El gobierno de José Antonio Kast presentó esta semana su Plan de Reconstrucción Nacional, un megapaquete de más de 40 medidas que, bajo el manto de la urgencia por los incendios, esconde una verdadera ofensiva de clase: rebaja de impuestos a las grandes empresas por miles de millones de dólares, flexibilización ambiental para acelerar proyectos extractivistas y, como contrapartida, un brutal ajuste fiscal que recorta la gratuidad universitaria y congela el ingreso de nuevas universidades al sistema. Mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defiende la necesidad de “ordenar las finanzas” y “recuperar la confianza inversionista”, los gremios de la salud advierten que el recorte del 3% al presupuesto del ministerio —parte del mismo ajuste— dejará sin atención a millones de chilenos. La clase trabajadora, una vez más, asiste a la consolidación del modelo que la oprime: las ganancias del capital se protegen con rebajas tributarias, mientras los derechos sociales se desmantelan bajo el discurso de la “responsabilidad fiscal”.
Por Equipo El despertar
Santiago de Chile. A casi un mes de la asunción de José Antonio Kast, el gobierno ha puesto sobre la mesa su primera gran apuesta legislativa. El miércoles 15 de abril, en cadena nacional, el Presidente anunciará formalmente el Plan de Reconstrucción Nacional, un proyecto de ley que ingresará al Congreso con más de 40 medidas concentradas en cinco ejes: reconstrucción física de zonas afectadas por incendios, reactivación económica, reconstrucción institucional, orden fiscal y seguridad. Sin embargo, bajo el paraguas de la emergencia, el Ejecutivo ha colado reformas estructurales que poco tienen que ver con la reconstrucción de viviendas en el Biobío y Ñuble.
El regalo millonario a las grandes empresas
En el eje de “reactivación económica”, el proyecto contempla un verdadero festín para los sectores más concentrados del capital: la reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%, la eliminación del impuesto a las ganancias de capital y la reintegración del sistema tributario. El diputado del Frente Amplio Jorge Brito fue lapidario: “Primera vez en la historia de este Congreso que se habla de un plan de reconstrucción, a raíz de una tragedia, bajándole el impuesto a las grandes empresas”. Y añadió: “Si fue el Presidente Piñera quien hizo un alza transitoria de impuestos para enfrentar la reconstrucción del terremoto y tsunami del 2010, fue la Presidenta Bachelet quien trajo distintos planes de reconstrucción que recaudaban más. Sin embargo, el ministro Quiroz quiere reconstruir recaudando menos”.
La rebaja del impuesto corporativo, que representa una pérdida de ingresos fiscales estimada en cerca de 4 mil millones de dólares anuales, es presentada por el gobierno como un incentivo para “reactivar la inversión privada” y “entregar mayor certeza tributaria”. El ministro Quiroz ha sido explícito: “El dinero no aparece de la nada. Se genera cuando hay trabajo, cuando hay inversión y cuando la economía crece”. Pero lo que el gobierno calla es que ese “dinero que no aparece de la nada” es el mismo que se dejará de recaudar para financiar salud, educación y vivienda, mientras los grupos económicos engordan sus arcas.
La flexibilización ambiental: un cheque en blanco al extractivismo
El proyecto también incluye reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para “mayor rapidez e imprevisibilidad reducida”, la agilización de concesiones marítimas y mecanismos de reembolso cuando el Estado anula resoluciones propias. En otras palabras: menos control, más permisos, más rápido. Es la carta blanca que las forestales, las mineras y las hidroeléctricas esperaban para acelerar sus proyectos sin la “molestia” de la participación ciudadana y la evaluación técnica rigurosa.
El ajuste que paga la clase trabajadora
La contracara del proyecto es el cuarto eje: “reconstrucción fiscal”. Allí, el gobierno propone una “contención del gasto mediante ajustes a la gratuidad universitaria: limitar gratuidad a estudiantes menores de 30 años y frenar extensión a nuevos deciles”, además de una moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema y el fortalecimiento de los mecanismos de cobro del CAE. El diputado Luis Cuello (PC) fue categórico al denunciar que esta medida “está dirigida contra aquellos estudiantes que no pueden pagar la universidad”, mientras “aquellos que sí pueden pagar sus estudios no están expuestos a ninguna consecuencia”.
El mismo ajuste del 3% al presupuesto del Ministerio de Salud, anunciado en paralelo, ha sido rechazado transversalmente por los gremios del sector. La Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros (FENASENF), FENPRUSS, FENATS Nacional y CONFEDEPRUS entregaron una carta al Presidente advirtiendo que el recorte “pone en riesgo la calidad, la continuidad y la seguridad de la atención” de un sistema que atiende a más del 80% de la población. El presidente de FENPRUSS, Rodrigo Rocha, criticó la coherencia del gobierno y alertó sobre el impacto en la red asistencial.
La “ley tutifruti” y la batalla política
La oposición ha calificado la iniciativa como una “ley tutifruti” que mezcla, en un solo texto, medidas de emergencia con reformas estructurales que nada tienen que ver con la contingencia. La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, afirmó que el proyecto “lleva de todo” y que sus ingredientes aún no están claros. Los diputados Luis Cuello y Daniela Serrano (PC), junto a Juan Santana (PS), ingresaron un requerimiento para que el proyecto sea derivado a más de una comisión, y no solo a la de Hacienda, como pretendía el gobierno. El objetivo es fragmentar la iniciativa para discutir por separado las medidas que realmente tienen urgencia de aquellas que responden a la agenda ideológica de la derecha.
El analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, advirtió que presentar un megaproyecto es “aplicar un todo o nada”, una estrategia “peligrosa en gobiernos que bajan su aprobación tan rápido”. “Un proyecto de reconstrucción que cubra múltiples temas puede terminar siendo un contrasentido. Más que encontrar una solución rápida se puede transformar en una discusión eterna sobre cada uno de los puntos y terminar congelando la agenda legislativa de Kast”.
El discurso de la “emergencia” como coartada
La lógica de clase que subyace al Plan de Reconstrucción Nacional es la misma que ha guiado a la derecha chilena desde la dictadura: aprovechar las catástrofes para imponer su agenda. Los incendios que arrasaron el Biobío y Ñuble, una tragedia que dejó miles de damnificados, son utilizados como un caballo de Troya para introducir rebajas tributarias y flexibilización ambiental que nada tienen que ver con la reconstrucción de viviendas. La “emergencia” se convierte así en la coartada perfecta para consolidar un modelo que concentra la riqueza en los sectores más poderosos mientras desmantela los pocos derechos sociales conquistados por la clase trabajadora.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), ha defendido la iniciativa argumentando que es “importante apoyar la forma en que el Gobierno termina ingresando el proyecto”. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha advertido que si el Congreso no aprueba la ley, “sería bueno que lo explicaran a la ciudadanía y que nos digan cómo lo vamos a hacer, porque yo no tengo de dónde sacar la plata”. La amenaza es clara: o se acepta el paquete completo, o los damnificados se quedarán sin casas. Es el chantaje de siempre: la vida de los pobres como moneda de cambio para aprobar las políticas de los ricos.
Mientras tanto, los gremios de la salud han anunciado movilizaciones para frenar el recorte presupuestario. Los estudiantes se preparan para defender la gratuidad. Y la clase trabajadora comienza a organizarse frente a la ofensiva más brutal del nuevo gobierno. El Plan de Reconstrucción Nacional no es un plan para reconstruir Chile; es un plan para reconstruir las ganancias del capital a costa del sacrificio de las mayorías. La batalla recién comienza.