Una balacera en el frontis del Colegio San Lorenzo de Recoleta, perpetrada por desconocidos en un vehículo en marcha, reavivó el temor en una comunidad educativa que ya arrastraba una amenaza de tiroteo escrita en los baños del recinto. El gobierno de José Antonio Kast, que basa su discurso en la “mano dura” y la “seguridad como prioridad”, no ha dado señales de una política integral que vaya más allá de la reacción policial. La clase trabajadora asiste, una vez más, a un ciclo de violencia que no se resuelve con más controles en las entradas de los colegios, sino con políticas estructurales que ataquen las causas de la desigualdad y el crimen organizado.
Por Equipo El Despertar
Recoleta. La tarde del miércoles 8 de abril, la calma de la salida de clases en el Colegio San Lorenzo, ubicado en la calle Montana, se vio interrumpida por el estruendo de al menos tres disparos. Según los registros de una cámara de seguridad, un vehículo Chevrolet Sail de color plomo se detuvo a la salida del establecimiento y, desde su interior, se percutaron los disparos, tras lo cual el móvil huyó rápidamente del lugar. La comunidad educativa, ya en estado de alerta por una amenaza de tiroteo escrita en uno de los baños del recinto, vivió horas de incertidumbre y angustia.
La dirección del colegio, en un comunicado, informó que dio aviso inmediato a Carabineros, realizó la denuncia correspondiente con respaldo de imágenes y solicitó resguardo policial para los horarios de ingreso y salida de los estudiantes. “Como colegio, hemos actuado con la mayor rapidez y responsabilidad posible para resguardar la seguridad y tranquilidad de todos. Lamentamos profundamente estos hechos delictuales, que atentan contra la misión de nuestro colegio y nuestra comunidad educativa”, señalaron en el texto.
El impacto en la comunidad fue inmediato. La mañana del jueves, la asistencia de estudiantes fue significativamente baja. Una apoderada explicó a Radio ADN la decisión de no enviar a su hijo: “No, yo no mandé a mi hijo porque él tenía miedo de venir al colegio”. La misma apoderada cuestionó la respuesta del establecimiento, señalando que “del recinto no han dicho nada, solamente han comunicado por Instagram que ya está todo controlado”.
La autoridad local que hace rato emplaza al gobierno
Hace semanas que el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, viene emplazando duramente al gobierno de José Antonio Kast por la crisis de violencia que azota a la comuna y a todo el sector norte de Santiago. Apenas cinco días antes de esta balacera, el 3 de abril, utilizó sus redes sociales para expresar su indignación tras una ola de violencia que dejó dos jóvenes asesinados y un adolescente herido en Recoleta. “Hoy despertamos con una noticia que nos golpea profundamente: dos jóvenes asesinados y un adolescente herido en una balacera en nuestra comuna de Recoleta”, escribió entonces el alcalde. “No podemos normalizar que la violencia armada se tome nuestros barrios ni que nuestras vecinas y vecinos vivan con miedo. Lo ocurrido anoche es de la mayor gravedad y exige respuestas claras”.
En aquella ocasión, Jadue fue categórico al emplazar al Ejecutivo: “Desde el municipio vamos a seguir reforzando la prevención, la recuperación de espacios públicos y el trabajo con las comunidades. Pero esto requiere un esfuerzo mayor. Es fundamental que el Gobierno fortalezca las medidas para enfrentar el crimen organizado y el uso de armas en nuestros territorios”. El alcalde cerró con un mensaje que resume la angustia de una comuna entera: “Recoleta merece vivir en paz. Nuestras familias merecen tranquilidad”.
La ausencia de una reacción inmediata del alcalde es el reflejo de una autoridad local que ya ha agotado las declaraciones y que espera, desde hace semanas, acciones concretas por parte de un gobierno que prometió “mano dura” pero que, en los hechos, no ha logrado contener la escalada de violencia en los barrios populares.
La seguridad como mercancía en los barrios populares
La balacera en el Colegio San Lorenzo no es un hecho aislado, sino un síntoma de la crisis de seguridad que azota a los sectores populares de Santiago. En los últimos años, Recoleta se ha convertido en uno de los epicentros de la violencia vinculada al narcotráfico y el crimen organizado, con balaceras que dejan víctimas inocentes, incluyendo niños y adolescentes. En lo que va de abril, se han registrado al menos dos hechos de violencia armada en la comuna: un ataque con disparos contra un departamento que dejó dos personas heridas el lunes y una balacera que dejó un muerto y dos heridos el viernes de la semana pasada.
Frente a esta realidad, el gobierno de Kast ha respondido con una estrategia centrada en el control policial y la represión. El “Plan Escudo Fronterizo” en el norte, la militarización de las calles y el discurso de “mano dura” contra la delincuencia son las únicas cartas que la derecha tiene para ofrecer. Pero la experiencia demuestra que más policías y más cárceles no resuelven las causas de la violencia. El narcotráfico se nutre de la desigualdad, la falta de oportunidades y la precariedad laboral. Y mientras el gobierno recorta el presupuesto de salud, educación y programas sociales, el caldo de cultivo para el crimen se expande.
El doble discurso del “partido del orden”
El gobierno de Kast basa su legitimidad en la promesa de restaurar el “orden” y la “seguridad”. Sin embargo, su gestión se caracteriza por una profunda contradicción: mientras se recortan recursos para la prevención y la reinserción social, se destinan millonarios presupuestos a la represión policial y militar. La clase trabajadora paga dos veces: primero, con sus impuestos, el costo de una política de seguridad ineficaz; segundo, con su calidad de vida, al vivir en barrios cada vez más violentos.
El alcalde de Recoleta, Fares Jadue (PC), ha sido uno de los críticos más consistentes de este enfoque. “La seguridad no puede ser una disputa ideológica”, ha repetido en múltiples ocasiones, emplazando al gobierno a fortalecer las medidas para enfrentar el crimen organizado y el uso de armas en los territorios. Su mensaje, que ha sido replicado por organizaciones sociales y vecinales de toda la comuna, apunta a una verdad incómoda para la derecha: la violencia no se combate con discursos, sino con inversión social, recuperación de espacios públicos y políticas de prevención que lleguen a los barrios donde el Estado ha estado ausente por décadas.
Mientras tanto, los apoderados del Colegio San Lorenzo esperan respuestas. Las investigaciones están a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), mientras que Carabineros se encuentra a cargo del resguardo perimetral del colegio. La comunidad educativa exige no solo medidas de control, sino también políticas de prevención que aborden las causas estructurales de la violencia.
La hipocresía de la “mano dura”
El gobierno de Kast no ha dicho una sola palabra sobre la balacera en el Colegio San Lorenzo. El Presidente, que recientemente se sometió a un test de drogas para demostrar su “transparencia” y que firmó proyectos de ley para “devolver la seguridad a las aulas”, no ha emitido declaración alguna. El ministro de Seguridad, que prometió “mano dura” contra la delincuencia, guarda silencio.
La hipocresía es brutal. Mientras el gobierno se llena la boca con discursos de “seguridad como prioridad”, los niños y niñas de los barrios populares siguen yendo a clases con miedo. Mientras los ministros posan para las fotos con los proyectos de ley, los apoderados de Recoleta no saben si sus hijos volverán a casa con vida.
La pregunta que flota en el aire es: ¿escuchará el gobierno de Kast las demandas de la clase trabajadora, o seguirá apostando por la represión como única respuesta? El alcalde Fares Jadue ya ha dado su respuesta: “Recoleta merece vivir en paz. Nuestras familias merecen tranquilidad”. La pelota está ahora en la cancha del gobierno. Y los barrios populares están mirando.