Bajada: Mientras el gobierno de José Antonio Kast utiliza el primer informe del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) para justificar su agenda de ajuste, los datos revelan la dinámica de clase de un Estado que, tanto en la administración saliente como en la entrante, funciona como un botín para las élites políticas y económicas, mientras la clase trabajadora paga la factura con sus impuestos.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La maquinaria propagandística del gobierno de Kast se puso en marcha de inmediato. La subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, declaró con bombo y platillo que “este es un hecho inédito”, y que están “cumpliendo con el compromiso del Gobierno del Presidente Kast de avanzar con la mayor rigurosidad y asegurar el cuidado de los recursos públicos”. Sin embargo, el contenido del informe que ella misma presentó es mucho más revelador que cualquier discurso de “austeridad”.
El CAIGG detectó que, durante la administración de Gabriel Boric, se transfirieron más de 140 millones de dólares a entidades que tenían “menos de un año de antigüedad al momento de recibir los recursos”. Es decir, fondos públicos millonarios fueron a parar a manos de organizaciones recién creadas, sin un historial que acreditara su solvencia o su capacidad de gestión. Se trata de la misma lógica de siempre: el dinero del Estado, que debería financiar hospitales, escuelas y pensiones dignas, es desviado hacia una nebulosa de convenios donde la opacidad es la norma.
El informe también revela una práctica que las grandes corporaciones conocen bien: la “fragmentación de compras”. Más de 65.000 adquisiciones se realizaron bajo la modalidad de “Compra Ágil”, con un mismo proveedor contratado “dos o más veces durante el mismo día” para el mismo servicio. Esta técnica, utilizada para eludir los controles de licitación, permite a los grupos económicos cercanos al poder hacerse de jugosos contratos sin que medie la competencia. No es corrupción a la antigua, pero es una forma mucho más eficiente de transferir recursos públicos a intereses privados.
La “herencia” de Boric y la coartada de Kast
La auditoría detectó la incorporación de más de 2.500 funcionarios a las plantas de servicios en los últimos meses de 2025. El gobierno de Kast utiliza estas cifras para instalar la narrativa de que el Frente Amplio dejó un Estado “inflado” y “mal administrado”. Pero la crítica marxista debe ir más allá de esta disputa entre fracciones de la burguesía.
El problema de fondo no es que Boric haya contratado a 2.500 personas de más, sino que la clase trabajadora chilena, después de décadas de lucha, no ha logrado construir un Estado que funcione a su servicio. Los mismos mecanismos que permitieron estas contrataciones “de último minuto” son los que permiten que los convenios millonarios con entidades de papel sigan fluyendo. El escándalo no es que haya “gasto público”, sino que ese gasto beneficie sistemáticamente a una pequeña élite mientras las mayorías siguen esperando una atención digna en la salud y una pensión que les permita vivir.
La hipocresía de la “austeridad”
Mientras Castillo proclama que su gobierno “asegura el cuidado de los recursos públicos”, el propio Ejecutivo de Kast ha anunciado un recorte del 3% al presupuesto de Salud, que afectará la atención de millones de chilenos. La “austeridad” siempre se aplica a los mismos: a los trabajadores de la salud, a los profesores, a los pacientes. Nunca a los que reciben los 140 millones de dólares en convenios dudosos. Nunca a los proveedores que fragmentan sus facturas para evadir controles.
El informe del CAIGG es, en esencia, un acta de cómo funciona el capitalismo en Chile: el Estado como botín de las élites, los recursos públicos como moneda de cambio para financiar campañas y prebendas, y la clase trabajadora como la pagadora de cuentas ajena. La “revisión en profundidad” que promete la subsecretaria Castillo terminará, como siempre, en un archivo muerto o en unos pocos chivos expiatorios de bajo rango, mientras los grandes responsables siguen facturando.
La clase trabajadora chilena no debe dejarse engañar por la pantalla de humo de las “alertas de auditoría”. El gobierno de Kast no persigue la transparencia por un afán democratizador, sino para tener una coartada perfecta para su propio ajuste. Mientras tanto, el circo de la política sigue su curso: los mismos políticos que hoy se rasgan las vestiduras por 2.500 contrataciones son los que mañana firmarán nuevos convenios millonarios con las mismas entidades de dudosa procedencia. La única manera de romper este ciclo no es con auditorías, sino con la organización de los trabajadores para arrebatarle al Estado el control de la riqueza que ellos mismos producen.