El Mapa Nutricional 2025 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) destapó una bomba de tiempo: el 51,7% de los niños y adolescentes chilenos padece malnutrición por exceso. La obesidad ya afecta a 1 de cada 4 menores —un 24,8% del total—, y las consecuencias no son una advertencia futura, sino una realidad presente. Los cardiólogos pediatras ya diagnostican hipertensión arterial, resistencia a la insulina y daño renal inicial en escolares, condiciones que hace una generación eran patrimonio exclusivo de los adultos.
Por Equipo El despertar
Santiago de Chile. Los números son fríos, pero la realidad que describen es aterradora. El informe del Mapa Nutricional 2025, elaborado por JUNAEB y dado a conocer a fines de marzo, evaluó a 730 mil estudiantes de establecimientos públicos del país, abarcando desde prekínder hasta primero medio. Las conclusiones son lapidarias: el 51,7% de los escolares presenta malnutrición por exceso, una categoría que engloba sobrepeso, obesidad y obesidad severa. Dentro de ese grupo, el 24,8% sufre obesidad —lo que significa que 1 de cada 4 niños chilenos ya vive con esta condición—, y de ellos, un 6,4% padece obesidad severa, la forma más agresiva y de mayor riesgo cardiometabólico.
La tendencia, lejos de revertirse, se consolida. En los últimos 17 años, la prevalencia de la obesidad infantil ha aumentado 10 puntos porcentuales, y la malnutrición por exceso escala año a año: pasó del 50,9% en 2024 al 51,7% en 2025. El problema se manifiesta cada vez más temprano: casi la mitad de los niños en kínder (49,2%) ya presenta exceso de peso, lo que demuestra que la crisis comienza antes de que los menores aprendan a leer y escribir.
La clase como determinante de la enfermedad
Lo más revelador del informe no son solo las cifras, sino su distribución de clase. La mayor prevalencia de obesidad y obesidad severa se concentra en los estudiantes pertenecientes a establecimientos municipales y en contextos de mayor vulnerabilidad social. No es casualidad. El acceso a alimentación saludable —frutas, verduras, proteínas de calidad— está mediado por el bolsillo. Las familias trabajadoras, sometidas a jornadas extenuantes y salarios de subsistencia, no tienen tiempo ni recursos para cocinar comidas balanceadas. En su lugar, recurren a los alimentos ultraprocesados, baratos, accesibles y letales.
El Dr. Paulo Valderrama Erazo, cardiólogo pediatra del Centro Médico Nueva Estoril, no tiene dudas sobre el impacto de este cóctel de factores. “Vemos niños con hipertensión arterial, resistencia a la insulina y daño renal inicial. Esto se traduce en cinco veces más riesgo de infartos y casi tres veces más riesgo de accidentes cerebrovasculares (ACV) cuando sean adultos jóvenes”, advierte el especialista.
El exceso de tejido adiposo no es un simple problema estético. Es un agente agresivo que, como explica Valderrama, genera alteraciones directas en el músculo cardíaco: arritmias, insuficiencia cardíaca y, en casos extremos, riesgo de muerte súbita. A esto se suman comorbilidades silenciosas como hígado graso, apnea del sueño y daño renal precoz, condiciones que hace una década eran impensables en la consulta pediátrica.
El “ladrón de tiempo”: pantallas y sedentarismo como política de Estado no declarada
La crisis no es solo alimentaria. El Mapa Nutricional identifica al sedentarismo extremo como uno de los principales motores de la epidemia. Según datos del Día Mundial del Deporte y la Actividad Física —conmemorado el 6 de abril—, el 87% de los adolescentes chilenos es sedentario, y los registros clínicos muestran casos de niños que pasan entre 6 y 15 horas diarias frente a una pantalla.
“El sedentarismo genera un círculo vicioso: favorece la mala alimentación y aumenta el aislamiento social”, sostiene el cardiólogo pediatra. La industria tecnológica, que diseña sus dispositivos para maximizar el tiempo de enganche, y el sistema educativo, que no garantiza espacios ni horarios para la actividad física, construyen una trampa perfecta para los hijos de la clase trabajadora.
A esto se suma un factor agravante: la normalización de la enfermedad. Un 38% de los padres no percibe correctamente el exceso de peso de sus hijos, confundiendo la obesidad con “robustez” o “contextura”. La naturalización de lo patológico es el triunfo más sutil del capital: cuando la enfermedad se vuelve norma, la resistencia se disuelve.
La “emergencia sanitaria escolar” que el gobierno ignora
Frente al catastrófico escenario, parlamentarios de la oposición y organizaciones de la sociedad civil han elevado la voz. La senadora Claudia Pascual (PC) declaro: “No podemos esperar a que estos niños lleguen a la adultez con enfermedades crónicas que colapsarán aún más nuestro sistema de salud público. La prevención es la herramienta más costo-efectiva, pero requiere voluntad política y recursos. El gobierno de Kast ha demostrado tener la primera —para recortar derechos—, pero no la segunda”.
Expertos de la Sociedad Chilena de Obesidad (Sochob) han advertido que “la obesidad infantil en Chile constituye una epidemia consolidada, de inicio precoz y socialmente determinada, caracterizada por cifras elevadas y persistentes”, y que “este escenario plantea la necesidad urgente de fortalecer estrategias multisectoriales de prevención e intervención temprana, con énfasis en los primeros años de vida y en la reducción de inequidades”.
La hipocresía del ajuste: Kast recorta salud mientras los niños se enferman
La contradicción no puede ser más brutal. Mientras el gobierno de Kast exige test de drogas a los funcionarios públicos —y se somete a ellos en un acto de “probidad” escenificado—, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ordenó un recorte del 3% al presupuesto del Ministerio de Salud que asciende a más de 517 mil millones de pesos. Los gremios de la salud ya advirtieron que el ajuste afectará la atención de más de 15 millones de chilenos, aumentará las listas de espera y profundizará la crisis de una red que “ya funciona en condiciones de estrechez estructural”.
¿De qué sirve que un funcionario dé negativo en un test de drogas si el sistema de salud pública colapsa y los niños obesos no tienen acceso a atención nutricional, kinesiológica o psicológica? ¿De qué sirve la “probidad” individual si la política de ajuste condena a una generación entera a enfermedades crónicas prevenibles?
El ex ministro de Educación del gobierno anterior, Nicolás Cataldo, señaló que “la malnutrición por exceso es un desafío que no se resuelve de un año para otro. Como gobierno decidimos sostener una política pública de largo plazo, fortaleciendo el Programa de Alimentación Escolar, diversificando menús y ampliando alternativas inclusivas”. Sin embargo, la continuidad de esas políticas bajo la administración de Kast es incierta. La derecha chilena siempre ha privilegiado la libertad de mercado —incluyendo la libertad de las transnacionales de alimentos para vender sus productos ultraprocesados sin restricciones— por sobre el derecho a la salud.
El negocio de la enfermedad: la industria alimentaria como enemigo silencioso
El trasfondo de la crisis no es solo presupuestario. Es estructural. Las grandes corporaciones alimentarias —Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, Carozzi, entre otras— han convertido a Chile en un laboratorio de expansión de productos ultraprocesados. La publicidad dirigida a niños, los envases coloridos, las promociones con juguetes y la ubicación estratégica de estos productos en los supermercados no son accidentes: son estrategias diseñadas para crear adicción desde la infancia.
Chile fue pionero en la implementación de la Ley de Etiquetado de Alimentos (Ley 20.606), que desde 2016 exige sellos de advertencia en productos con alto contenido de azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías. La medida, impulsada por la entonces presidenta Michelle Bachelet y defendida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), logró reducir el consumo de bebidas azucaradas en un 23,7% y la compra de alimentos con sellos en un 24%. Sin embargo, la industria respondió reformulando productos —pero no siempre hacia opciones más saludables— y redoblando su presión publicitaria.
El gobierno de Kast no ha mostrado interés en fortalecer esta regulación. Al contrario, su énfasis en la “libertad de elegir” y la “responsabilidad individual” desvía la atención del papel de las corporaciones en la generación de la epidemia. La pregunta que ningún vocero oficial se atreve a responder es: ¿por qué el mismo Estado que exige test de drogas a sus funcionarios permite que las transnacionales alimentarias saturen de publicidad engañosa a los niños en los horarios de mayor audiencia?
La salida de clase: prevención, no castigo
Desde una perspectiva marxista, la crisis de obesidad infantil no es un fallo del sistema; es una de sus características. El capitalismo necesita consumidores voraces, no ciudadanos saludables. La industria alimentaria maximiza sus ganancias vendiendo productos de bajo costo nutricional y alto costo sanitario. El Estado, capturado por los intereses de esas corporaciones, se limita a administrar las consecuencias —cuando no las agrava con recortes.
La declaración de una “emergencia sanitaria escolar” sería un primer paso, pero insuficiente si no va acompañada de medidas estructurales: prohibición de la publicidad de alimentos ultraprocesados dirigida a niños, impuestos significativos a las bebidas azucaradas y los productos con sellos, fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) con menús saludables y educación nutricional obligatoria en todos los niveles, y garantía de espacios públicos para la actividad física en los barrios populares.
El presidente del Colegio Médico de Chile, Patricio Meza, ha insistido en que “se requiere una política de Estado, no parches coyunturales”. “La obesidad infantil no se resuelve con campañas de verano o folletos informativos. Requiere regulación, inversión y voluntad política para enfrentar a los poderosos intereses económicos que se benefician de la enfermedad”, declaró en una entrevista reciente.
Epílogo: la sentencia está escrita, pero no es irreversible
El Mapa Nutricional 2025 es una sentencia anticipada: 1 de cada 4 niños chilenos está condenado a un futuro de hipertensión, infartos y ACV si no se interviene de manera inmediata y estructural. La clase trabajadora, una vez más, paga el costo de un sistema que prioriza las ganancias de las transnacionales por sobre la vida de sus hijos.
Los niños de los barrios populares seguirán llegando a las consultas pediátricas con la presión arterial alta, el hígado graso y la insulina desregulada. Sus padres, agotados por jornadas laborales de 10 y 12 horas, seguirán recurriendo a la comida chatarra porque es lo único que pueden pagar y preparar en el tiempo que les queda. Y el gobierno de Kast seguirá hablando de “probidad” y “responsabilidad individual”, mientras las transnacionales alimentarias siguen facturando millones a costa de la salud de los trabajadores.
La sentencia está escrita, pero no es irreversible. La organización de los trabajadores, la presión popular y la lucha por un sistema de salud que no dependa de la caridad del mercado pueden cambiar este destino. La pregunta es si la clase trabajadora chilena despertará a tiempo para salvar a sus hijos de una muerte anunciada.