El Juzgado de Garantía de Los Lagos revocó este viernes el arresto domiciliario de Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, dos de los hijos de la dirigenta mapuche desaparecida Julia Chuñil, dejándolos sin medidas cautelares por considerarlos “encubridores” y no autores del parricidio que investiga la Fiscalía.
Por Equpo El Despertar
Máfil, Región de Los Ríos. A más de un año de la desaparición de Julia del Carmen Chuñil Catricura, presidenta de la comunidad mapuche Putreguel, la justicia chilena ha dictado una nueva página en este caso que conmocionó al país. La mujer de 73 años, defensora del bosque nativo en una zona de históricos conflictos por la usurpación de tierras ancestrales por parte de forestales, desapareció el 8 de noviembre de 2024. Durante meses, organizaciones sociales y ambientalistas señalaron un posible crimen político vinculado a su rol como activista. El entonces presidente Gabriel Boric incluso vinculó su desaparición con la defensa medioambiental.
Sin embargo, el rumbo de la investigación dio un giro radical en enero de 2026, cuando la Fiscalía formalizó cargos por parricidio contra tres de sus hijos: Javier, Jeannette y Pablo, junto a un exyerno. Este viernes, en una audiencia de revisión de medidas cautelares, el tribunal decidió mantener la prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, señalado como autor material del homicidio, quien habría asfixiado a su madre en el contexto de un intento de robo a un adulto mayor que residía en el mismo terreno.
La exención penal que no aplica para los pobres
La decisión más controversial recayó sobre Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil. El juez estimó que ambos habrían actuado como encubridores del delito de parricidio y no como autores, como sostenía la Fiscalía. Al tratarse de hermanos del autor del crimen, la legislación vigente los exime de responsabilidad penal por ese delito, lo que llevó a la revocación de su arresto domiciliario y su liberación.
La ley, en su aparente neutralidad, muestra aquí su función de clase. La exención de pena por parentesco es un privilegio que el sistema jurídico burgués otorga a determinados vínculos familiares, pero que no se aplica cuando el delito afecta los intereses del capital o del Estado. La misma lógica que libera a estos dos imputados es la que mantiene en prisión preventiva a centenares de jóvenes mapuche acusados por la Ley Antiterrorista, donde los lazos familiares no eximen de nada y la presunción de inocencia es una ficción.
La osamenta que no habla
En medio de la audiencia, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, informó un hallazgo que podría ser clave para determinar la verdad sobre el paradero del cuerpo de Julia Chuñil. El 16 de enero de 2026, a pocos metros de la vivienda de la víctima, se encontró una bolsa enterrada con más de 60 restos óseos. Según los primeros análisis científicos, uno de esos restos corresponde a origen humano, aunque se requieren nuevos peritajes para determinar su identidad.
Un informe genético del laboratorio Austral Omics de la Universidad Austral reveló “la presencia de ADN de humano en ocho (08) de las diez (10) muestras procesadas”, las que serán comparadas con el ADN de la dirigente mapuche. Mientras la ciencia forense avanza a paso lento, la justicia de clase se mueve con rapidez para cerrar el caso y absolver a los implicados que no representan una amenaza para el orden establecido.
El símbolo que el Estado quiere enterrar
Julia Chuñil no era una mujer cualquiera. Era la presidenta de la Comunidad Mapuche de Putreguel, constituida en 2010 en la comuna de Máfil, y una incansable defensora del bosque nativo en una zona donde las forestales han arrasado con ecosistemas ancestrales. Su desaparición se convirtió en un símbolo de la lucha por la tierra y el territorio en el Wallmapu. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluso emitió medidas cautelares a su favor, exigiendo al Estado chileno redoblar los esfuerzos para determinar su paradero y proteger a su familia.
Sin embargo, la hipótesis del crimen político que durante meses impulsaron sus propios hijos y organizaciones sociales se desvaneció ante la formalización de cargos por parricidio. La pregunta que flota en el aire es si el Estado chileno, históricamente negligente en la investigación de crímenes contra defensores de derechos humanos, no habrá utilizado la figura del parricidio como una salida fácil para cerrar un caso incómodo. La misma fiscalía que hoy acusa a los hijos de Julia Chuñil es la que durante décadas ha desestimado denuncias de violencia policial y allanamientos ilegales en comunidades mapuche.
El silencio de los imputados y la complicidad mediática
Durante la audiencia, los imputados guardaron silencio, mientras la fiscalía sostenía que la investigación tiene “un fuerte componente forense, porque el cuerpo de doña Julia del Carmen Chuñil Catricura aún no ha sido encontrado y porque los imputados han guardado silencio”. La prensa hegemónica, por su parte, ha replicado acríticamente la versión de la Fiscalía, presentando el caso como un parricidio “familiar” y enterrando la dimensión política de la lucha de Julia Chuñil. El mismo sistema mediático que hoy titula sobre “hermanos encubridores” es el que silencia las denuncias de comunidades mapuche sobre el avance de las forestales y la usurpación de sus territorios.
Desde una perspectiva marxista, este caso expone con crudeza las contradicciones del sistema judicial burgués. Por un lado, aplica con rigor la letra de la ley para eximir de responsabilidad a quienes no amenazan el orden establecido. Por otro, utiliza todo el peso del aparato represivo contra quienes cuestionan la propiedad privada y el extractivismo. La liberación de dos hijos de Julia Chuñil no es un acto de justicia, sino la confirmación de que la ley se aplica de manera desigual: blanda con los crímenes “familiares” que no interpelan al poder, feroz con las luchas territoriales que sí lo hacen.
El cuerpo de Julia Chuñil sigue sin aparecer. Las más de 60 osamentas encontradas en su terreno no han sido identificadas. Y mientras la justicia de clase dicta sentencia sobre sus hijos, la pregunta por la verdad material y por los responsables políticos de su desaparición sigue abierta. La clase trabajadora y el pueblo mapuche no pueden permitir que este caso se cierre con la letra chica de un código penal que protege a los poderosos mientras criminaliza a los que luchan. La lucha por justicia para Julia Chuñil es también la lucha por un sistema judicial que no sea un instrumento de dominación de clase.