Desde el oficialismo, se valoró la aprobación de la condonación como un paso histórico para cerrar un ciclo de endeudamiento masivo que marcó a generaciones de estudiantes, aunque advirtieron que el rechazo a reformar la gratuidad mantiene barreras que impiden el acceso pleno a la educación superior para los sectores más vulnerables.
Por Equipo El Despertar
En una sesión marcada por el debate presupuestario y las diferencias ideológicas, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó este jueves la condonación de la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE), mientras rechazó la propuesta del Ejecutivo de modificar los parámetros de la gratuidad en la educación superior.
El proyecto forma parte del Fondo de Educación Superior (FES), una iniciativa que busca reestructurar el financiamiento estudiantil, condonar de manera gradual la deuda del CAE y avanzar hacia un sistema más equitativo de acceso a la educación. Sin embargo, la comisión optó por mantener el actual marco de gratuidad, sin ampliar su cobertura ni modificar requisitos.
Desde el oficialismo, se valoró la aprobación de la condonación como un paso histórico para cerrar un ciclo de endeudamiento masivo que marcó a generaciones de estudiantes, aunque advirtieron que el rechazo a reformar la gratuidad mantiene barreras que impiden el acceso pleno a la educación superior para los sectores más vulnerables.
En contraste, sectores de oposición de derecha, representados en la carrera presidencial por Matthei, Kast, Kayser y Parissi, acusaron que la condonación es una medida “irresponsable” desde el punto de vista fiscal y que beneficiará a personas con capacidad de pago, insistiendo en que el esfuerzo presupuestario debería enfocarse en becas y fortalecimiento de la educación técnica.
Organizaciones estudiantiles y deudores del CAE celebraron el avance, pero señalaron que la gratuidad incompleta perpetúa la lógica del endeudamiento para quienes no cumplen los requisitos actuales, lo que se transforma en una mochila insalvable para los sectores populares, y que el Estado debe asumir la educación como un derecho universal, no condicionado a indicadores socioeconómicos restrictivos.