Las bancadas de oposición, encabezadas por el Partido Comunista y el Frente Amplio, rechazaron de plano el proyecto “Escuelas Protegidas” del gobierno de José Antonio Kast, al considerar que se trata de una batería de medidas punitivas y clasistas que no aborda las causas de la violencia escolar, sino que busca disciplinar, controlar y perseguir a los estudiantes de sectores populares, mientras los hijos de la burguesía siguen sin ser tocados.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. A tres semanas del debut del gobierno de José Antonio Kast, el primer gran enfrentamiento legislativo se perfila en el horizonte. El Ejecutivo ingresó esta semana a la Cámara de Diputados y Diputadas dos proyectos de ley orientados a reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales, en un contexto marcado por una seguidilla de episodios de violencia escolar que han conmocionado al país. El primero, denominado “Escuelas Protegidas”, contempla una serie de medidas preventivas; el segundo modifica el Código Penal para establecer agravantes para los delitos cometidos en recintos educacionales o en sus inmediaciones.
La reacción de la oposición de izquierda no se hizo esperar. Diputados del Partido Comunista (PC) y del Frente Amplio (FA) rechazaron de manera categórica la iniciativa, advirtiendo que bajo el manto de la “seguridad” se esconde una ofensiva represiva contra los sectores más vulnerables. Desde la bancada PC, el diputado Luis Cuello fue lapidario: “Esta propuesta sancionatoria, punitiva, que no resuelve nada, es profundamente discriminatoria y clasista, porque está dirigida contra aquellos estudiantes que no pueden pagar la universidad. En cambio, aquellos que sí pueden pagar sus estudios no están expuestos a ninguna consecuencia” . Su compañera de bancada, Lorena Pizarro, fue igualmente tajante: “La preocupación se resuelve por parte del Gobierno con medidas represivas que está demostrado nunca han resuelto nada; es cavernario. Nunca lo voy a apoyar” .
El verdadero rostro del proyecto: más control y menos derechos
La iniciativa “Escuelas Protegidas” incluye, entre otras medidas, la facultad para que los sostenedores implementen la revisión de mochilas, bolsos y pertenencias personales de los estudiantes, incluso con auxilio de Carabineros. También establece sanciones por la interrupción de clases, la obligación de que los reglamentos internos prohíban el uso de accesorios que impidan la identificación facial (como gorros, capuchas o pasamontañas), y otorga a los docentes la posibilidad de aplicar medidas “pedagógicas, correctivas y disciplinarias”. El proyecto más controvertido es el que condiciona el acceso a la gratuidad en la educación superior a no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.
Desde la izquierda se ha denunciado que esta última medida es un claro intento de desmantelar una de las pocas conquistas sociales de las últimas décadas. “En realidad, esto tiene que ver con una obsesión del gobierno por ir eliminando progresivamente esta conquista social que es la gratuidad en la educación superior”, sentenció Cuello. La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, fue igualmente crítica, señalando que las medidas del Ejecutivo son “insuficientes, muchas de ellas son simbólicas, algunas incluso ya se pueden hacer con las herramientas que tenemos, y no van al problema de fondo”.
La criminalización de la protesta estudiantil
Uno de los aspectos más cuestionados del proyecto es la sanción a la interrupción de clases. Según el análisis de La Izquierda Diario, esta medida se establece como una causal de afectación grave de la convivencia escolar, lo que actualmente conlleva la expulsión y la cancelación de matrícula. La norma, advierten, es “un directo ataque a la organización y manifestación estudiantil”, ya que criminaliza herramientas históricas del movimiento estudiantil como las tomas, los paros, los brazos caídos y las manifestaciones culturales. La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, también manifestó su preocupación por el “sesgo envuelto en el proyecto de ley que me preocupa brutalmente, porque es como los pobres están condenados a ser delincuentes”.
Mientras tanto, desde el Colegio de Profesores surgieron reparos adicionales, especialmente frente a la interrupción de clases, advirtiendo que el proyecto podría criminalizar protestas estudiantiles al no diferenciarlas adecuadamente de actos delictivos graves como el uso de artefactos incendiarios. La diputada Daniela Serrano (PC) acusó que el proyecto traslada la responsabilidad a los profesores sin incorporar nuevas herramientas ni financiamiento: “No hay mayor inversión pública para hacerse cargo del problema y, es más, están poniendo la responsabilidad en el cuerpo docente”.
El oficialismo aprieta las tuercas
En la vereda del frente, el oficialismo ha salido en defensa de la iniciativa. El diputado Ricardo Neumann (UDI) sostuvo que “es de sentido común que quienes han cometido actos violentos no accedan a beneficios financiados por todos los chilenos”. El diputado Diego Schalper (RN) expresó que apoyan la idea de “restablecer el orden en los colegios”, aunque advirtió que es necesario revisar el proyecto en detalle y que cualquier política de seguridad debe tener “perspectivas de reinserción y de rehabilitación”.
El gobierno ha ingresado los proyectos con suma urgencia, y el llamado del Ejecutivo a legislar con rapidez busca capitalizar el clima de conmoción generado por el crimen en Calama, donde un alumno dio muerte a una inspectora. El Presidente Kast ha afirmado que la violencia escolar “no la podemos tolerar ni menos normalizar”.
La función de clase del proyecto “Escuelas Protegidas”
Desde una perspectiva marxista, lo que está en juego no es la seguridad de los estudiantes, sino la lógica de clase que subyace a esta ofensiva legislativa. La derecha chilena, que ha basado su campaña electoral en la promesa de “mano dura” y “orden”, encuentra en la violencia escolar la excusa perfecta para instalar un dispositivo de control y disciplina que apunta directamente a los sectores populares. La revisión de mochilas, la prohibición de cubrir el rostro y la pérdida de la gratuidad para los condenados son medidas que afectan desproporcionadamente a los estudiantes de la educación pública, es decir, a los hijos de la clase trabajadora.
Mientras tanto, los estudiantes de colegios particulares pagados —los hijos de la burguesía— siguen sin ser alcanzados por estas medidas. La gratuidad, una conquista social arrancada al Estado después de décadas de lucha, se convierte en un arma de doble filo: un derecho que puede ser arrebatado en cualquier momento a quienes el sistema considera “indignos”. El diputado Cuello fue claro al señalar que el proyecto “está dirigida contra aquellos estudiantes que no pueden pagar la universidad”.
La diputada Lorena Pizarro fue contundente: “No se resuelven temas sociales” con medidas represivas. Y la diputada Emilia Schneider advirtió que “no se puede hacer políticas públicas solo en base a lo que es popular en un momento”. La clase trabajadora debe estar alerta: lo que está en juego no es solo la seguridad en los colegios, sino la posibilidad de que el derecho a la educación, conquistado con tanto esfuerzo, sea utilizado como un mecanismo de exclusión más al servicio del capital.