de elección popular, estableciendo su inhabilitación en caso de incumplimiento. “Nosotros queremos que quien ejerza el mando de la nación tenga las mismas obligaciones que tiene un ministro, un subsecretario, cualquier funcionario público”, expresó el mandatario. “Esperamos que en esto el Congreso nos apoye para incluir a quienes ejercen cargos de alta responsabilidad pública, como gobernadores, alcaldes, cores y concejales”, detalló.
El dispositivo es, en apariencia, un mecanismo de control generalizado. Pero, ¿qué controla realmente? Un test de drogas detecta consumo individual, no infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado. El narcotráfico no opera mediante el consumo de drogas por parte de los funcionarios públicos, sino mediante el lavado de dinero, la corrupción de altas autoridades y la penetración de las instituciones políticas. El test de pelo, por más riguroso que sea, no detectará la cuenta bancaria en un paraíso fiscal ni el sobre que cambia de manos en una negociación oscura.
La hipocresía del ajuste sanitario
La contradicción se vuelve insalvable cuando se compara esta cruzada contra el consumo individual con las políticas del mismo gobierno en materia de salud pública. Mientras Kast exige test de drogas a los funcionarios públicos bajo el argumento de que deben estar “muy lejos” de las redes del narcotráfico, su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ordenó un recorte del 3% al presupuesto del Ministerio de Salud, que asciende a más de 517 mil millones de pesos.
Los gremios de la salud —la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros (FENASENF), FENPRUSS, FENATS Nacional y CONFEDEPRUS— entregaron esta semana una carta al Presidente advirtiendo que el recorte afectará la atención de más de 15 millones de chilenos que dependen del sistema público, aumentará las listas de espera y profundizará la crisis de una red que “ya funciona en condiciones de estrechez estructural”. El presidente de Fenpruss, Rodrigo Rocha, calificó la decisión como un “contrasentido”. “Es un contrasentido que este gobierno impulse una alerta sanitaria oncológica y al mismo tiempo intente recortar recursos” para una red “ya precarizada”.
La pregunta que ningún medio hegemónico se atreve a formular es: ¿de qué sirve que un funcionario público dé negativo en un test de drogas si el sistema de salud pública colapsa y los pacientes mueren en las listas de espera? ¿De qué sirve la pureza individual de las autoridades si la clase trabajadora no tiene acceso a una atención médica digna y oportuna? El gobierno de Kast prefiere el espectáculo mediático del test de drogas antes que enfrentar la crisis estructural de la salud pública. La “probidad” que tanto pregona es, en los hechos, una coartada para no hablar del verdadero problema: la falta de financiamiento crónica que condena al sistema público a la asfixia.
La función de clase del control individual
Desde una perspectiva marxista, lo que está en juego no es el consumo de drogas por parte de funcionarios públicos —un problema real, sin duda, pero que no define la calidad de un gobierno—, sino la orientación de clase de una administración que prefiere el control individual antes que la inversión social. La derecha chilena ha encontrado en la “seguridad” y la “probidad” sus caballos de batalla para desviar la atención de las verdaderas causas de la crisis.
El narcotráfico no se combate con test de drogas a los funcionarios públicos. Se combate desmantelando las redes de lavado de dinero que operan en los paraísos fiscales, regulando el sistema financiero, fortaleciendo la inteligencia policial y, sobre todo, atacando las causas estructurales de la violencia: la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades para los jóvenes de los barrios populares. Ninguna de esas medidas aparece en el proyecto de ley de Kast. En su lugar, encontramos un dispositivo de control individual que criminaliza a los funcionarios públicos sin tocar un solo pelo de los verdaderos responsables.
El diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio) advirtió que “la revisión de test de drogas sin garantías ni control judicial viola el derecho a la privacidad y la dignidad de las personas”. Pero la crítica más profunda no es jurídica: es política. El gobierno de Kast está construyendo un Estado policial de baja intensidad, donde la vigilancia y el control reemplazan a la inversión social. Donde el funcionario público es sospechoso hasta que demuestre lo contrario, mientras el empresario que evade impuestos y lava dinero sigue gozando de la protección del Estado.
La clase trabajadora no se deja engañar
Los trabajadores de la salud ya han declarado el estado de alerta y preparan una semana de movilizaciones para frenar el recorte presupuestario. Saben que la verdadera amenaza a la salud pública no son los funcionarios públicos que consumen drogas —un problema marginal, que no justifica el despliegue mediático del gobierno—, sino la falta de recursos para contratar personal, comprar insumos y mantener la infraestructura hospitalaria.
Los gremios han coincidido en un diagnóstico común: la salud pública no resiste nuevos ajustes. En esa línea, han enfatizado la necesidad de avanzar en la unidad del sector para impulsar espacios de organización y movilizaciones conjuntas, con el objetivo de frenar el recorte presupuestario y defender la salud pública como un derecho. La consigna es clara: “la salud no se recorta”. Mientras Kast se somete a test de drogas frente a las cámaras, los trabajadores de la salud se preparan para salir a la calle.
El senador Juan Luis Castro, presidente de la comisión de Salud del Senado, advirtió que el recorte podría llevar a “un desplome de la Atención Primaria”, golpeando con mayor fuerza a los municipios rurales y de menores ingresos. Los gremios coinciden en que la reducción presupuestaria afectará la contratación y reemplazo de personal, limitará la compra de insumos y servicios, y tensionará aún más la red asistencial.
Epílogo: el test que no miente
El test de drogas de Kast probablemente dará negativo. El Presidente no es consumidor de drogas, y nadie ha sugerido lo contrario. Pero el test que realmente importa no es el que mide la presencia de sustancias en el pelo. Es el test que mide la capacidad de un gobierno para garantizar el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a una vida digna para todos los chilenos.
En ese test, el gobierno de Kast está dando positivo. Positivo en ajuste. Positivo en recortes. Positivo en privilegiar el espectáculo mediático antes que la inversión social. Los trabajadores de la salud lo saben. Los pacientes de la salud pública lo saben. Y la clase trabajadora chilena, una vez más, se prepara para resistir.
El proyecto de ley de test de drogas se discutirá en el Congreso en las próximas semanas. Los gremios de la salud, entretanto, se movilizarán para frenar el ajuste. La contradicción es clara: un gobierno que exige pureza individual mientras desmantela el sistema público que protege a la mayoría. La clase trabajadora no se deja engañar por el espejismo de la probidad. Sabe que la verdadera probidad se demuestra invirtiendo en salud, en educación, en derechos. Y en eso, el gobierno de Kast está reprobado.