Chile tiene uno de los sistemas educativos más segregados del mundo. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, lo describe con exactitud brutal: “La desigualdad en nuestro país se expresa de forma brutal y se refleja en la segregación escolar: los ricos estudian con los ricos, los medios con los medios y los pobres con los pobres, provocando que la educación pierda uno de sus principales objetivos: la integración social.” Esta segregación es el diseño de una sociedad clasista a mas no poder.
Por Editor El Despertar
Los números ya no admiten relativización. Las agresiones a docentes en Chile alcanzaron en 2025 un aumento del 39% respecto al año anterior, marcando el nivel más alto desde 2017, con 125 denuncias por ataques de estudiantes a profesores registradas en 15 de las 16 regiones del país. Las denuncias por convivencia escolar llegaron a su máximo histórico en 2024 con 8.864 casos, un aumento sostenido desde que se tienen registros. Solo en el primer trimestre de 2025, la Superintendencia de Educación recibió 2.501 denuncias, un 14,2% más que en el mismo período del año anterior, con un alza del 121,2% en las agresiones a adultos de la comunidad educativa. Y mientras los titulares se acumulan —la explosión en el INBA, la balacera en San Pedro de la Paz, el rector del Lastarria rociado con bencina— el debate público sigue preso de una narrativa que explica los síntomas y se niega a mirar la enfermedad.
Esa narrativa tiene una lógica clara: situar el problema en el individuo, en la familia desestructurada, en el alumno conflictivo, en el docente que no supo manejar la situación. Y desde esa lógica, proponer soluciones que reproduzcan la misma operación de evasión: más protocolos, más sanciones, más expulsiones, más policías en los patios. El gobierno de Kast ha llegado más lejos aún, proponiendo revisar mochilas y endurecer las penas penales para menores. Es la lógica securitaria trasplantada a la escuela, y tiene un nombre técnico preciso: criminalización de la pobreza. El académico Juan Alejandro González advierte que estas medidas tienen su origen en el mundo anglosajón, particularmente en las políticas implementadas tras el 11 de septiembre de 2001, y que en países como Estados Unidos e Inglaterra su aplicación se concentró fundamentalmente en escuelas de población más marginada, donde se requerían mecanismos de control de carácter discriminatorio.
Para entender por qué esas soluciones no funcionan —y por qué, de hecho, agravan el problema— hay que atreverse a hacer la pregunta que el discurso dominante evita con una consistencia que no puede ser casual: ¿en qué tipo de escuelas ocurren los episodios de violencia más graves y más frecuentes? La respuesta está en los datos, aunque nadie la ponga en el titular. El investigador González señala que muchos de los episodios más graves ocurren en establecimientos altamente segregados: “Son escuelas marginalizadas, con pocos recursos, que atienden a poblaciones con múltiples conflictos.” No es un accidente geográfico. Es el mapa de la desigualdad chilena proyectado sobre el sistema educativo.
Chile tiene uno de los sistemas educativos más segregados del mundo. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, lo describe con exactitud brutal: “La desigualdad en nuestro país se expresa de forma brutal y se refleja en la segregación escolar: los ricos estudian con los ricos, los medios con los medios y los pobres con los pobres, provocando que la educación pierda uno de sus principales objetivos: la integración social.” Esta segregación es el diseño de una sociedad clasista a mas no poder. Décadas de mercantilización educativa —el voucher, el lucro, la competencia entre establecimientos, la selección de alumnos— produjeron exactamente lo que la teoría predecía: un sistema donde la calidad de la educación que recibe un niño depende casi exclusivamente del código postal de su familia. Los estudiantes que provienen de familias de menores ingresos experimentan en la escuela “una realidad ambivalente: promesa de integración y amenaza de exclusión simultáneamente.”
Esa promesa incumplida tiene consecuencias psicológicas, sociales y materiales que la escuela no puede absorber porque no las produce. El investigador Sergio Gatica lo sintetiza con claridad: “Si la escuela es un espacio de violencia, ocasional o frecuente, es porque la sociedad se ha vuelto más violenta.” Y la sociedad chilena se ha vuelto más violenta no por alguna degradación misteriosa de los valores, sino por razones concretas y medibles: entre el año 2000 y 2024, los fallecimientos de niños, niñas y adolescentes por armas de fuego aumentaron un 122%. En 2024, 57 menores de entre 10 y 17 años fallecieron por lesiones autoinfligidas. Un estudio publicado en 2024 en la revista Frontiers in Education, aplicado a más de mil estudiantes chilenos de entre 10 y 18 años, reveló que el 63,3% manifestó signos de ansiedad y el 60,2% mostró signos de depresión. Una generación que crece con ese nivel de malestar psicológico estructural no está produciendo violencia escolar por falta de disciplina. Está expresando, con los únicos instrumentos que tiene disponibles, el peso insoportable de una sociedad que la abandonó antes de que pudiera elegir.
Lo que el discurso hegemónico hace con estos datos es exactamente lo que Orwell describía: no los borra, los desconecta. Presenta la ansiedad y la depresión masiva de la infancia como un problema de salud mental individual que requiere intervención clínica. Presenta la violencia escolar como un problema de convivencia que requiere protocolos. Presenta la segregación educativa como un problema técnico que requiere ajustes institucionales. Y en ningún momento conecta estos tres fenómenos con la causa que los produce a todos: un modelo económico que distribuye las oportunidades, los recursos y la dignidad de manera tan desigual que la violencia —hacia afuera y hacia adentro— se convierte en la respuesta racional de quienes no tienen otra.
El neoliberalismo destruyó las bases materiales de la vida comunitaria. La ley Aula Segura actúa entonces como un dispositivo para administrar esa fragmentación y garantizar que la escuela siga funcionando bajo la lógica del rendimiento y la competencia, sin cuestionar las causas estructurales de los conflictos: desigualdad, precariedad familiar, crisis psicosocial, falta de apoyo y fragmentación comunitaria. Y el Proyecto de Ley de Convivencia Escolar actualmente en tramitación en el Senado, lejos de romper con esa lógica, la profundiza: en vez de enfrentar las causas estructurales, la reforma apuesta por más procedimientos, más obligaciones y mayor judicialización de la vida escolar.
Frente a esto, la respuesta no puede ser más vigilancia ni más expulsiones. La expulsión de un estudiante de un establecimiento educativo no resuelve ningún problema: lo desplaza geográficamente y lo profundiza socialmente. La Defensoría de la Niñez advierte el aumento de expulsiones escolares y la baja reinserción como uno de los problemas más graves del sistema. Un Estado que expulsa a sus niños más vulnerables del único espacio que podría ofrecerles algo distinto a lo que ya conocen no está resolviendo la violencia escolar. Está produciendo la próxima generación de ella.
La respuesta real pasa por otro lugar. Por reducir la segregación escolar de manera estructural, no cosmética. Por financiar adecuadamente los establecimientos que atienden a la población más vulnerable, en lugar de administrar su precariedad con protocolos. Por garantizar equipos psicosociales suficientes en cada escuela, no como lujo sino como condición básica de funcionamiento. Por democratizar los espacios educativos, devolviendo protagonismo a las comunidades escolares. Y, sobre todo, por tener la honestidad política de reconocer que ninguna de estas medidas sirve de nada si no se acompaña de una transformación de las condiciones materiales de vida de las familias: trabajo decente, vivienda digna, salud garantizada, ingreso suficiente.
La violencia escolar no tiene solución dentro de la escuela porque no nació dentro de la escuela. Nació en una sociedad que decidió, hace décadas, que la educación era un mercado y no un derecho, que los niños pobres merecían escuelas pobres y que la desigualdad era el precio inevitable del progreso. Mientras esa decisión no se revierta, todos los protocolos del mundo son apenas la administración elegante de una injusticia que seguimos eligiendo no nombrar.